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Elisa Carrió presentó la “Ley Góndola”: quiere evitar precios abusivos en supermercados y que haya un manual para exhibir las ofertas

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“Yo ahora me estoy por ir a acostar a las góndolas, allá abajo, para mostrarle a los supermercados como los precios más baratos me los ponen ahí”, lanzó Elisa Carrió. De repente, se agachó, hincó su cuerpo debajo de la mesa ante la atónita mirada del periodista Joaquín Morales Solá, y redobló la apuesta.

─De ahí me van a tener que levantar los dueños de los supermercados porque yo me voy a quedar ahí, acostada, en huelga─ desafió.

Esa fue la manera en la que la líder de la Coalición Cívica mostró su enojo con la inflación y los precios altos en los supermercados. El 21 de marzo, lo repitió en otro programa de TV. “Yo me estoy por ir a tirar a los supermercados”, amenazó, al denunciar cartelización en la fijación de precios.

Ahora, decidió ir un paso más allá y presentó un proyecto para instaurar una “ley de fomento de la competencia en la cadena de valor alimenticia”, que ya ha sido bautizada puertas adentro por algunos dirigentes de la CC-ARI como la “Ley Góndola”.

La iniciativa, tiene como principal objetivo evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.

Carrió quiere hasta dictar un manual para acomodar las ofertas.

La misma se condice con la denuncia que días atrás presentó el legislador lilito, Hernán Reyes, ante la falta de leche “Armonía”, la más barata del mercado y parte del programa Precios Cuidados, ante la Comisión de Defensa a la Competencia.

“La presente ley será de aplicación a la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimenticia y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso desde la producción hasta la distribución final de alimentos y productos alimenticios”, establece el segundo artículo del proyecto.

Entre los objetivos de la iniciativa, Carrió habla de “aumentar el beneficio a los consumidores”, “resguardar el equilibrio de la cadena de valor”, “contribuir a la transparencia de los precios”, “promover una mayor concurrencia de marcas” y hasta “fomentar el acceso al consumo sustentable”.

Sin embargo, su eje más concreto es que el Estado intervenga, de alguna forma, en el monitoreo y control del proceso de formación de precios en los supermercados.

Lilita Carrió viendo precios en un supermercado en 2013.

Además, el proyecto de ley crea un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país y también un observatorio de precios.

Para Carrió, esas empresas promueven a veces prácticas abusivas que afectan los precios y el consumo.

Desde hace años, este es un tema que desvela a Lilita. Según ella misma contó en reiteradas oportunidades, la ley de Defensa a la Competencia –que ella impulsó con Mario Negri– nació cuando le quisieron cobrar 6.000 pesos por un chivo.

“La podríamos llamar la ley del chivo, porque en el medio de la inflación fui a comprar un chivo y valía 6000 pesos, cuando en ojo de agua vale 600 pesos. ¡Lo pagué en dos cuotas!”, dijo en Diputados, durante la sesión en la que se aprobó la iniciativa, en la que también llamó a boicotear a los supermercados.

Ahora, con una inflación prevista en 36%, según el índice de expectativas, la líder de Cambiemos busca institucionalizar su reclamo y promete traer controversia, sobre todo porque hasta dispone la manera en que en los supermercados deben exhibir sus productos.

No sólo en qué proporción sino también de qué manera física.

“La participación en góndolas será equitativa para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales”, dice y agrega que “está prohibido pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características”.

Lilita Carrió pide productores de PyMes más visibles en los súper.

Señala Carrió: “Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta por ciento (50%) de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales”.

El artículo 29 del proyecto especifica hasta con el centimetraje exacto cómo deben ordenarse los productos. “La forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los establecimientos supermercadistas, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría”, estipula.

“Está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola, dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos”, sentencia. “Los productos de menor precio conforme la unidad mínima comparativa del artículo 30 de la presente ley, deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros”, detalla.

La líder de la CC-ARI amenaza con ir a tirarse en las góndolas a modo de protesta.

Según explicaron en la Coalición Cívica, su proyecto se basa en legislaciones similares que se aplican en el Reino Unido y en España, dos países donde la inflación interanual de 2018 no supera el 2,1%, muy lejos del 47,6% de Argentina, la marca más alta desde 1991.

 

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Bielsa sostuvo que “la pandemia nos tiene que dejar una enseñanza” respecto de la inequidad social que existe en el país

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La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sostuvo que las prioridades de su cartera respecto de los barrios populares guardan relación con “el acceso a los servicios, la integración de los barrios a la trama urbana, el acceso a la salud y la mejora en la vivienda”.

La funcionaria nacional se refirió al plan Argentina Construye. “Quiero ser honesta, este plan de 29.000 millones no puede saldar una deuda histórica, pero es una oportunidad para discutir cuánta inequidad estamos dispuestos a tolerar”, dijo con énfasis la ministra al tiempo que remarcó: “No hemos logrado ni como sociedad ni como Estado trabajar en una política de consenso en este tema a largo plazo”.

Y agregó: “La pandemia nos tiene que dejar una enorme enseñanza de pensar en el equilibrio territorial, una gran oportunidad que Argentina no puede dejar pasar”.

En este sentido, Bielsa indicó que “desde que se creó el Ministerio se empezó a trabajar en esta integración urbana, y en la contingencia trabajamos con un programa para asistir a los barrios populares”.

Consultada sobre la situación de los barrios populares de la zona sur del Conurbano en el marco de la pandemia por coronavirus, la funcionaria indicó que mantuvieron reuniones con los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ya que “cada lugar requiere una solución adaptada a la necesidad de la comunidad”.

“No todas las soluciones son idénticas. Donde hay tierra disponible se puede relocalizar a la gente en el lugar, donde no hay tierra se piensa en construcción en altura”, explicó la ministra, en diálogo con Radio Continental, y agregó que “hay que adaptarse a los modos de vida, a las costumbres de cada lugar”.

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Los de Cambiemos que tienen que gestionar: “Si no hubiese habido cuarentena, hubiese ocurrido una masacre”

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Gustavo Posse, intendente de San Isidro y parte de la familia política que controla el municipio desde hace cinco décadas, destacó la importancia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires para frenar al máximo la expansión del coronavirus en el foco más fuerte de contagios en todo el territorio.

“En Villa La Cava se realizan testeos puerta a puerta. Acá hubo dos casos emblemáticos, uno fue el de un chofer de colectivos y hubo otro caso, el de una persona chilena que ingresó sin estar registrado y contagió a once personas”, manifestó el intendente en una entrevista con C5N.

Así el jefe comunal que forma parte de Juntos por el Cambio desde la Unión Cívica Radical se encargó de dar un mensaje claro al relato anticuarentena que realiza una gran parte de su espacio político. “Nosotros vamos con un matafuego donde se produjo una llamita, si no hubiese habido cuarentena, hubiese ocurrido una masacre”.

‘Es muy bueno el Plan Detectar, porque nos da oportunidad de detectar casos. Eso da resultados”, continuó y explicó que en San Isidro “no están autorizadas las reuniones familiares. Nada de frivolidades, todo dedicado al trabajo, si se permite dar una vuelta manzana”.

“A los comercios les fue muy bien, pero se cumplen las normas a rajatabla, toda la prestación es municipal. Hay una industria que está a la espera, que es el hipódromo que está en condiciones de poder correr”, cerró.

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Denunciaron a Michetti y Peña por gastos millonarios en presuntas contrataciones ilegales de empresas publicitarias

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Definitivamente, comienzan a conocerse distintos hechos y decisiones durante el gobierno de Mauricio Macri que derivan en más problemas judiciales para la administración de Juntos por el Cambio que finalizó su mandato en diciembre del año pasado: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal en la justicia federal para que se investigue la presunta contratación ilegal de cuatro empresas de publicidad por parte del ex jefe de Gabinete Marcos Peña, en una operatoria en sociedad con la Presidencia pero en ese momento a cargo de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

Según la PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, realizó hoy la presentación penal para solicitar que se indague acerca de las contrataciones que llevó adelante Peña en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a las firmas Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.

La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales. Las contrataciones cuestionadas habrían significado el gasto de, al menos, $291.000.000 que salieron del erario estatal.

Según trascendió en el portal Fiscales, el sorteo llevó el expediente al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza Jorge Felipe Di Lello.

La presentación encuentra sustento en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.

En ese sentido, la PIA consideró que las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015.

También recibieron fondos públicos de otros distritos gobernados por el macrismo para desarrollar la publicidad oficial, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.

Para lograr tal cometido, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros le sacaron la exclusividad a Télam SE para el desarrollo de la publicidad oficial a través de la modificación del decreto 984/2009. Ese hecho, aunque no figura en la presentación de la PIA, posibilitó al gobierno de Macri la chance de despedir trabajadores de la agencia pública.

Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.

Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. Habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.

También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.

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