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Politica

Elisa Carrió salió a cenar, mejoró su propina y les mandó un mensaje a los radicales que a esa hora comían con Macri en Olivos

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Ocurrió una llamativa coincidencia el martes por la noche. Mientras Mauricio Macri recibía a la cúpula radical en Olivos para calmar los ánimos luego de las recientes declaraciones de Elisa Carrió, la cofundadora de Cambiemos salió a cenar para reivindicarse con el mozo al cuál le había dejado apenas cinco pesos de propina.

“Que chistoso este bife de chorizo”, tuiteó Carrió. Junto a su enigmático mensaje se encargó de arrobar al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri. Justamente dos de los comensales de la cena de Olivos.

Hace algunos días, la diputada nacional había recomendado a la clase media y a los más pudientes no dejar de dar propinas: “Dos o tres millones de personas viven de esa changa, no hay que cortar ese círculo”, indicó.

La polémica se tornó todavía más grande cuando se supo que la dirigente le había entregado solo cinco pesos de propina a un mozo de La Plata. Tras la recomendación en televisión, el empleado salió a recordar lo sucedido en aquella ocasión: “No se comportó muy bien. Por lo menos acá se deja 10% de propina. Ella hizo un buen gasto y me dejó $5. Me sentía bastante indignado en ese momento”.

Este martes por la noche, Carrió se reencontró con el mozo y se mostró dejando una nueva propina, esta vez de un mejor valor: cien pesos.

“Me reivindico con la propina de La Plata”, escribió la legisladora en sus redes sociales, junto a una foto que mostraba el billete que recibió el empleado del restaurante.

El momento elegido para intentar dejar atrás las reacciones negativas en torno a las propinas no fue casual, ni tampoco los destinatarios de sus tuits. Es que Carrió venía generando un desgaste entre el radicalismo y la Casa Rosada.

“Los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. (Risas) ¿No es así Benedetti? Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que los maneja desde afuera. Es divino. No saben, es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, había dicho la diputada.

Naturalmente, sus palabras no cayeron nada bien en el radicalismo, por lo que el partido centenarió emitió un duro comunicado para responderle a la dirigente: “Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja”.

En este marco, el presidente reunió a la cúpula de los radicales para, entre otras cuestiones, dejar atrás los entredichos. Pero Carrió no pudo evitar hacer su aparición en simultáneo.

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Politica

Aborto: fuerte cruce entre senadores peronistas

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El debate por la legalización del aborto en el Senado comenzó este miércoles a exponer grietas en los distintos bloques y en el caso de los justicialistas de Argentina Federal, tuvo por protagonistas a Miguel Pichetto y José Mayans.

“En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, cruzó el presidente del bloque justicialista a la médica ginecóloga María de los Ángeles Carmona, del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.

La facultativa señaló, sobre la objeción de conciencia establecida en el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de cárcel”.

El cruce se dio cuando Pichetto, abanderado de los senadores que están a favor del proyecto votado por Diputados, visiblemente molesto rechazó los argumentos de la médica, señalando que a su juicio, hay “dramatización” por parte de los profesionales de la salud en ese punto.

Reconoció que si bien se trata de un tema que merece un análisis más profundo, actualmente los médicos “muchas veces, con este argumento, dejan en indefensión a chicas víctimas de violación”. Reclamó entonces un mayor compromiso del Estado para “tener una mirada más amplia y humana”.

Sentado a su lado, Mayans manifestó que disentía con los dichos del presidente de su bloque. “Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, el sector público y el sector privado. No es que sale una ley para el sector público o para el sector privado”, replicó el formoseño.

Pero fue más allá el senador peronista, al señalar que “acá somos más benignos con delincuentes y criminales a los que les damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente se los mata”.

“Yo sostengo que el Estado no puede obligar a matar a nadie”, enfatizó, y sostuvo que en la Cámara Baja la media sanción “salió con votos a favor forzados”, recordando así los cambios que se dieron en la madrugada del 14 de junio, cuando legisladores peronistas de La Pampa anunciaron que votarían a favor del proyecto.

El debate

En la segunda reunión informativa de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales realizada en el Salón Illia del Palacio Legislativo, abundaron exposiciones de médicos y abogados, quienes alternativamente se pronunciaron a favor y en contra de la legalización del aborto.

La médica Natalia Gherardi expresó su apoyo al proyecto y sobre el debate acerca de cuándo es el comienzo de la vida, dijo que eso “ya se discutió” cuando en 1921 el Congreso decidió que “las mujeres no podíamos ser obligadas a poner en riesgo nuestra vida para llevar adelante un embarazo ni a continuar un embarazo producto de una violación, negando nuestra autonomía y nuestra dignidad”.

Por su parte, el abogado Andrés Gil Domínguez opinó que la iniciativa no viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos del Niño, manifestándose a favor de su sanción.

Desde el gremio de los médicos, Carlos Wechsler dijo que en el territorio bonaerense “no están dadas las condiciones” sanitarias para la práctica del aborto y formuló un pedido a los senadores: “Cuando se plantean las leyes, hay que saber si se pueden aplicar”.

También expuso el abogado Alberto García Lema, quien fue constituyente en la reforma de 1994. Explicó que “la incorporación de los tratados internacionales debe estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución”.

Abstención de Crexell

Mientras se desarrollaba el debate en comisiones, se conoció que la senadora neuquina Lucila Crexell se abstendrá en la votación del proyecto, prevista para el 8 de agosto.

Al argumentar que no la convencen los argumentos a favor y en contra, la senadora del Movimiento Popular Neuquino (MPN) adelantó su abstención. “Estoy en contra del aborto, pero también hay una realidad que no se puede ocultar. No me convence ninguna de las dos posturas, ni el rechazo ni tampoco considerar que el aborto sea un derecho subjetivo de la mujer, por eso mi decisión es la abstención”.

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Politica

Mediante un decreto, el Gobierno modificó los contratos con las universidades

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La decisión se incluye en el decreto 632/2018, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del martes 10 de julio. En su artículo 3º, se indica que “los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas quedarán sin efecto a partir del 1º de enero de 2019“, al tiempo que añade que no se realizarán nuevos contratos bajo esta modalidad.

En la actualidad se mantienen vigentes alrededor de 60 convenios de asistencia técnica en los cuales trabajan 5800 personas que fueron contratadas para los mismos. Según aseguraron desde el Gobierno al diario La Nación, “la mayoría va a quedar en la función pública, pero con otra modalidad de contratación, más estable, y cada área determinará si corresponde o no sostener ese puesto”.

Desde el primer día de 2019, las universidades deberán limitarse entonces a brindar servicios de “consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación“, y sus contrataciones sólo podrán realizarse desde la plataforma Compr.ar, presentada por el Ministerio de Modernización, donde se espera que haya mayor oferta y por lo tanto se obtengan precios considerables.

Entre los convenios que fueron noticia y que ingresan dentro de las categorías que desde el año próximo estarán prohibidos se encuentran por ejemplo el de la usina de carbón de Río Turbio que terminó con el exministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido en la cárcel (dicho proyecto se financió mediante un acuerdo con la UTN y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz), o el financiamiento para la producción de las novelas de Andrea Del Boca, los cuales se realizaron mediante la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

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Internacional

YPF: la Justicia de EE.UU. falló contra un pedido de la Argentina

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Como una pesadilla recurrente, la Justicia de los Estados Unidos volvió ayer a darles la razón a los fondos buitre en un reclamo astronómico contra la Argentina. La Corte del Distrito Sur de Nueva York consideró que el juicio por unos 3000 millones de dólares que inició el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner debe seguir adelante en Estados Unidos, y rechazó el pedido argentino de trasladar la controversia a los tribunales de Buenos Aires.

La decisión reforzó la postura de los fondos y cayó como un balde de agua fría en el Gobierno. La condena todavía es lejana, y en la Casa Rosada ayer se consolidaba la decisión de apelar ante la Corte Suprema norteamericana, según adelantaron fuentes oficiales. En paralelo, YPF envió un comunicado a la Bolsa de Comercio para anticipar sus consecuencias: “La Corte de Apelaciones no se expidió respecto del reclamo de fondo efectuado contra YPF en los autos de la referencia. La sociedad se encuentra analizando la decisión adoptada por la referida Corte de Apelaciones e interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable”.

En 2015, Burford Capital se quedó con las acciones del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, e inició una demanda en el juzgado que supo ocupar el inmemorial Thomas Griesa.

El fondo acusa al gobierno de la Argentina de violar las leyes de los Estados Unidos, al estatizar YPF sin presentar una oferta pública (OPA) para la compra de las acciones que estaban en manos de los Eskenazi. En 2012, la expropiación solo avanzó sobre las acciones que tenía la española Repsol. En el juicio que ahora lleva adelante la jueza Loretta Preska, el Estado argentino argumentó que la estatización era una facultad soberana que no estaba subordinada a las leyes de los Estados Unidos. Las leyes norteamericanas contemplan los alcances de esta inmunidad a través de la ley Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).

La disputa dio lugar a una controversia por la jurisdicción: ¿debía continuar en Nueva York o en Buenos Aires? En un fallo dividido, la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dio la razón a Burford Capital y ahogó las celebraciones en la Argentina. “Por las razones anteriores, afirmamos que la decisión de este tribunal de distrito sostiene que la Argentina e YPF no son inmunes a la demanda bajo la ley FSIA y se decide desestimar la apelación”, expresaron los jueces Guido Calabresi y Denny Chin. El tercero, Ralph Winter, votó en disidencia, según el fallo.

“El proceso esta´ en un estadio inicial; llegado el caso de una decisión adversa final, el reclamo se dirimirá´ en un juicio ordinario, sujeto a una amplia discusión y con todos los hitos de apelacio´n pertinentes”, advertían ayer en la Casa Rosada. La premisa parece ser ganar tiempo.

Pero el fallo de la Corte de Nueva York ya tiene efectos inmediatos. Además de Burford Capital, el fondo Eton también demandó a la Argentina ante el juzgado de Preska porque tenía acciones de YPF al momento de la estatización. Su proceso estaba frenado hasta tanto se resolviera si el juicio continuaba en Nueva York o en Buenos Aires. Ahora retomará su marcha amenazante. A su vez, Burford ya ganó millones sin condena. “Compró el 70% de las empresas del Grupo Petersen por 17 millones de dólares y vendió el 25% por 106 millones de dólares en mercados secundarios”, explicó a LA NACION Sebastián Maril, de Research for Traders. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes están detrás de los fondos que le están comprando a Burford los pedazos del juicio contra la Argentina.

En las reuniones que atraviesan a los abogados de la Argentina se evaluó desplegar una estrategia más agresiva si las apelaciones fracasan. La Procuración del Tesoro podría requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres. Es una historia repleta de puntos oscuros.

La familia Eskenazi, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. “El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior”, señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.

Pero en los papeles, la demanda fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. La red financiera que permitió la compra incluyó una red de bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio la propia YPF.

Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos US$5000 millones, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ir a la quiebra, con el argumento de que no podía cubrir las deudas, entre otras, con la propia Repsol. Así apareció el fondo Burford para comprar el derecho a litigar. Hace 10 años, las legisladoras Elisa Carrió y Paula Oliveto denunciaron la maniobra ante el juez Ariel Lijo. “Dijimos que las consecuencias iban a ser terribles”, recordó ayer Oliveto. Aquí, la causa no avanzó.

La demanda

El fondo Burford Capital compró la mayoría accionaria de las empresas de energía del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi

Los argumentos

Los demandantes dicen que el Estado debió hacer una oferta por las acciones de Eskenazi cuando se estatizó

3000 millones de dólares

Es la estimación de la demanda que reclama el fondo Burford Capital por la porción accionaria de la estatización de YPF

5000 millones de dólares

Es el monto que el Estado argentino pagó a la española Repsol como consecuencia de la estatización de la compañía petrolera. El grupo Eskenazi tenía deudas con Repsol y sus acciones terminaron en manos de un fondo buitre

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