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El Gobierno le devolverá una suma multimillonaria suma a las distribuidoras de gas por la devaluación

Según lo establecido en el decreto 1053/2018 el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) calculó en 24.500 millones de pesos la compensación que el Estado nacional le abonará a las distribuidoras de gas por perdidas producto de la devaluación. La multimillonaria suma corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo del 2019.

El polémico decreto había habilitado a que se paguen compensaciones a las distribuidoras por los cambios en el tipo de cambio a pesar de que las empresas aplicaron tarifazos que las enriquecieron enormemente. A través de la resolución 735/2019 el Enargas determinó que el Estado nacional debe abonar $24.524.715.128,43 a las prestadoras por las DDA.

Según detalló Ámbito Financiero las prestadoras beneficiadas son Naturgy BAN por $4.295.600.538,99, Metrogas por $4.572.384.986,88, Camuzzi Gas Pampeana por $5.144.263.397,74, Camuzzi Gas del Sur por $3.407.375.811,45, Litoral Gas por $2.011.767.204,28, Gas Nea por $309.944.621,64, Gasnor por $778.783.460,88, Redengas por $122.300.593,11, Distribuidora de Gas del Centro por $1.898.908.387,66 y Distribuidora de Gas Cuyana por $1.983.386.125,80.

A su vez estas compañías abonarán esas diferencias a los proveedores Integración Energética Argentina (Ieasa), Tecpetrol, Total Austral, Compañía General de Combustibles, Pan American Energy, Pan American Sur, Wintershall Dea, Compañía Inversora de Energía (Cinergia), Pluspetrol, Pluspetrol Energía, YPF, Enap Sipetrol, Mobil, Pampa Energía, Vista Oil & Gas, Roch, y nuevamente la misma empresa en representación de la Unión Transitoria de Empresas denominada “Rio Cullen Las Violetas”.

A través del artículo 7 del Decreto 1053/18 el Enargas determinó que el reconocimiento de las DDA solo resultaría aplicable a aquellas prestadoras y proveedores de gas natural que adhirieran al régimen instituido y renunciaran expresamente a toda acción o reclamo.

Luego la Resolución 466/2019 aclaró que la adhesión implicaba la aceptación íntegra del régimen instituido, sin reservas de ninguna clase o naturaleza y, a la vez, la renuncia total, plena, incondicionada y definitiva a iniciar reclamos administrativos, arbitrales o judiciales de cualquier naturaleza y en cualquier jurisdicción, local o internacional. Si bien la fecha para presentar las solicitudes de adhesión era originalmente el 15 de setiembre de este año, se extendió el plazo hasta el 25 de octubre último.

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