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Detectan supuestas maniobras de corrupción a favor de Caputo en subasta de inmuebles en la gestión de Macri

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Aunque la administración de Juntos por el Cambio ya tiene serios problemas judiciales por supuestas maniobras de corrupción, diariamente y a pesar de la pandemia del coronavirus se le suman malas noticias en esta materia. En este caso, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elevó a la Oficina Anticorrupción (OA) un informe acerca de presuntas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional durante la anterior gestión del ex presidente Mauricio Macri.

El informe oficial, que también fue remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, relevó un total de 21 subastas sobre 54 operaciones efectuadas durante el período marzo de 2017-abril de 2018, en las cuales “se detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación”.

Las subastas auditadas, sostiene la SIGEN en un comunicado, se seleccionaron “de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación, y se determinó que en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados”.

“El total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares”, precisa el informe del organismo público.

En este mismo sentido, añadieron que “entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT”.

El dueño de Consultatio es Eduardo Costantini, un empresario que supo acercarse al macrismo pero se alejó sobre el final del mandato PRO, mientras que la “desarrolladora inmobiliaria residencial con operaciones en Argentina y Uruguay” TGLT está vinculada a Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Macri.

Como argumentación del remate de esos activos, “desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble”, agrega.

Destacó que “sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión”.

La OA, que encabeza Félix Crous, deberá ahora “definir el rumbo a seguir con estas actuaciones”, precisó la SIGEN.

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UCA: casi el 80% del AMBA está “totalmente de acuerdo” con la cuarentena por el coronavirus

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A pesar de las minorías intensas de algunos sectores del macrismo, libertarios y hasta espacios filo-nazis que militan contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio, una encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que un 98% avala la cuarentena parcial o totalmente, que el Gobierno extendió por dos semanas, mientras que la opción “en desacuerdo” sólo recolectó dos puntos de adhesión.

El trabajo de la casa de altos estudios se realizó en 500 hogares de la Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense, a través de llamados telefónicos realizados entre el 7 y el 10 de mayo.

El dato saliente del sondeo es que la cuarentena contra la que sectores públicamente reaccionarios y consumidores de noticias falsas tiene una aceptación del 98%.

De acuerdo al estudio, en tanto, el 77,7% de las personas consultadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires expresó estar “totalmente de acuerdo” con la cuarentena, un 20,3% dijo estar “parcialmente de acuerdo” y solamente 2% se mostró “en desacuerdo”, como expresan referentes políticos como Patricia Bullrich y mediáticos, como Javier Milei.

El estudio indicó que entre las personas que habitan hogares pobres, el porcentaje de adhesión total a la medida sube en promedio del 77,7 al 83,5%, mientras que para sus pares no pobres baja al 75,3%. Curiosamente, medios como Clarín y TN intentan mostrar que los sectores populares no adhieren a las medidas de aislamiento. Incluso la señal de noticias de cables utilizó imágenes de Chile para graficar protestas contra las decisiones de las autoridades que no existieron en el barrio Villa Azul, en el límite entre Quilmes y Avellaneda.

Dentro del universo del 20,3% que está parcialmente de acuerdo con el confinamiento, el 15,3% de quienes están debajo de la línea de pobreza se expresaron a favor, mientras que entre quienes están por encima de la misma línea ese porcentaje aumenta a un 22,3 por ciento.

Aquellas personas que conviven con niños mostraron una mayor adhesión al aislamiento social y obligatorio, ya que “el 80 por ciento respondió estar totalmente de acuerdo, mientras que el porcentaje descendió a 75,4 por ciento entre los hogares hogares sin niños”.

Respecto al estrato socio-ocupacional, el estudio de la UCA señala que las personas pertenecientes a los estratos medios no profesionales, obreros integrados y trabajadores marginales “muestran estar más totalmente de acuerdo (alrededor del 80 por ciento) que sus pares del estrato medio profesional”.

En lo que se refiere a las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno nacional, se registra “un considerable grado de acuerdo por parte de la sociedad”, ya que un “62,7 por ciento de las personas que viven en el AMBA se manifestaron totalmente de acuerdo con las mismas, 31,3 por ciento parcialmente de acuerdo, 3,9 por ciento en desacuerdo y 2,1por ciento totalmente en desacuerdo”.

Esos niveles de acuerdo “no tienen diferencias significativas cuando se los observan al nivel de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense”, agregó el estudio.

Respecto a la convivencia en el hogar durante la cuarentena, el 87,2 por ciento de las personas residentes del AMBA la evaluó como buena, un 11,3 por ciento la consideró regular y el restante 1,5 por ciento, mala.

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Tras fuertes cruces, el Frente de Todos logró dictamen para investigar la fuga de divisas del gobierno de Macri

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Finalmente, el Frente de Todos consiguió hoy alcanzar el dictamen para avanzar en la investigación del endeudamiento y la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri, no sin antes atravesar un fuerte debate por videoconferencia con recriminaciones cruzadas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, que incluyó gritos y hasta malas palabras por parte de un diputado del macrismo.

Después de una acalorada discusión entre el jefe de los senadores del FdT, José Mayans, y el diputado de la oposición Luciano Laspina, se aprobó un pedido de informes al Banco Central y a las autoridades económicas para investigar el retiro de divisas del país entre 2015 y 2019, con 12 votos a favor y seis en contra.

Durante el encuentro, la oposición pidió que se incluyera en la investigación ciclos de gobiernos anteriores, como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, pero el oficialismo se opuso bajo el argumento de que fue el gobierno de Macri el que dejó al país en “una situación calamitosa” como consecuencia de “una fuga de capitales exacerbada” desde el poder.

Según los fundamentos del senador Oscar Parrilli, se ponderó la necesidad de dilucidar quiénes fueron “los responsables de la fenomenal deuda que dejó el gobierno anterior” y determinar si el dinero que entró al país en ese período “no fue para pagar obras ni sueldos sino solamente para fugar capitales”.

Su compañera de bancada, María de los Angeles Sancún, incluyó en el pedido de informes que se amplíe también la investigación sobre el préstamo otorgado a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2018 y el destino de ese dinero.

En ese punto, e representación de la oposición, Laspina consideró que la investigación debería incluir “a todos los gobiernos”, incluido el de la actual vicepresidenta, ya que -según subrayó- la fuga de capitales es “un problema” argentino que “viene de décadas por “la falta de confianza en nuestra moneda”.

Laspina protagonizó una fuerte discusión con Mayans, después de que el formoseño -quien conducía el debate- le solicitara que redondeara su discurso. El dirigente macrista se molestó y le advirtió a su par que “no lo pechee, porque tenía cara, pero no era boludo”, y concluyó expresando que se sentía “limitado y coercionado”.

Mayans concedió que continuara unos minutos más con lo que definió como una “penosa intervención” pero acusó a la oposición de buscar “convulsionar” y “romper el clima” del encuentro, algo que que motivó reproches a los gritos de varios colegas de bancada de Laspina.

Cuando todo era gritos y las voces se superponían en la videoconferencia, la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, intervino para pedir que se cuiden las formas y el senador Esteban Bullrich intercedió para cederle a Laspina su tiempo en el uso de la palabra.

En el pedido de informes aprobado, los miembros de la comisión bicameral acordaron incluir, además del Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP, para que brinden detalles sobre “quienes fueron los tomadores de deuda y todos aquellos que transfirieron divisas al exterior entre 2015 y 2019”, explicó Parrilli.

“No nos interesa ir en busca de aquellos argentinos que puedan comprar dólares para resguardar valores de su trabajo”, sostuvo el senador, al explicar que el límite de quienes serán investigados será puesto en aquellos que exportaron sumas superiores a 300 mil dólares.

También se buscará dilucidar, añadió, “si hubo responsabilidad y connivencia entre aquellos funcionarios y los que fugaron ya que en muchos casos fueron fondos de inversión extranjera y si hubo algunos grupos de inversores que tuvieron información privilegiada, que compraron dólares baratos”.

El requerimiento del oficialismo fue motorizado después de un informe del Banco Central, que conduce Miguel Pesce, según el cual entre entre 2015 y 2019 la fuga de capitales superó los 86.000 millones.

Desde Cambiemos, tal como consignó Télam, el radical Martin Lousteau afirmó que “la fuga de capitales es casi una regularidad de la historia argentina con costos altísimos” y consideró que “no se puede centrar la investigación solo en los últimos cuatro años de un mandato presidencial”, sino que debería “extenderse en el tiempo hacia atrás”.

En su exposición, el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, calificó como “increíble” que “Argentina haya tropezado otra vez con la misma piedra”, en alusión al problema de la deuda externa y dijo que “seguramente lo que se sospecha de las pillerías” que hizo el macrismo “son ciertas”.

También propuso una ley especial para que “solamente se pueda contraer deuda externa con aprobación de mayoría especial de amas cámaras del Congreso”, algo que fue respaldado por miembros de ambas bancadas.

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Alberto criticó al macrismo por el “marketing” en su política carcelaria y la falta de obras en el conurbano bonaerense

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“Si somos gente digna, no podemos permitir que esta situación de desigualdad se profundice. Pero no va a haber magia del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos una suerte: en medio de tanto dolor y entre tanta pena, tenemos la suerte de que ese país más justo nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad”. La frase de Alberto Fernández define el propósito que asegura tener la gestión del Frente de Todos y fue expresada hoy por el Presidente en su discurso en un acto junto a Axel Kicillof e intendentes bonaerenses, en el que revitalizó la discusión sobre las cárceles y las condiciones de hacinamiento que convierten a los centros penitenciarios en un peligro en medio del brote de coronavirus y anunció la construcción de 12 Unidades Sanitarias en cárceles provinciales, que implicarán la creación de un total de 2 mil nuevas plazas.

En ese sentido, el mandatario sostuvo: “La pandemia dejó la muestra de la desigualdad en la que vivimos, lo primero que debe enseñarnos es que vivimos en un país injusto y ahora nadie tiene excusa de decir ‘no me di cuenta’, porque todos lo vimos”.

Por eso, según señaló, “el desafío no es mano dura o mano blanda”, ya que “encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing”, disparó en referencia a la política del gobierno anterior -con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal a la cabeza- para el sector carcelario.

“Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa”, completó Fernández.

El mandatario realizó esa reflexión minutos después de que el gobernador Kicillof anunciara la creación de un total de 2.000 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense: 650 nuevas, que se suman a las 1.350 que informó hace unas semanas.

Por este mismo aspecto y por lo que ocurre con las villas porteñas ante la pandemia del coronavirus y comienza a evidenciarse en el conurbano, con el caso testigo del barrio Villa Azul, en los límites de Quilmes y Avellaneda, una gran parte del discurso del Presidente puso énfasis en la desigualdad que se observa en la Argentina.

“Decimos vivir en un país federal, pero en los hechos actúa como unitario; con un Estado que acumula y distribuye con cierta discrecionalidad y gobiernos provinciales que toman y distribuyen con discrecionalidad. Lo que necesitamos es un sistema que distribuya a cada uno lo que corresponda”, aseguró.

Luego de esa introducción, el mandatario hizo foco en el distrito bonaerense: “Uno se pregunta por la provincia de Buenos Aires, que produce el 41% del PBI, que tiene una densidad demográfica impresionante y ha crecido como ninguna provincia en los últimos 30 años, por qué le toca lo que le toca”.

“Buenos Aires sigue recibiendo no solo habitantes del Norte sino de países hermanos, que llegan a un lugar que no tiene los recursos para poder desarrollar en condiciones de dignidad la vida de cada uno”, remarcó el jefe de Estado, con lo que también reabrió una larga discusión sobre la distribución de recursos que, antes de la Covid-19, lo tenía en una negociación con Horacio Rodríguez Larreta y la situación de privilegio en fondos que tiene la Ciudad.

El mandatario expuso que lo que ocurre “con el coronavirus, que queda concentrado en el AMBA, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y sus consecuencias”, y cuestionó a aquellos sectores que puede “ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar”.

Por eso, según Alberto, algún día habrá que sentarse a discutir “cómo hacemos para que la Argentina deje de ser un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el Norte y en el Sur; cómo hacemos para que los que están en el Norte encuentren la posibilidad de vivir, disfrutar y morir en el mismo lugar donde nacieron”.

“Ese es el desafío que la pandemia nos exige”, reclamó, y allí criticó duramente la falta de obras de infraestructura que hubo para el conurbano bonarense durante los gobiernos de Macri y Vidal, con un claro ejemplo en el mandato de Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes por Cambiemos.

“En Villa Azul (el barrio bonaerense que fue aislado) están las dos Argentinas”, advirtió el Presidente, ya que un sector de ese barrio pertenece a Avellaneda -mucho más desarrollado, con más accesibilidad a servicios- donde está “el barrio que se construyó con condiciones dignas, en el que el contagio es infinitamente menor” qen comparación con “la zona más débil de ese mismo barrio”, que pertenece al partido de Quilmes, donde hasta finales de 2019 gobernó Juntos por el Cambio y ahora conduce Mayra Mendoza, del Frente de Todos.

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