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Internacional

Bolsonaro ya marca el paso en Brasil y en la región

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Jair Messias Bolsonaro está lejos de ubicarse por encima de las divisiones que campean en la sociedad de Brasil, y ni con la banda presidencial recién estrenada pudo disimularlo.

No fue necesario esperar más allá de su discurso de asunción para comprender que, a partir del 1° de enero, hay un país con vencedores y vencidos. Ninguna novedad para la política latinoamericana, por cierto.

Para coronar su apuesta a la polarización, concluyó el primer discurso como presidente con una desafiante actitud de barricada: tomó una bandera nacional y proclamó a viva voz que “esta nunca será roja, sólo será roja si es necesario con nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla”.

Una inequívoca señal de que piensa hablar y gobernar sólo para los suyos, a los demás les tiene asignado el rol de enemigos agazapados en un oscuro rincón de penitencia.

Cuando pase el fervor inicial, resta ver cómo procesará el nuevo orden esa otra porción de la sociedad que también es parte del país. Ahí conviven sectores de izquierda, feministas, homosexuales e indígenas, pero también moderados genuinamente preocupados por el futuro de la democracia.

Medidas severas

Las primeras medidas de gobierno ratificaron la severidad de las palabras y de los gestos: inmediata baja de empleados públicos temporarios (presentada como “limpieza de ideas comunistas” por el flamante ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni); exclusión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de los programas de promoción de derechos humanos; y quita de atribuciones a la Fundación Nacional del Indio (Funai), que hasta aquí se encargaba de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas.

Entre sus primeros decretos, también hubo un golpe al bolsillo de los brasileños, al disponer un salario mínimo menor que el que había calculado para 2019 la administración saliente de Michel Temer.

En la agenda de Bolsonaro, la recuperación económica de Brasil ocupa los primeros renglones y eligió, para tal fin, el camino de la ultraortodoxia, que tiene en el economista Paulo Guedes a uno de sus más acérrimos exponentes.

La entronización de ese funcionario como superministro de Economía augura una fuerte ofensiva en materia de privatizaciones y de reducción del gasto público, la más maravillosa música para los delicados sentidos de los mercados: en las jornadas inaugurales de la nueva etapa política, el real se fortaleció frente al dólar y subieron las acciones de la Bolsa de San Pablo.

El líder de la ultraderecha está empecinado con la reforma del enorme y deficitario sistema previsional. Guedes tiene la misión de atender esa obsesión mediante el diseño de un profundo cambio en ese terreno, con el antecedente de ser un gran admirador del sistema de jubilaciones privadas vigente en Chile desde la época del exdictador Augusto Pinochet.

Todo parece indicar que ese será el camino elegido, aunque aún no están claros los alcances del proyecto que estudian las nuevas autoridades.

Lo que se sabe con certeza hasta aquí es que Bolsonaro pretende elevar la edad jubilatoria a 62 años para los hombres y a 57 para las mujeres (hoy las edades mínimas para acceder al beneficio previsional se sitúan entre 60 y 55 años).

Pero los futuros jubilados al menos tienen un pequeño aliciente: el flamante presidente afirmó que no piensa en una edad mínima de 65 años, por considerarla “pesada” para algunas profesiones.

Mano dura

El otro gran frente de la nueva administración brasileña es el tema de la seguridad, uno de los caballitos de batalla de la campaña de Bolsonaro que más rédito le dio entre los ciudadanos, hartos de los robos, los asesinatos y la violencia en la vía pública. Su prédica a favor del aniquilamiento sin compasión de los delincuentes es una marca registrada.

Con semejante glorificación de la mano dura era de esperar que, a pocas horas de asumir, el nuevo presidente presionara a los parlamentarios brasileños para que aprobaran un proyecto de “seguridad jurídica para la policía”, cuyo objetivo es que los agentes puedan usar la fuerza letal sin temer consecuencias legales.

El flamante mandatario considera que con esa medida la Policía podrá actuar de modo eficaz, para reducir los delitos a la velocidad que, según interpreta, sus votantes reclamaban cuando lo eligieron.

Durante la campaña, el nuevo inquilino del Palacio de Planalto lanzó la idea de militarizar el país con efectivos del Ejército afectados a patrullaje de rutina en la vía pública. Pero, poco antes de asumir, aclaró que no avanzará en ese sentido si la Justicia militar castiga a los uniformados que disparen contra delincuentes.

La otra pata con la que Bolsonaro pretende mostrarse como un implacable en su combate contra el delito es el Poder Judicial, órbita donde decidió instalar al “paladín de la Justicia” Sergio Moro, máximo artífice de la operación Lava Jato y responsable de poner preso a Lula.

En algunos sectores, esa designación causó un efecto contrario al buscado, porque es visualizada como un premio de la ultraderecha al exjuez por sus actuaciones, ahora sospechadas de parcialidad política.

Bala, buey y Biblia

Bancada BBB: bala, buey y Biblia. Así se conoce en Brasil a un grupo de parlamentarios que representan los intereses de partidarios de las armas, el sector ruralista y las iglesias evangélicas.

Esa “triple B” probablemente también será la marca con la que pasará a la historia el ciclo político que acaba de inaugurar Bolsonaro, a juzgar por los sectores preponderantes que se observan en el nuevo esquema de poder.

La idea de poner bajo fuego a los delincuentes sueltos en las calles es congruente con la fuerte presencia de uniformados en el Gobierno.

De los 22 integrantes del gabinete, cinco son miembros de la Fuerzas Armadas designados al frente de la Secretaría de Gobierno, el Gabinete de Seguridad Institucional y los ministerios de Minas y Energía, Defensa, y Ciencia y Tecnología.

No hay que olvidar, además, que el vicepresidente, Hamilton Morao, es también un general retirado del Ejército.

A diferencia de lo que ocurrió en Argentina, los militares brasileños lograron conservar su prestigio tras la larga dictadura que terminó en 1985, mientras que la apertura democrática de ese año estuvo bajo la tutela de las Fuerzas Armadas.

Esto explica por qué buena parte de la sociedad es propensa a no poner en tela de juicio un mayor control militar del país.

Expansión rural

Los hacendados, mientras tanto, pisan fuerte en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento: Tereza Cristina Da Costa Dias, su titular, coordinaba la poderosa bancada ruralista del Parlamento antes de llegar al gabinete. A esa cartera Bolsonaro le transfirió la misión de demarcar las tierras indígenas, facultad que antes tenía la Funai.

Esa responsabilidad en manos de Da Costa Dias abre las puertas a la expansión de la producción rural a gran escala en tierras que históricamente ocupan poblaciones indígenas, lo que hace temer por el impacto en el equilibrio ecológico de esas áreas y por la subsistencia de las comunidades de nativos.

Otra faceta inquietante de la ministra es su conocida defensa del uso de agrotóxicos que, desde su punto de vista, “son remedios para las plantas que, usados en dosis seguras, curan; y en dosis equivocadas, matan”.

Medidas y polémicas en la primera semana

Decisiones controversiales en siete días de gestión.
Un gabinete de Gobierno con mucha presencia de militares
Ya antes de que asumiera formalmente como presidente de Brasil, el 1° de enero, Jair Bolsonaro era materia de controversia por la cantidad de militares que tenía pensado incluir en su gabinete. Además desde su vice, Hamilton Morao, son cinco más: en la Secretaría de Gobierno, el Gabinete de Seguridad Institucional y los ministerios de Minas y Energía, Defensa, y Ciencia y Tecnología.

Salario mínimo y decretos contra los indígenas y el colectivo LGBTI

Nativos americanos brasileños. (La Voz / Archivo)

Las tres primeras medidas de Bolsonaro, al día siguiente de su asunción, fueron polémicas. Aumentó el salario mínimo menos de lo que estaba previsto. En vez de los 1.006 reales (259,6 dólares) prometidos por Michel Temer, fueron 998 reales (257) dólares. También traspasó al Ministerio de Agricultura la misión de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas, lo que representa una pérdida de poder para esas comunidades. Y eliminó al colectivo LGBTI de la lista de las directrices de protección de los derechos humanos.
Despido de funcionarios y venta de unos 700 mil inmuebles del Estado

El jueves 3, el gobierno de Bolsonaro anunció la destitución de unos 300 funcionarios del Estado, que tenían contratos temporales, y la puesta en venta de muchos de los 700 mil inmuebles que posee el Estado brasileño. El encargado de concretar los despidos fue el secretario de Gabinete, Onyx Lorenzoni. Ya en el discurso de asunción el presidente se había referido a una “limpieza ideológica”.
Proyecto para que los policías no sean juzgados por actos de servicio

Policia Civil brasileña. (La Voz / Archivo)

El sábado 5, Bolsonaro les pidió a todos los poderes del Estado que aprobaran un proyecto de ley de “seguridad jurídica” para la Policía, en el que se contempla la imposibilidad de que sean juzgados por hechos ocurridos mientras están de servicio. “Sin garantías necesarias para que los agentes actúen en favor de los ciudadanos de bien, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad que piden los brasileños”, tuiteó el mandatario. “Si un policía mata a tiros a 10, a 15 o a 20 tipos, tendríamos que darle una medalla, no llevarlo a juicio”, dijo durante la campaña.
Privatización o liquidación de unas 100 empresas estatales hasta 2022

El ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcísio de Freitas, aseguró ayer que el Gobierno evalúa privatizar o liquidar un centenar de empresas estatales hasta 2022, en el marco de sus planes para reducir el tamaño del Estado. “Obviamente, no estamos hablando sólo de privatizaciones, sino también de liquidaciones de empresas que no tienen tanto sentido”, declaró el ministro.

Marcha atrás en la decisión de instalar bases militares de los Estados Unidos.

Soldados brasileños. (La Voz / Archivo)

Ayer, Bolsonaro resolvió dejar sin efecto el proyecto de instalar una base militar estadounidense en el país, como había ofrecido la semana pasada al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, informó ayer la prensa brasileña. Así lo revelaron “altas fuentes militares” citadas por el periódico Folha de São Paulo, que agregaron que el mandatario desistió de autorizar la presencia de tropas estadounidenses luego de que el tema causó cierto malestar entre algunos generales. La idea era compensar el armamento ruso que posee Venezuela.

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Reino Unido firmó la orden de extradición de Julian Assange

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El gobierno británico firmó la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Así lo confirmó hoy a la BBC el ministro del interior Sajid Javid. “Hay una petición de extradición de Estados Unidos que debe decidir la justicia. Firmé la orden de extradición y la certifiqué como para que se presente mañana mismo ante los tribunales”, dijo Javid.

El fundador de WikiLeaks se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Bemarsh, en el sudeste de Londres. Estados Unidos solicita su extradición por 18 delitos, entre ellos, la violación de la ley de espionaje y seguridad nacional por la publicación en 2010 de cientos de miles de documentos clasificados sobre las intervenciones militares en Irak y Afganistán.

El presidente del Ecuador Lenin Moreno dio una mano de oro al viejo deseo estadounidense de juzgar a Assange. En abril revocó el asilo diplomático que le había otorgado en 2012 su antecesor, Rafael Correa, y permitió que la policía sacara a los tirones a Assange de la embajada. La justicia británica lo condenó a un año de prisión por no respetar las normas sobre libertad provisional que le habían concedido por las acusaciones de violación y abuso sexual que pesaban sobre Assange en Suecia.

Dados los problemas de salud del fundador de Wikileaks, la audiencia de mañana viernes probablemente tome lugar en la prisión de Bemarsh. El 30 de mayo Assange no compareció ante la corte de Westminster ni participó de la audiencia por enlace de video debido al deterioro de su estado físico. “Ha perdido mucho peso”, explicó un portavoz de Wikileaks.

Según comentó al matutino The Guardian Thomas Garner, especialista en extradición de Gherson Solicitors, la orden y certificación del ministro del interior es una parte importante a nivel procesal, pero constituye apenas el comienzo de un largo proceso. “Calculo que la corte va a establecer mañana un cronograma preliminar para el proceso. Lo más probable es que pasen meses antes de que haya una audiencia y por supuesto, ambas partes pueden apelar la decisión que alcance la corte de primera instancia”, señaló Garner.

El caso es un complicado laberinto político, diplomático y legal. Assange es australiano, está detenido en Londres y debe responder a acusaciones de la justicia estadounidense y la sueca. Australia se opone terminantemente a la extradición a un país en el que haya pena de muerte. Desde este punto de vista, la extradición a Suecia tendría preeminencia.

Pero Suecia tiene su propio caso empantanado. Lo había archivado cuando Assange todavía estaba asilado en la embajada ecuatoriana, lo desarchivó cuando fue detenido, pero la semana pasada la corte de Uppsala, 71 kilómetros al norte de la capital sueca, dictaminó que Assange no tenía que ser arrestado por las autoridades suecas porque ya lo estaba en el Reino Unido, algo que impidió a los fiscales suecos solicitar una orden de extradición.

En estos primeros pasos la solicitud de Estados Unidos le lleva ventaja a la de Suecia, pero según Thomas Garner eso no quiere decir que la justicia o el gobierno se pueda decantar por uno a favor de otro. “Cuanto más avance el proceso, más difícil será para el ministro del interior dar preeminencia a un caso sobre el otro”, señaló el especialista en extradición de Gherson Solicitors.

Una resolución política del caso es una alternativa. En el caso más famoso de las últimas décadas, el del pedido de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet a España por crímenes contra la humanidad, luego de tres resoluciones de la máxima instancia jurídica británica, la Cámara de los Lores, y de un dictamen favorable a la extradición de la corte de primera instancia, el gobierno laborista de la época sometió a Pinochet a un examen médico que determinó que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio por el deterioro de sus facultades físicas y mentales. No bien llegó a Santiago, el frágil anciano genocida abandonó la silla de ruedas y disfrutó de la recepción de héroe de sus acólitos, años antes de que fuera llevado a la justicia en Chile por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Ecuador ofrece otro expeditivo ejemplo de la vía política. El reemplazo de Rafael Correa por Lenín Moreno selló la suerte de Assange. Lenín Moreno dio un volantazo a la derecha que lo acercó a Estados Unidos, llave para un acuerdo con el FMI. El 11 de marzo el Fondo aprobó un préstamo de más de 4 mil millones para las exhaustas arcas del dolarizado Ecuador. Unas semanas más tarde, Lenin Moreno le soltó la mano a Assange.

¿Qué decir del Reino Unido empantanado en la sucesión de Theresa May y la negociación por el Brexit? El anuncio de la extradición de Assange contribuye a la meteórica carrera del ministro del interior británico Sajid Javid que es uno de los candidatos a suceder a Theresa May en julio. El más claro contendiente en la carrera, el ex alcalde de Londres, Boris Johnson fue varias veces elogiado por Donald Trump. Una posibilidad más en este laberinto, por ahora de ciencia ficción: que en un futuro el mismo WikiLeaks revele los acuerdos ocultos de los países para saltearse la justicia y resolver el impasse.

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Tras el cierre de alianzas habló el Fondo Monetario Internacional

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El Fondo Monetario Internacional sigue atentamente todos los pasos que se dan en la Argentina y una vez confirmados todos los frentes electorales que competirán en las elecciones de este año salió a bancar el andar de la economía nacional de cara a los próximos meses del 2019.

“Estamos viendo señales de que la recesión puede estar cediendo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres”, afirmó el director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice en conferencia de prensa en la sede del organismo en Washington.

Cuando le consultaron sobre las definiciones políticas, el vocero de Christine Lagarde respondió que “nosotros realmente no comentamos sobre desarrollos políticos. Se lo dejamos a otros”. De todos modos Rice destacó las políticas de Sandleris y Dujovne ya que “están logrando importantes progresos”.

Estas declaraciones llegan en tiempos de definiciones políticas y en medio de la negociación sobre la cuarta revisión del programa stand by en la que trabaja el organismo multilateral de crédito. Una vez concluida la revisión, el Directorio Ejecutivo del Fondo deberá decidir si aprueba un nuevo giro por US$ 5400 millones, que podría ser desembolsado en los primeros días de julio, de acuerdo con los tiempos de las revisiones anteriores.

“Estamos buscando apoyar al gobierno argentino para que construya sobre estos desarrollos positivos, que harán que la confianza se recupere y sentarán las bases para una recuperación”, remató el encargado de transmitir las decisiones del Fondo.

 

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La persecución judicial también es brasilera

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El medio de investigación The Intercept Brasil reveló pruebas de cómo se armó la persecución judicial a Lula en Brasil. Se trata de chats privados entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato en Brasil y que dejan expuesta sobre la mesa la imparcialidad del caso, que condujo a prisión a Luiz Inácio Lula da Silva.

The Intercept, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tuvo acceso a las conversaciones mantenidas durante años entre fiscales y jueces.

Greenwald, prestigioso investigador norteamericano y ganador del Premio Pulitzer difundió intercambios comprometedores por Telegram entre Sergio Moro, el juez que condenó a Lula y actual ministro de Bolsonaro, y los fiscales de la fuerza de tareas que diseñaron las falsedades que llevaron a prisión al ex presidente.

Con esta revelaron el Lawfare, mecanismo por el que varios líderes populares de la región son perseguidos por la Justicia, queda expuesta. Dicha filtración amenaza con hacer estallar el Lava Jato en Brasil, presentado como el mayor caso de corrupción en la vida política del país carioca. El Lava Jato llevó a Lula a prisión y facilitó el ascenso de Jair Bolsonaro, hoy presidente de Brasil.

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