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Elisa Carrió presentó la “Ley Góndola”: quiere evitar precios abusivos en supermercados y que haya un manual para exhibir las ofertas

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“Yo ahora me estoy por ir a acostar a las góndolas, allá abajo, para mostrarle a los supermercados como los precios más baratos me los ponen ahí”, lanzó Elisa Carrió. De repente, se agachó, hincó su cuerpo debajo de la mesa ante la atónita mirada del periodista Joaquín Morales Solá, y redobló la apuesta.

─De ahí me van a tener que levantar los dueños de los supermercados porque yo me voy a quedar ahí, acostada, en huelga─ desafió.

Esa fue la manera en la que la líder de la Coalición Cívica mostró su enojo con la inflación y los precios altos en los supermercados. El 21 de marzo, lo repitió en otro programa de TV. “Yo me estoy por ir a tirar a los supermercados”, amenazó, al denunciar cartelización en la fijación de precios.

Ahora, decidió ir un paso más allá y presentó un proyecto para instaurar una “ley de fomento de la competencia en la cadena de valor alimenticia”, que ya ha sido bautizada puertas adentro por algunos dirigentes de la CC-ARI como la “Ley Góndola”.

La iniciativa, tiene como principal objetivo evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.

Carrió quiere hasta dictar un manual para acomodar las ofertas.

La misma se condice con la denuncia que días atrás presentó el legislador lilito, Hernán Reyes, ante la falta de leche “Armonía”, la más barata del mercado y parte del programa Precios Cuidados, ante la Comisión de Defensa a la Competencia.

“La presente ley será de aplicación a la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimenticia y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso desde la producción hasta la distribución final de alimentos y productos alimenticios”, establece el segundo artículo del proyecto.

Entre los objetivos de la iniciativa, Carrió habla de “aumentar el beneficio a los consumidores”, “resguardar el equilibrio de la cadena de valor”, “contribuir a la transparencia de los precios”, “promover una mayor concurrencia de marcas” y hasta “fomentar el acceso al consumo sustentable”.

Sin embargo, su eje más concreto es que el Estado intervenga, de alguna forma, en el monitoreo y control del proceso de formación de precios en los supermercados.

Lilita Carrió viendo precios en un supermercado en 2013.

Además, el proyecto de ley crea un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país y también un observatorio de precios.

Para Carrió, esas empresas promueven a veces prácticas abusivas que afectan los precios y el consumo.

Desde hace años, este es un tema que desvela a Lilita. Según ella misma contó en reiteradas oportunidades, la ley de Defensa a la Competencia –que ella impulsó con Mario Negri– nació cuando le quisieron cobrar 6.000 pesos por un chivo.

“La podríamos llamar la ley del chivo, porque en el medio de la inflación fui a comprar un chivo y valía 6000 pesos, cuando en ojo de agua vale 600 pesos. ¡Lo pagué en dos cuotas!”, dijo en Diputados, durante la sesión en la que se aprobó la iniciativa, en la que también llamó a boicotear a los supermercados.

Ahora, con una inflación prevista en 36%, según el índice de expectativas, la líder de Cambiemos busca institucionalizar su reclamo y promete traer controversia, sobre todo porque hasta dispone la manera en que en los supermercados deben exhibir sus productos.

No sólo en qué proporción sino también de qué manera física.

“La participación en góndolas será equitativa para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales”, dice y agrega que “está prohibido pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características”.

Lilita Carrió pide productores de PyMes más visibles en los súper.

Señala Carrió: “Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta por ciento (50%) de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales”.

El artículo 29 del proyecto especifica hasta con el centimetraje exacto cómo deben ordenarse los productos. “La forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los establecimientos supermercadistas, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría”, estipula.

“Está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola, dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos”, sentencia. “Los productos de menor precio conforme la unidad mínima comparativa del artículo 30 de la presente ley, deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros”, detalla.

La líder de la CC-ARI amenaza con ir a tirarse en las góndolas a modo de protesta.

Según explicaron en la Coalición Cívica, su proyecto se basa en legislaciones similares que se aplican en el Reino Unido y en España, dos países donde la inflación interanual de 2018 no supera el 2,1%, muy lejos del 47,6% de Argentina, la marca más alta desde 1991.

 

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Duro comunicado de la Asociación de Magistrados contra las amenazas de Alberto Fernández

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A través de un duro comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó las declaraciones del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien aseguró que en el futuro, jueces y camaristas iban a tener que explicar sus resoluciones.

“En tono descalificante y en forma amenazante aseguró que próximamente varios magistrados federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales”, señala el comunicado de la asociación que preside el juez Marcelo Gallo Tagle.

Al respecto, la entidad, que reúne a unos 3 mil jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios de juzgado, sostiene que “ese tipo de expresiones, a más resultar impropias dentro de un Estado de Derecho y de pretender permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria -en evidentes instancias pre electorales-, cuentan con al agravante de haber sido proferidas por un abogado ex funcionario de altísimo rango que se ha desempeñado como titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Durante una entrevista con el canal NET, Fernández había asegurado que “algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno“.

Además, había revelado que está escribiendo un libro “para exponer a los magistrados”.

Por otro lado, y en el mismo texto, los magistrados también apuntaron contra el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había cuestionado a los jueces de la Corte Suprema por su actuación en relación con el juicio contra Cristina Kirchner.

“Consideraciones de similar factura le caben a las declaraciones del actual Jefe de Gabinete de Ministros. Así, mas allá de que su forma resultó más cuidada, sus apreciaciones publicas se proyectan sobre funciones propias de un Poder del Estado, cuya independencia es de la esencia constitucional de la República”, señala el texto.

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Intriga, sorpresas y traiciones, tras una jugada audaz que salió mal

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La historia lo demuestra: “los amigos del campeón” se multiplican de inmediato y con la misma proporción que el tamaño del triunfo. Del otro lado de la moneda, se sabe que “la derrota es huérfana”. Difícilmente los ahora desorientados jueces de la Corte Suprema de Justicia puedan escapar de esa inapelable jurisprudencia. Más bien todo lo contrario: en las próximas horas, algunos de sus colegas de Comodoro Py harán conocer la primera factura tras el fallido intento por aliviar el frente judicial de Cristina Kirchner.

La primicia de Clarín respecto a la audaz jugada de la Corte para fulminar el primer juicio oral a la ex presidenta -difundida en la tarde del martes- complica los desprolijos intentos del jueves para tratar de reescribir la historia con el resultado puesto.

Al grano: encabezados por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -los dos líderes políticos del máximo tribunal-, cuatro de los cinco jueces enviaron ese día una breve nota al Tribunal Oral Federal 2, que ya estaba ultimando detalles para la primera audiencia del juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del contratista K Lázaro Báez, ganador a través de su abanico de firmas de 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

Con la abstención del presidente formal del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aquella notita pedía el original del expediente, que supera los 70 cuerpos. Nada más. Ni menos: a una semana del juicio, esa intervención procesal “ralentizaría” el proceso, en palabras textuales de una fuente de máxima confianza de uno de aquellos dos cortesanos. El 21 de mayo no habría audiencia.

Unas horas antes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -el tribunal de apelaciones inmediatamente inferior a la Corte- había rechazado los tres últimos recursos de Cristina y de Carlos Kirchner, el detenido primo del ex presidente también acusado en este caso. Esa decisión despejaba el último escollo para iniciar las audiencias.

Entonces aparecieron Lorenzetti y Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Y la confesión de que el pedido del expediente para analizar nueve quejas procesales sin respuesta cuanto menos demoraría el juicio, sin plazos por supuesto. Una señal política de altísimo voltaje, que también buscaba destinatarios entre los jueces federales que tienen las demás causas contra Cristina.

Ese mismo martes, casi en simultáneo, durante una entrevista televisiva Alberto Fernández -un diurno doctor Jeckyll que promete mesura e institucionalidad, pero que luego se torna míster Hyde con bravatas que barren aquel olivo- dio la lista de jueces que “van a tener que explicar” sus investigaciones sobre la viuda de Kirchner: Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Una enumeración quirúrgica que el jueves también tuvo su respuesta desde la Asociación de Magistrados.

Pero entonces, lo inesperado: una copiosa lluvia de críticas por parte de magistrados, constitucionalistas, asociaciones profesionales, funcionarios públicos y sobre todo en las calles y redes sociales, que olían el inconfundible perfume de la impunidad.

Los jueces del TOF 2, que en principio se habían resignado a la suspensión del juicio, de pronto se animaron a borrar esa frase del escrito que enviaba la causa a la Corte. “Que paguen el costo ellos”, dijeron a este diario cerca del tribunal. Bajo fuego, los cortesanos intentaron desmentir su intención de beneficiar a Cristina. Falso: preparando la sigilosa movida, el portal de noticias de la Corte había omitido publicar el llamado a acreditaciones para la audiencia del 21, que el TOF2 le había enviado la semana pasada. Lo hizo el jueves.

 

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El peronismo de La Pampa va por la reelección y elogia a Cristina Kirchner

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Sergio Ziliotto competirá el domingo contra el radical Daniel Kroneberger por la gobernación de La Pampa y todo indica que retendrá el poder para el peronismo. Elogió a Cristina Fernández de Kirchner.

“El domingo se juegan dos modelos; es el proyecto de (Carlos) Verna o el modelo de (Mauricio) Macri”, resumió el diputado nacional.

“Es momento de defender este modelo de provincia que hemos llevado adelante entre todos, y que tiene como eje de las políticas públicas el bienestar y la calidad de vida de todos los pampeanos”, insistió en declaraciones radiales.

“El gobernador ha tenido la sabiduría de hacer una unidad que convocara a todos los sectores”, destacó respecto de Carlos Verna, quien debió dar un paso al costado en una eventual carrera reeleccionista debido a una enfermedad.

Además, en diálogo con el porta Letra P fue contundente con respesto a CFK: “Macri lo hizo; Cristina en la provincia mide un 50%”.

“En La Pampa, Verna tiene una imagen positiva del 80% mientras que Macri llega al mismo escalón pero de negativa”, sentenció.

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