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Politica

La denuncia sobre aportes “truchos” de campaña se llevó puesta a la Contadora de Vidal

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Las denuncias por presuntos aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos del año pasado, tuvieron una primera derivación política fuerte. La gobernadora María Eugenia Vidal decidió ayer echar a la Contadora de la Provincia, a raíz de su rol como tesorera del PRO bonaerense y, en consecuencia, una de las principales responsables en el manejo de fondos de la alianza gobernante.

La medida terminó eyectando del cargo a María Fernanda Inza, una dirigente de extrema confianza de Vidal que hace apenas unos días había asumido en la Contaduría y que se venía desempeñando en la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.

“Le he pedido la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del gobierno de la Provincia. Formó parte del equipo de rendición de campaña. Hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento que certifique el involucramiento en este caso. Pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todo lo mismo”, sostuvo Vidal al anunciar su decisión.

Una investigación periodística reveló que alrededor de 500 personas que viven en asentamientos y son beneficiarios de la Asignación por Hijo y alrededor de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes en efectivo para la campaña de Cambiemos.

Con el correr de los días se supo que otros dirigentes que figuraban como aportantes no habían contribuido a la campaña. Uno de ellos es el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. También, concejales oficialistas de diversos distritos bonaerenses.

El informe periodístico dio lugar a tres denuncias. Una de ellas fue promovida por la senadora kirchnerista Teresa García por “presuntos aportes fraudulentos” en el juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

En tanto, a partir de una presentación de Gustavo Vera, un dirigente cercano al Papa Francisco, el juez federal porteño Sebastián Casanello analiza si existieron los presuntos delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero. También, la fiscalía electoral de Jorge Di Lello investiga posibles violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Anoche, en tanto, se conoció una cuarta denuncia penal contra Vidal, funcionarios de su gabinete y dirigentes del PRO promovida por diputados bonaerenses del kirchnerismo.

“Cuando la gente votó Cambiemos en 2015, no votó solamente un cambio de espacio político, de políticas concretas o de género. Votó un cambio de valores. Y en ese cambio de valores es que le pedí la renuncia (a Inza) hasta que esto se aclare en la Justicia”, señaló Vidal en la Gobernación en el marco de una serie de anuncios vinculados al refuerzo a la ayuda social.

En ese marco, Vidal anticipó que el Gobierno nacional presentará una ley de financiamiento político porque “todos los partidos han tenido dificultades en distintas campañas” y que apunta a “la bancarización de los aportes para que no queden dudas de quién los hace”.

“Espero que la ley se apruebe en el Congreso. Pero si aun no se aprobara, mi compromiso es que si el año que viene soy candidata en la provincia de Buenos Aires, mis aportes van a estar todos bancarizados, aunque la ley no lo exija. Espero que todos los candidatos tomen la misma decisión”, desafió.

Inza está mencionada en las denuncias que se investigan en la justicia federal. La profundidad del impacto político del caso está graficada en que la ahora ex funcionaria duró apenas unos días en el cargo, ya que había asumido el viernes. Por el momento quedará al frente de la Contaduría su segundo, Carlos Vittor (ver aparte).

“Doy la cara como lo he hecho siempre”, dijo Vidal. “Mi conducta ha estado basada a lo largo de mi vida en la honestidad y ante estas denuncias sobre aportes falsos en la campaña tomé tres decisiones muy concretas. La primera es ordenar una auditoría sobre la rendición de fondos”, dijo Vidal. Luego, anunció el desplazamiento de Inza y la idea de bancarizar los aportes de campaña.

De acuerdo a la investigación periodística, en las listas de aportantes de Cambiemos figuraban cientos de personas que reciben planes sociales o que están por debajo de la línea de pobreza y aparecen financiando la campaña oficialista con donaciones por montos de entre 300 y 1500 pesos. El dato central es que, de acuerdo a las denuncias, se trata de gente que no aportó y no tenía relación con Cambiemos.

Luego se conoció que dirigentes del oficialismo figuraban como aportantes pero, afirmaron, nunca contribuyeron con recursos para financiar la campaña electoral del oficialismo que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.

También se refirió al tema el presidente Mauricio Macri. Resaltó que la gobernadora Vidal pidió “una auditoría” para determinar las responsabilidades y pidió tener “paciencia” para esperar los resultados.

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Politica

La Argentina reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

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En coordinación con los países que integran el Grupo de Lima, la República Argentina reconoció formalmente a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela. La decisión fue adoptada por el presidente Mauricio Macri y fue comunicada oficialmente esta tarde a través de un comunicado de la Cancillería.

En la misiva, la cartera que conduce Jorge Faurie sostuvo que “el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó, asumió las funciones de Presidente Encargado de Venezuela, de conformidad con la Constitución venezolana”. En ese sentido, el comunicado agregó que “el Gobierno de la República Argentina reconoce al Diputado Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela”.

“La Argentina continuará apoyando para el reestablecimiento de la democracia, el pleno respeto de los derechos humanos en ese país hermano y la recuperación de las condiciones de vida dignas para el pueblo venezolano”, concluyó Cancillería.

Por su parte, el Presidente sostuvo a través de tres tuits: “Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país”.

En medio de una masiva marcha opositora en Caracas, el líder de la Asamblea Nacional asumió como presidente del país caribeño invocando la Constitución. “Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos 233 de la Constitución, ante Dios todo poderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela”, aseguró Guaidó, de 35 años, ante miles de personas en Caracas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros líderes mundiales en reconocer al nuevo mandatario venezolano. A través de un comunicado de la Casa Blanca, planteó además que el pueblo venezolano se expresó “contra Maduro y su régimen y demandó libertad y vigencia de la ley”.

El presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. se expresó en el mismo sentido.

Con la declaración que se formalizará en las próximas horas, el gobierno argentino se imagina un escenario de conflicto con Nicolás Maduro, el líder chavista que se mantiene ilegítimamente en el poder. Por lo pronto, Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Argentina en Caracas, regresó esta semana a Buenos Aires a la espera de instrucciones desde la Casa Rosada.

Además de la Argentina, integran el Grupo de Lima Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, cuyos presidentes se reunieron en agosto de 2017 para crear una comisión de seguimiento de la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Se espera que el mexicano Andrés Manuel López Obrador será el único que se diferenciará del resto del grupo. El otro país de la región que no reconocería a Guaidó es Uruguay, cuyo líder Tabaré Vázquez considera que no hay que involucrarse en las cuestiones internas de Venezuela.

Recientemente, durante la visita de Macri a Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro, ambos líderes condenaron a Maduro: “Es un dictador que busca perpetuarse en el poder”.

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Internacional

Tensión en Venezuela: la oposición sale a la calle masivamente contra el nuevo mandato de Nicolás Maduro

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El 23 de enero es un día clave para los venezolanos. La oposición espera que millones de personas salgan a las calles del país, pero también del mundo, para manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro, que asumió su segundo mandato el 10 de enero en medio de un gran repudio internacional por la ilegitimidad de su elección.

Liderados por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y militante del partido político de Leopoldo López, Voluntad Popular, los opositores esperan tomar pacíficamente el país. Además, apuesta a que los millones y millones de venezolanos que dejaron el país espantados por la brutal crisis económica y la persecución política, hagan lo mismo en el exterior. Así, habrá marchas en Miami, Madrid, Berlín, Buenos Aires, Lima, Santiago de chile, Bogotá, Ciudad de México, entre otras decenas de ciudades.

Protesta de Venezolanos en Buenos Aires, el 10 de enero pasado (Nicolas Stulberg)

El contexto es de alta tensión porque además de la movilización opositora, habrá una del régimen chavista que llamó a concentrarse para “defender la revolución”. “Yo se que les van a dar la lata, pero después nos vemos en las calles de Venezuela”, dijo Guaidó frente al Parlamento el lunes.

“Dar la lata” no es otra cosa que el aparato chavista en acción: movilizar gente a fuerza de amenaza de recortar planes sociales, subvenciones o recorte de empleo público. Es tan grande el entramado burocrático que desplegó el chavismo en los últimos 20 años que no hay un solo venezolano que no dependa -él mismo o algún familiar- del régimen: empleados públicos, pensionados, estudiantes, bolsas de comida, etc.

¿Cómo combatir ese aparato? La oposición ensaya una nueva respuesta. En los últimos años la unidad que los llevó a ganar la mayoría parlamentaria se desdibujó. Muchos emigraron y los que quedaron tomaron diferentes caminos, entre los que apostaron a diálogos que siempre fracasaron y los que fueron más intransigentes. Claro, que todos sufrieron y sufren persecuciones. Esta vez, parecen estar unidos. Y los que no comulgan, por lo menos no lo expresan públicamente.

La estrategia es lo que Guaidó llama “la ruta” y tiene tres etapas: “cese de usurpación, transición y elecciones libres”. El contexto, por primera vez, los encuentra cobijados internacionalmente. Ni el Grupo de Lima, ni la OEA, ni la UE, ni EEUU reconocieron el segundo mandato de Nicolás Maduro. Y la mayoría de estos países ya contactó a Guaidó para dejar en claro que la única autoridad legítima de Venezuela es la Asamblea Nacional.

“La ruta” es complicada. El régimen encuentra la manera de bloquear la difusión de la oposición en las redes sociales así que la estrategia incluye la comunicación directa. Así, proliferaron los cabildos abiertos donde los dirigentes hablan directamente con los ciudadanos y los mensajes ya no circulan por Twitter o Instagram, sino que se comparten en el boca en boca moderno, el whatsapp.

Nicolás Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento, como lo dicta la Constitución

En paralelo, el Parlamento declaró “usurpador” a Nicolás Maduro, acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno chavista disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la “reinserción” de los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional.

El mensaje comenzó a calar. La situación estalló el lunes luego de que, en medio de intensos llamados de la oposición a la Fuerza Armada para que rompa con Maduro, 27 militares robaron armas de un cuartel y se atrincheraron en un destacamento en Cotiza (norte de Caracas), donde fueron detenidos.

El alzamiento, según la oposición, demuestra que los militares son venezolanos comunes, que sufren todas las penurias que sufre el resto y que tampoco quieren a Maduro. “No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, que dispares. Todo lo contrario, te estamos pidiendo que defiendas junto a nosotros el derecho del pueblo a ser libre”, dijo Guaidó en un mensaje a los militares, difundido la noche del lunes.

Nicolás Maduro

Para la experta en temas militares Sebastiana Barráez, la amnistía -que también favorecería a funcionarios civiles- “puso en alerta al poder establecido. Le abre una puerta a aquellos militares que están hastiados de lo que sucede al interior de la FANB”, dijo.

La FANB, que se dice chavista y antiimperialisa, asegura que está unida. Pero según la ONG Control Ciudadano, unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, unos 10.000 militares pidieron la baja desde 2015 y más de 4.000 desertaron de la Guardia Nacional en 2018.

Un grupo de personas manifiestan en una calle en las inmediaciones del comando de la Guardia Nacional Bolivariana  donde un grupo de militares que se había alzado contra el régimen (EFE)

El Tribunal Supremo de Justicia, otra de las piezas determinantes de drama venezolano, ratificó su alineación chavista y declaró nula la nueva cúpula de la Asamblea Nacional y por lo tanto también cualquier norma que haya emanado de ella. Por lo tanto, para el régimen Juan Guaidó está en desacato y la amnistía no tiene validez. La decisión suma tensión, porque aumenta el riesgo de que los líderes opositores terminen presos, o peor…

La jornada del 23 de enero, en definitiva, será el primer gran pulso en las calles tras las brutalmente reprimidas protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017, en medio de la peor crisis en la historia moderna del país petrolero, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta 10.000.000% para 2019.

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Nacional

La política, en medio de cortinas de humo

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Siempre el amanecer de un año electoral suele estar cargado de incertidumbres antes que de certezas. El fenómeno pareciera agudizarse en la Argentina por dos razones. Existe una notable fragmentación política. Todas las decisiones sobre alianzas o candidaturas están atadas a la precarísima situación económica, sobre cuya evolución no hay ningún diagnóstico en el cual pueda confiarse.

Esa realidad condiciona al Gobierno y a Cambiemos, la coalición que lo sostiene. También a la principal oposición (peronista y kirchnerista) que intenta adivinar los movimientos de su adversario para comenzar a acomodar sus propias piezas.

El macrismo se ocupó de levantar enormes cortinas de humo no bien quedó superado el primer mes estival. Se habían anticipado para el lunes, coincidentes con el regreso de Mauricio Macri a la Casa Rosada, dos cónclaves para empezar a delinear al camino hacia agosto (las PASO) y octubre. El regreso de la llamada mesa chica que viene emergiendo con interrupciones y alternancias. Siempre compuesta por el Presidente y Marcos Peña. También el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Desde septiembre pasado con el retorno del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Frecuentemente, además, los radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo. Para el mediodía del mismo lunes se había anunciado una cumbre de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, también Peña, y su par de Buenos Aires, Federico Salvai. Ambos encuentros resultaron suspendidos.

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Sobre el segundo había caído un aluvión de expectativas. Existió el trascendido intenso acerca de que comenzaría a analizarse la posibilidad del desdoblamiento electoral en Buenos Aires. A Macri no le pareció prudente. A la gobernadora tampoco, dado que no se observan condiciones objetivas para adoptar una estrategia definitiva. El Gobierno tiene en campo, en esta instancia, dos encuestas que apuntan a conocer cómo está la valoración social del Presidente. Había repuntado suavemente en diciembre. Pero la volatilidad del humor colectivo resulta grande. Enero ha estado marcado por dos asuntos: la agenda sobre inseguridad y lucha contra el narcotráfico que el Gobierno instaló con habilidad. Es la segunda preocupación general después de la crisis económica, frente a la cual el kirchnerismo, sobre todo, carece de respuestas. Pero también cobró notoriedad pública el anuncio de los tarifazos que el oficialismo realizó a fin de año y se acumularán durante el primer cuatrimestre. El transporte, en ejecución, la luz y el gas. El efecto del pago de las facturas con aumentos sensibles empezará a percibirse en marzo. Una cosa serían las protestas acerca de lo que puede venir; otra muy distinta, el momento en que los ciudadanos deban meter sus manos en los bolsillos.

De allí que el valor de las encuestas, aún las que están en marcha, puede ser muy relativa para definir un plan electoral. Tal argumento apuntala la inclinación de Vidal por no apresurarse. Mucho más, si se tiene en cuenta su convicción original: no cree en alquimias circunstanciales (el desdoblamiento) si no existe un repunte sólido en las percepciones sociales. La estabilidad financiera del verano ayuda. Pero haría falta un horizonte de la economía real algo más despejado.

Vidal conoce muy bien lo que piensa Macri. Fue aquello que desgranó delante de los mandatarios radicales de Cambiemos cuando semanas atrás los recibió en Villa La Angostura. Allí estuvieron Gerardo Morales, de Jujuy, el mendocino Cornejo y Rodríguez Larreta. El Presidente solicitó que todo el armado electoral esté en función de su proyecto reeleccionista. Que se eviten, en lo posible, los desdoblamientos. Hubo coincidencia. Aunque fue la del momento. El jefe porteño nunca pensó en separar la votación en la Ciudad de la Nación.

La situación de los radicales tiene matices. No es lo mismo Jujuy que Mendoza. Porque en la provincia del extremo norte el liderazgo de Morales es indiscutido. Y su popularidad crece a medida que progresan los juicios contra Milagro Sala. La ex líder de la Tupac Amarú fue absuelta en diciembre en dos causas. Pero recibió una condena de 13 años de prisión como jefa de una asociación ilícita que manipuló fondos millonarios para la construcción de viviendas sociales de las cuales jamás se colocó un ladrillo. Cornejo, que es el mandamás de la UCR, no tiene reelección en su territorio. Su sucesión está envuelta en un enredo. La valoración de Macri en Cuyo es, por otra parte, bien pobre.

Cornejo posee sus delfines. El ministro Martín Kerchner (apenas una letra de diferencia con el ex presidente) y el intendente de la ciudad capital, Rodolfo Suárez. Pero sin internas los radicales acostumbran a perder el nervio. Allí está el desafío de Julio Cobos y del economista Enrique Vaquié. La ficha inesperada del tablero es Omar Bruno De Marchi. Intendente de Luján de Cuyo. Delegado macrista que también aspira a pelear por el trono.

Cornejo le hizo una observación a Macri sobre esa presencia inconveniente. Como no rescató ningún guiño favorable actuó sin dilaciones. Junto a las autoridades del PRO y de la Coalición resolvió mediante un documento que, en caso de desdoblamiento, quien sea candidato a gobernador no podrá serlo luego a diputado en las nacionales. Todo o nada para De Marchi.

El Gobierno, pese a su discurso, no vería mal un adelantamiento en Jujuy. Por tres motivos. Podría exhibir una victoria en medio de un calendario de anticipos que, a priori, benefician a la oposición. La figura de Morales igual incidiría en la votación presidencial. Su compañero de fórmula es Carlos Haquim. Alineado con Sergio Massa. Si no hubiera desdoblamiento ese tándem correría riesgo de astillarse. En especial, si el ex intendente de Tigre cumple con su última palabra habitualmente zigzagueante: afirmó el fin de semana que será candidato a presidente. Sin alianza con Cristina Fernández. O con el kirchnerismo.

A ese montón de definiciones en Cambiemos, como le acontece al frente opositor, le resta bastante tiempo de maduración. En ese interín, el Presidente hurga en su laboratorio para no resignar la iniciativa política. El martes publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia para colocar en vigencia el “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio”. Traducido: un mecanismo mediante el cual se pretenden recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico. El proyecto tiene estado parlamentario. Pero circula estéril, con una versión tutelada por el PJ, entre el Senado y Diputados.

La determinación produjo el previsible cuestionamiento de la oposición. También, la objeción de conocidos juristas que apuntan que la ambición del decomiso de bienes sin sentencia –amén de crearle un problema futuro al Estado– podría ser declarado inconstitucional. Frigerio desechó tales críticas. Pero aclaró que si se alcanza consenso el proyecto podría ser finalmente enviado al Congreso. Quizás, otra nubecita de humo.

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