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Luego de la aprobación de la “ley Justina”, cómo cambiará el panorama de la donación de órganos en la Argentina

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La donación de órganos, que en la Argentina siempre ocupa las portadas de los diarios por causas poco felices, esta vez fue noticia por un motivo más que afortunado: la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a un proyecto que tomó el nombre de “ley Justina”, en honor a la niña que a fines del año pasado perdió la vida a la espera de un trasplante de corazón.

#LaCampañadeJustina y su hashtag #MultiplicateX7 (apoyado sobre la base de que un solo donante podría salvar siete vidas) impulsada por la propia niña con el apoyo de sus padres, hicieron la tasa de donantes por millón de habitantes en la Argentina, que era de 9.23, escalara a los 13.30 en sólo cinco meses.

Justina Lo Cane murió el 22 de noviembre y en la semana posterior a su partida se registraron más donantes que en todo 2016, alrededor de 48 mil personas en siete días, lo que resultó todo un récord en la historia de la donación de órganos en el país.

Alberto Maceira es el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y desde que se aprobó la ley casi no hace otra cosa que hablar con los medios de comunicación.

“No tengo dudas de la influencia positiva que representó la repercusión que tuvo el caso de Justina -aseguró sin dudarlo-. Nosotros nos plegamos a ese ímpetu que tenían Paola y Ezequiel, los papás de la niña, e hicimos la elaboración técnica para que este proyecto sea viable y esperamos en el mediano a largo plazo tener un incremento de donantes de órganos en el país”.

El punto sobresaliente del proyecto del senador Juan Carlos Marino, que obtuvo 202 votos afirmativos y ninguno negativo en Diputados y que también había obtenido pleno consenso en el Senado, dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.

“Esto es de gran ayuda para sacar la responsabilidad a las familias de firmar una declaración jurada para dar su consentimiento; evita ese paso burocrático que lo único que hacía era sumar un conflicto al momento de duelo”, consideró Maceira. Hasta ahora, cuando no había manifestación al respecto, la familia tenía que firmar que la persona nunca se había expresado y hacerse responsable de la decisión.

Ahora, “podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos”, según señala el proyecto.

Sobre cuáles son los motivos por los que alguien podrá negarse a ser donante de órganos, el funcionario destacó que “siempre son personales” y que desde el organismo siempre se respetará “la voluntad de las personas”. No obstante, aún no está establecido cuál será el mecanismo para expresar la negativa, el cual será fijado luego de que la ley sea reglamentada y entre en vigencia, dentro de unos 90 días, según estimaciones.

Otro de los ítems que Maceira evaluó como clave en la nueva norma es la creación de Servicios de Procuración Intrahospitalaria. “Esto significa que todos los días habrá un médico responsable de trasplantes en todos los hospitales que consideremos, lo cual agilizará enormemente los procedimientos”, estimó el funcionario.

La ley propone que tanto los hospitales públicos y privados deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y al tratamiento del paciente. El nuevo servicio deberá contar con al menos un médico que detecte potenciales donantes, asesore a las familias y garantice el proceso de donación. También se establece la capacitación para los profesionales que formen parte del proceso de donación y trasplante.

El proyecto aprobado, además, incorpora la donación cruzada en el caso de trasplante de riñón (con donante vivo) y establece la prioridad en los vuelos para los pacientes que son parte de un operativo de trasplante. “Ahora las aerolíneas van a tener que dar prioridad a estas personas para que lleguen a tiempo a realizar el procedimiento”, enfatizó Maceira.

En otro orden, destacó que la nueva ley “simplifica y optimiza los procesos que requieren intervención judicial”. “Se baja de seis a cuatro horas el tiempo para que los jueces se expidan, en casos de accidentes de tránsito, heridas de bala y demás causales de muerte que impliquen el accionar de la justicia”, resaltó el presidente de Incucai, quien enfatizó que en esas formalidades “se perdían órganos o se obtenían en peor estado debido a la demora en la ablación”.

Según datos del Incucai, en la actualidad 7.733 pacientes -entre ellos 250 son niños y adolescentes- esperan un trasplante de órganos y 2.961 un trasplante de tejidos. Además, 3 mil esperan un trasplante de córneas y unas 30 mil personas están en diálisis.

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El autor de la foto de la señora, la policía y las berenjenas

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Efectivos de la Policía de la Ciudad golpearon y arrestaron al fotógrafo Bernardino Ávila, mientras cubría la protesta convocada por los trabajadores de la cooperativa Madygraf frente al Congreso. Días atrás, durante otra represión, Ávila retrató una imagen que recorrió el mundo. La de una señora mayor que levantaba unas berenjenas de la calle mientras de fondo cientos de policías desarmaban a la fuerza el verdurazo de los pequeños productores de verdura.

La foto de Ávila, que se viralizó en la redes y fue replicada por infinidad de medios, fue tomada el viernes 14 de febrero en Plaza Constitución. Allí los pequeños productores de verduras habían convocado un verdurazo, como bautizaron su modalidad de protesta en donde regalan o venden a precios populares las hortalizas que cultivan en sus huertas.

El gobierno porteño mandó a desalojar la protesta de los productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y efectivos de la Policía de la Ciudad golpearon y tiraron gases a trabajadores y personas mayores que esperaban recibir algo de verdura. En esa oportunidad Ávila también fue gaseado por un uniformado, a pesar de estar con la credencial que acreditaba su trabajo como reportero gráfico.

 

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Tres veces No a los DNU de Macri

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La oposición parlamentaria se abroqueló contra al “avasallamiento de las facultades del Congreso” que, entienden, realiza el gobierno de Mauricio Macri a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El voto del presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (FpV-PJ), rompió la paridad de ocho legisladores del oficialismo y de la oposición, y dio dictamen de mayoría al rechazo de tres decretos de Macri: el que estableció la extinción de dominio a través de una acción civil sin condena penal para bienes de narcotráfico y corrupción; el que quitó frecuencias destinadas por ley a ARSAT para destinarlas a las empresas privadas de telefonía celular; y el que degradó la Secretaría de Deportes en una Agencia descentralizada y autárquica eliminando otras cuatro leyes nacionales sobre el deporte. La oposición buscará ahora que los dictámenes lleguen a los recintos de ambas Cámaras para rechazar los DNU y terminar con su vigencia. El único decreto del Ejecutivo que prosperó ayer fue el de legislación delegada que en enero aumentó hasta 1.300.000 pesos el valor de los automotores exceptuados del impuesto adicional del 20 por ciento.

La asistencia fue perfecta. Los 16 legisladores (8 senadores y 8 diputados) que integran la Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo estuvieron en el Salón de la Banderas del Senado a la hora señalada, con algunos reemplazos entre sus integrantes para evitar ausencias. Por Cambiemos, la diputado Alejandro García reemplazó a Fernando Iglesias (PRO), y la senadora Silvia Giacoppo (UCR) ingresó por Miriam Boyadjián (Movimiento Popular Fueguino). En tanto, el diputado Eduardo “Wado” De Pedro suplantó a su compañero de bancada Máximo Kirchner por el FpV-PJ. Una señal de lo que estaba en juego.

El debate comenzó por un cuestionamiento reglamentario. Cambiemos le recriminó a Cleri que haya girado requerimientos a los presidentes de distintas comisiones de Diputados y del Senado sin el aval de los integrantes de la comisión. Un elemento con que Cleri buscaba demostrar que los DNU suplantan proyectos que están en debate y con los que el Ejecutivo saltea al Congreso. Los únicas comisiones que no contestaron los requerimientos fueron las que están en manos de Cambiemos en Diputados.

El diputado macrista Pablo Tonelli asumió la defensa de los DNU, con apenas una descripción de los mismos y que cumplían los requisitos formales con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, girado en tiempo al Congreso, y justificó la “urgencia” en que el Congreso “estaba en receso” en enero. También dijo que el decreto 58/19 dispone que las frecuencias asignadas en forma exclusiva a Arsat, sean gestionadas por el Enacom para “ponerlas a disposición del mercado” y adjudicadas por concurso público.

Defendió la extinción de dominio como “una acción civil independiente de la acción penal, a través de los tribunales federales en lo civil y comercial y con la creación de una procuraduría especializada”, que invierte la carga de la prueba (que el sospechado debe justificar) para recuperar bienes y dinero de delitos penales como narcotráfico y corrupción. Y argumentó que el DNU está en sintonía con los compromisos asumidos por la Argentina con organismos internacionales y criticó la demora parlamentaria para avanzar con una ley de extinción de dominio.

Sobre la degradación de la Secretaría de Deportes en Agencia, Tonelli sostuvo que es darle una forma de un “organismo descentralizado y autárquico”, que “solo podrá vender bienes muebles y no inmuebles”, que dependen del Gobierno porteño.

El senador Daniel Lovera, un peronista pampeano que integra el interbloque Argentina Federal, fue el encargado de replicar al oficialismo. “El Gobierno con este tipo de acciones no deja de sorprendernos”, arrancó Lovera y recordó que dos de los tres DNU cuestionados avanzan sobre el trabajo del Congreso y que el Senado dio media sanción a proyectos que se saltean los decretos: extinción de dominio, con claras diferencias con el decreto presidencial, y la adjudicación de las frecuencias es parte de la llamada ley corta de telecomunicaciones. Sumó también que el DNU viola la ley que requiere de mayorías especiales para modificar el plan estratégico para industria estatal de telecomunicaciones.

Lovera remarcó que comparte con el oficialismo la intención de recuperar bienes y dinero producto de “mafias y delitos de corrupción”. Pero enseguida insistió en que el DNU de extinción de dominio “es inconstitucional” porque allí se establece que el Ejecutivo “no puede regular en materia penal, directa o indirectamente” a través de decretos. Además de cargar contra el DNU que “degrada el deporte nacional”.

La paridad en los integrantes de la Bicameral, dejaba abierta algunas dudas sobre los dictámenes. Cambiemos cuenta con ocho legisladores propios. La oposición divide representantes entre Argentina Federal y el Frente para la Victoria. El oficialismo especulaba con disidencia entre los opositores y el vuelco que podría dar la senadora salteña Cristina Fiore, en el interbloque del ex gobernador Juan Carlos Romero, y quien mantiene buena sintonía con Cambiemos.

Sin embargo, Fiore se encargó de despejar rápidamente cualquier duda. “Hay que tener cuidado con los precedentes porque lo que hoy nos beneficia mañana puede perjudicarnos. El poder no es eterno”, sostuvo la salteña y agregó: “Lo que beneficia a todos los argentinos es el cumplimiento de la Constitución. La cuestión de fondo no viene al caso”. También cargó contra el DNU de extinción de dominio: “No es una acción civil descolgada, hay una íntima relación entre la acción civil y el proceso penal. Por más que se lo llame de otra manera no quiere decir que no tenga naturaleza penal”.

En el discurso final, el senador radical Luis Naidenoff buscó justificar el DNU de extinción de dominio, afirmando que el Congreso podría perfeccionar la norma pero reclamó la ratificación del decreto.

Con ocho legisladores por bando, Cleri desempató como presidente de la comisión y los tres dictámenes de mayoría fueron de rechazo a los DNU. El desafío opositor será ahora llevar los dictámenes a los recintos de Diputados y del Senado para rechazar los DNU, que debe ser en las dos Cámaras del Congreso. Mientras tanto, los decretos seguirán vigentes.

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El peronismo unido y la Corte Suprema suman alertas para el Gobierno

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El Gobierno pero sobre todo la economía registran cada hecho político –y judicial, con sentido político- como señales que pueden marcar un rumbo más o menos crítico en el año electoral que recién arranca. La Corte aportó un revés con su fallo a favor de San Luis por un reclamo de fondos: agrega un eslabón a sus mensajes duros, anticipa otros y exhibe un trío dominante en el tribunal que de todas maneras no agota sus propias internas. El Congreso volvió a mostrar una foto del peronismo unido: tampoco resuelve esa discusión interna pero sugiere que el Presidente es la principal variable de ajuste en su propia pelea.

Las internas, de todos modos, son analizadas de diferente modo en el oficialismo. En el caso del peronismo, los funcionarios y legisladores más vinculados a las negociaciones creen naturalmente que será un año muy difícil, pero no cierran todas las puertas al PJ. Es decir, evalúan que en alguna medida pueden cerrar algún que otro trato. Y sienten que si los temas generan expectativas o son de interés social, no todo es gratis para la oposición actuando de manera indiferenciada –kirchneristas, federales y otros- como único recurso. El ejemplo de estas horas es el rechazo al DNU sobre extinción de dominio para bienes que son producto de la corrupción.

Más compleja y menos esperanzada es la lectura sobre la Corte Suprema. El principal problema es el empeoramiento de la relación con el tribunal, que venía arrastrando problemas para establecer una interlocución unificada y sólida mucho antes de la ofensiva relámpago que dejó fuera de la presidencia de la Corte a Ricardo Lorenzetti, pero para nada fuera de combate, y coronó a Carlos Rosenkrantz, pero acotado de entrada por sus colegas.

(cij)

Ese desenlace y sus estribaciones recrearon ayer mismo los malestares y reproches en el interior del oficialismo por aquellos hechos y hasta por el aporte propio a la integración actual del tribunal. En ese contexto, el fallo a favor de la demanda de fondos motorizada por San Luis resultó significativo no sólo medido en términos presupuestarios. La decisión de la Corte completa en este año electoral lo que había empezado en la antesala de la asunción de Mauricio Macri. Aquella vez, noviembre de 2015, Lorenzetti como titular del tribunal, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt resolvieron a favor de Santa Fe y San Luis – y también de Córdoba por efecto de otra medida- el reclamo por la devolución de fondos de coparticipación que se venían recortando desde la época de la Alianza y durante todo el kirchnerismo.

Cristina Kirchner decidió ampliar los efectos al resto de los distritos mediante un decreto, apenas un par de semanas antes de despedirse de Olivos. Macri lo frenó, sobrevino una larga negociación y un acuerdo con las provincias, entre ellas Córdoba. San Luis y Santa Fe siguieron el pleito. La Corte ahora, con las firmas de Lorenzetti, Maqueda y Horacio Rosatti, le dio la razón a San Luis, anticipo además de respuesta al planteo santafesino.

El Gobierno buscaba anoche restarle dramatismo al tema. Decían que no hubo sorpresa con el fallo y que no hay plazos para negociar ahora con Alberto Rodríguez Saá, pero la dureza del gobernador –más aún en plena campaña y en dura pelea interna política y familiar- y los propios límites judiciales anticipan que no sería fácil ni con tiempos eternos. Se verá.

Ocurre, sin embargo, que ese aspecto –aún con el impacto que pueda tener en épocas de poda de gastos- no es el más grave o no los de manera excluyente. La Corte está exhibiendo un problema de varias caras. Se consolida una especie de nueva mayoría, sino automática sí repetida y denominada con acidez “mayoría peronista”: Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Se consolida también la soledad de Rosenkrantz y cada una de sus “derrotas” ante el trío es considerada un traspié para Macri. Pero para completar, ese terceto tampoco es sólido, porque se mantiene la competencia interna entre Lorenzetti y Rosatti.

(Foto: Pablo Grinberg / Comunicación Senado)

No parecen señales de independencia, sino de disputa doméstica y de dureza con el Gobierno. Ese cuadro, por supuesto, genera incertidumbre. Y es un dato fuerte en este año electoral con economía complicada.
Otra dimensión -más matizada y menor pero nada desdeñable- tiene este primer gesto del peronismo en el Congreso y en el arranque político de 2019.

Los distintos sectores del PJ y el kirchnerismo confluyeron para votar en bloque en la comisión bicameral encargada de revisar los DNU. Empataron de ese modo con el oficialismo y le dieron así a un legislador de La Cámpora la llave para rechazar el decreto sobre extinción de dominio.

En el oficialismo, destacaban después tres puntos. El primero, práctico: el DNU debería ser ahora rechazado por las dos cámaras para caer. El segundo, de valoración: el peronismo en todas sus vertientes queda así expuesto como la fuerza que impide la recuperación de bienes generados por la corrupción. Y la tercera, producto de la anterior y de algunos sondeos: algunos creen que hay margen para evitar el fin del decreto en el recinto o para tratar la postergada ley de extinción de dominio.

El fallo de la Corte y este capítulo legislativo marcaron ayer un día político realmente denso. Es imposible pronosticar si anticipan la tensión de la disputa que viene. Pero asoma claro que con esas preocupaciones, también por sus posibles estribaciones económicas, se las deberá ver el Gobierno de manera creciente.

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