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Nacional

Sierra Grande dijo “Sí” a la central nuclear que se construira en el 2020

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El intendente Nelson Iribarren, con el aval del senador nacional Miguel Pichetto y dirigentes del PRO, impulsó este plebiscito como paso inicial para lograr la derogación de la ley provincial que prohíbe la instalación de centrales nucleares en la provincia.

Pero si bien de los votos obtenidos se logró un 83% por la afirmativa, la poca concurrencia en relación al total de padrón habilitado fue considerado por los sectores que defienden la prohibición como una muestra de la oposición de la población a la central.

 

Sobre un padrón de 6780 electores solo concurrieron 1.670 de los cuales el 83% avaló la construcción de la central nuclear en esa localidad. Desde la Asamblea No Nuclear de Río Negro consideraron que quienes no participaron “le dieron la espalda al “Sí”.

Tal es así que el PJ/FpV de Sierra Grande llamó a no concurrir a la consulta. Por su parte, el diputado nacional Sergio Wisky estuvo en la localidad, acompañando al intendente Iribarren, quien se mostró entusiasmado por el acompañamiento de la población.

En este sentido, Wisky aseguró que con este resultado “se abre una posibilidad para instalar la planta nuclear”, aunque “habrá que estudiarla entre las autoridades nacionales y provinciales”.

Mientras tanto, desde la Asamblea No Nuclear de Río Negro advirtieron que “en Sierra Grande triunfó el “No” a la central nuclear, por lo que se agradece a todos los vecinos y vecinas de Sierra que interpretaron con su abstención la voluntad de no someterse a una consulta tramposa, estéril y contradictoria, como venían anunciando integrantes no nucleares, locales. De esta manera, el 80% del electorado le dio la espalda al sí”.

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Nacional

Anses habilitaría más préstamos a privados

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El Gobierno avanzará durante este año en el financiamiento de proyectos de infraestructura y en colocaciones financieras para privados, a partir del dinero que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La búsqueda del oficialismo apunta a que proyectos privados vinculados con infraestructura de servicios públicos, viviendas (construcción o créditos), inversión con potencialidades de alto valor exportador y otros proyectos que debería analizar el organismo que maneja Emilio Basavilbaso puedan recibir fondos de financiamiento desde el organismo, con una tasa de interés algo más baja que el valor de mercado y con proyectos de largo plazo.

En todos los casos se trataría, promete el oficialismo, de operaciones en las que la rentabilidad sea segura, que estén detrás empresas privadas de reconocida trayectoria y que se trate de proyectos que tengan que ver con el desarrollo de la economía local.

La habilitación para poder avanzar en este financiamiento se abrió a partir del artículo 154 referido al ANSES en el último DNU generalista publicado la semana pasada por el Gobierno y que autoriza al FGS a Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos. Textualmente, se autoriza “a la ANSES a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquiler o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias (…)” con el “objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible”, y asegurando que “se cumplirá su fin social”.

El principal instrumento avalado por el decreto es la creación de fideicomisos financieros, además de la posibilidad de prestar títulos públicos y otras colocaciones en poder del Anses, para conseguir dinero para que luego se deriven en créditos a tasa más baja que la que las compañías o los proyectos podrían conseguir en el mercado, pero que garanticen la rentabilidad del FGS.

El avance del decreto es la mayor apertura de financiamiento en pesos para el sector empresario más allá del financiero y, se espera, podría multiplicar el dinero al que podrían acceder las compañías privadas para proyectos de infraestructura.

En total, y según el último informe del Anses (correspondiente al tercer trimestre de 2017), el fondo maneja unos u$s62.906 millones, con una variación en los primeros nueve meses del año (últimos datos actualizados) del 13,9%. Fuentes oficiales hablan que para diciembre de 2017 el FGS ya manejaba más de 65.000 millones de dólares, provenientes de los aportes de los trabajadores argentinos y de la alta rentabilidad financiera que el fondo obtuvo durante el ejercicio pasado. Hasta ahora el FGS podía invertir en el mercado financiero en general, con colocaciones en títulos públicos nacionales en un 55,4%, acciones de empresas privadas en un 18,5%, proyectos productivos 8,5%, préstamos a provincias 3,9% y títulos estatales en un 3,7%.

La posibilidad de ampliar el abanico de posibilidades de financiación del FGS habilitado por el DNU lanzado la semana pasada por el Gobierno, tendrá ahora que ser reglamentado a través de resoluciones generales de la Anses para saber el alcance exacto de la medida. Especialmente en cuanto a los requisitos de los proyectos que podrían recibir este financiamiento, como se habilitarán los fideicomisos y la manera en que se estabilizarán los intereses de los créditos y la fórmula de pago de los mismos. Si bien los privados aplauden la medida, muchos son prudentes. Por un lado esperan a conocer la “letra chica” de la reglamentación. Algunos estiman que la norma debería haber tenido una cláusula clave en el DNU.

Es la que debería prohibir que se repita la experiencia de 2008, cuando a través de la estatización de las AFJP, el kirchnerismo tomó acciones de empresas privadas que estaban en poder de las administradoras de pensión y las incorporó al FGS.

En un primer momento se prometió que estas acciones serían ofrecidas a los accionistas privados para su recompra o eventualmente, lanzadas al mercado para aumentar los ingresos de la Anses. Finalmente nada de esto sucedió y en los últimos años del kirchnerismo los directorios de las empresas que terminaron con acciones en poder del estado se plagaron de representantes políticos del anterior Gobierno, una experiencia que los privados no quieren volver a experimentar.

Legalmente no hay garantías de que esto no suceda con la nueva norma ya que al ser un DNU una ley podría darla de baja y eventualmente repetirse la experiencia de la reestatización de las AFJP durante el kirchnerismo. La salvedad sería la creación de fideicomisos, donde el ANSES sería parte accionaria en sociedad con las compañías involucradas en el proyecto.

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Nacional

Una mujer fue detenida por difundir fotos porno de su hija de 5 años a través de WhatsApp

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Una joven fue detenida acusada de difundir imágenes pornográficas de su hija de 5 años a través de un grupo de WhatsApp. La maestra de la nena logró tener acceso al chat e inmediatamente radicó la denuncia a las autoridades de Santiago del Estero.
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Se trata de una mujer de 27 años, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, que tiene otro hijo de 3 y se encuentra embarazada de ocho meses. La acusada fue detenida y después trasladada a una sala del Hospital Regional “Ramón Carrillo” de la capital santiagueña, por orden del juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, a requerimiento de la fiscal Silvina Paz.
La mujer se encuentra imputada del delito de “publicación de imágenes pornográficas”, tras la denuncia de una docente del colegio a la que asiste la menor. Las mismas fuentes explicaron que la maestra observó tres fotografías en las que aparece la menor en distintas poses sexuales, en un grupo de WhatsApp que comparte con otros papás.
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Por disposición de la fiscal Paz, en las próximas horas la nena será sometida a una Cámara Gesell, le realizarán un estudio socio ambiental y recibirán testimonios a los vecinos del barrio en el que vive la mujer y sus pequeños hijos.

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Chaco

Aníbal Fernández y Jorge Capitanich Procesados por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

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El juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y a tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, en el marco de la causa por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, entre los 2013 y 2015. La Justicia les fijó embargos por $3 millones.

Mientras que dictó la falta de mérito para el también ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, también procesó a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis, y a una docena de ex funcionarios de cargos menores.

En total son 14 los ex funcionarios procesados este martes por Bonadio en la causa judicial 7302/16, que investiga una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos, o utilizaron el dinero para otras cuestiones.

En esos tres años se presentaron 634 solicitudes y sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero correspondiente, por un total de 604.529.670,17 de pesos; y los municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja fueron algunos de los beneficiarios.

La causa se inició a partir de una denuncia efectuada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y por el Programa Medioambiental. El proyecto tenía como exclusiva finalidad, lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de iniciativas municipales de todo el país

Segun el expediente reveló que la Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, no recibieron asignaciones de fondos. Por otro lado, municipios de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el proyecto, siendo que, tres de estas provincias, generan un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional.

El Tribunal, por medio del Ministerio y la Sindicatura General de la Nación, relevó 121 proyectos y se encontró que solo 22 fueron cumplidos. Además, determinaron que 44 fueron cumplidos parcialmente y 55 directamente no se habían ni empezado. Es decir, que sólo el dieciocho por ciento (18%) cumplió con los objetivos pautados y acordados. Los demás, recibieron los fondos, pero nunca hicieron las obras relacionados con el programa medioambiental.

 

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