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El peronismo se unió en el Congreso y rechazó el DNU de Macri para recuperar los bienes de la corrupción

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En una ajustada votación, la oposición se encolumnó y rechazó el decreto firmado por Mauricio Macri el 21 de enero para recuperar los bienes de la corrupción. El otro dato saliente es que el peronismo y el kirchnerismo aprovecharon la ocasión para dar una muestra de unidad y votaron en sintonía para rechazar la medida del Presidente.

Al momento de votar, tanto Cambiemos como la oposición cosecharon ocho firmas cada uno y debió desempatar Marcos Clari, hombre de La Cámpora que integra el bloque del Frente para la Victoria en Diputados. Con su voto, la balanza se inclinó para el rechazo y ahora el dictamen deberá ser ratificado en ambas Cámaras para que el decreto sea desestimado. En caso de que alguna de las dos lo rechace, seguirá en pie.

La senadora por Salta Cristina Fiore fue el voto clave para quienes rechazaron el DNU porque su postura no estaba clara antes de la sesión. Sin embargo, cuando tomó la palabra expresó: “Me preocupa el precedente que se está generando. Flaco favor le hacemos a las demandas sociales si permitimos que el Presidente legisle sobre temas que se encuentran en tratamiento en el Congreso”. La legisladora hacía referencia a que la norma está pendiente de ser tratada en Diputados luego de que el Senado la votara con cambios en agosto de 2018.

Por el lado de Cambiemos, quien defendió el decreto fue Pablo Tonelli: “La extinción de dominio era un reclamo constante del Ministerio Público y de los propios jueces. La experiencia demostró que en determinados delitos, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, no alcanza con juzgar penalmente esos delitos. Aun desde la cárcel, los propios condenados pueden disponer de esos bienes y pueden así seguir dirigiendo esas organizaciones criminales”.

Luis Petri, también del oficialismo, se mostró en sintonía y apuntó al kirchnerismo: “Quieren atar el decreto al proceso penal porque no quieren investigar los bienes de corrupción del pasado. Hay más de 250 mil millones de pesos que dependen de una acción de extinción de dominio para ser recuperados por el Estado”.

Por su parte, Anabel Fernández Agasti, del Frente para la Victoria, acusó al Gobierno de querer ocultar los problemas de la coyuntura con esta medida: “El Presidente no le tiene que cargar a la Justicia la mala política económica, financiera y social que lleva adelante el macrismo”.

El decreto firmado por Macri dispone que la Justicia civil tendrá los elementos jurídicos para agilizar la extinción de la propiedad de los bienes de delincuentes investigados por narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo, trata de personas y demás delitos graves. Tendrá una retroactividad de 20 años.

El proceso civil se iniciará una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes. Para ello, se creará una fiscalía especializada que trabajará para determinar si el patrimonio de los delincuentes está constituido en forma ilícita.

La tramitación civil del proceso es la clave, ya que acelera el trámite de la extinción de dominio en comparación con las herramientas con las que contaba el Estado hasta ahora.

No solo se tramitará en paralelo al proceso penal, sino que el juez civil podrá incautar los bienes y disponer de ellos si el imputado no logra demostrar que fueron adquiridos lícitamente, evitando las dilaciones de los procesos penales. En concreto: se invierte la carga de la prueba.

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Bielsa sostuvo que “la pandemia nos tiene que dejar una enseñanza” respecto de la inequidad social que existe en el país

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La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sostuvo que las prioridades de su cartera respecto de los barrios populares guardan relación con “el acceso a los servicios, la integración de los barrios a la trama urbana, el acceso a la salud y la mejora en la vivienda”.

La funcionaria nacional se refirió al plan Argentina Construye. “Quiero ser honesta, este plan de 29.000 millones no puede saldar una deuda histórica, pero es una oportunidad para discutir cuánta inequidad estamos dispuestos a tolerar”, dijo con énfasis la ministra al tiempo que remarcó: “No hemos logrado ni como sociedad ni como Estado trabajar en una política de consenso en este tema a largo plazo”.

Y agregó: “La pandemia nos tiene que dejar una enorme enseñanza de pensar en el equilibrio territorial, una gran oportunidad que Argentina no puede dejar pasar”.

En este sentido, Bielsa indicó que “desde que se creó el Ministerio se empezó a trabajar en esta integración urbana, y en la contingencia trabajamos con un programa para asistir a los barrios populares”.

Consultada sobre la situación de los barrios populares de la zona sur del Conurbano en el marco de la pandemia por coronavirus, la funcionaria indicó que mantuvieron reuniones con los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ya que “cada lugar requiere una solución adaptada a la necesidad de la comunidad”.

“No todas las soluciones son idénticas. Donde hay tierra disponible se puede relocalizar a la gente en el lugar, donde no hay tierra se piensa en construcción en altura”, explicó la ministra, en diálogo con Radio Continental, y agregó que “hay que adaptarse a los modos de vida, a las costumbres de cada lugar”.

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Los de Cambiemos que tienen que gestionar: “Si no hubiese habido cuarentena, hubiese ocurrido una masacre”

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Gustavo Posse, intendente de San Isidro y parte de la familia política que controla el municipio desde hace cinco décadas, destacó la importancia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires para frenar al máximo la expansión del coronavirus en el foco más fuerte de contagios en todo el territorio.

“En Villa La Cava se realizan testeos puerta a puerta. Acá hubo dos casos emblemáticos, uno fue el de un chofer de colectivos y hubo otro caso, el de una persona chilena que ingresó sin estar registrado y contagió a once personas”, manifestó el intendente en una entrevista con C5N.

Así el jefe comunal que forma parte de Juntos por el Cambio desde la Unión Cívica Radical se encargó de dar un mensaje claro al relato anticuarentena que realiza una gran parte de su espacio político. “Nosotros vamos con un matafuego donde se produjo una llamita, si no hubiese habido cuarentena, hubiese ocurrido una masacre”.

‘Es muy bueno el Plan Detectar, porque nos da oportunidad de detectar casos. Eso da resultados”, continuó y explicó que en San Isidro “no están autorizadas las reuniones familiares. Nada de frivolidades, todo dedicado al trabajo, si se permite dar una vuelta manzana”.

“A los comercios les fue muy bien, pero se cumplen las normas a rajatabla, toda la prestación es municipal. Hay una industria que está a la espera, que es el hipódromo que está en condiciones de poder correr”, cerró.

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Denunciaron a Michetti y Peña por gastos millonarios en presuntas contrataciones ilegales de empresas publicitarias

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Definitivamente, comienzan a conocerse distintos hechos y decisiones durante el gobierno de Mauricio Macri que derivan en más problemas judiciales para la administración de Juntos por el Cambio que finalizó su mandato en diciembre del año pasado: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal en la justicia federal para que se investigue la presunta contratación ilegal de cuatro empresas de publicidad por parte del ex jefe de Gabinete Marcos Peña, en una operatoria en sociedad con la Presidencia pero en ese momento a cargo de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

Según la PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, realizó hoy la presentación penal para solicitar que se indague acerca de las contrataciones que llevó adelante Peña en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a las firmas Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.

La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales. Las contrataciones cuestionadas habrían significado el gasto de, al menos, $291.000.000 que salieron del erario estatal.

Según trascendió en el portal Fiscales, el sorteo llevó el expediente al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza Jorge Felipe Di Lello.

La presentación encuentra sustento en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.

En ese sentido, la PIA consideró que las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015.

También recibieron fondos públicos de otros distritos gobernados por el macrismo para desarrollar la publicidad oficial, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.

Para lograr tal cometido, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros le sacaron la exclusividad a Télam SE para el desarrollo de la publicidad oficial a través de la modificación del decreto 984/2009. Ese hecho, aunque no figura en la presentación de la PIA, posibilitó al gobierno de Macri la chance de despedir trabajadores de la agencia pública.

Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.

Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. Habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.

También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.

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