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domingo, marzo 7, 2021
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En plena pandemia, Gerardo Morales echó a 62 inmigrantes latinoamericanos sin kit sanitario ni decirles el destino

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales echó a 62 inmigrantes latinoamericanos cuya situación era legal y ni siquiera se sabe cuál es el destino al que los obligó a ir, todo en plena pandemia de coronavirus.

El gobierno del dirigente radical que integra la alianza opositora Cambiemos decidió echar de la provincia de Jujuy y trasladar de manera compulsiva e intempestiva a 62 migrantes, entre ellos familias enteras con chicos, a partir de subirlo sin opciones a un micro.

Algunas de las personas habían llegado a la Argentina a mediados de marzo para radicarse aquí y se encontraban, en su mayoría en La Quiaca. Otras tenían intención de volver a sus países justo antes del cierre de fronteras. Estaban alojadas en un hotel y un comedor, en La Quiaca y San Salvador de Jujuy, todos en situación migratoria regular, según la misma publicación, y habían cumplido con las medidas de aislamiento social y pasado por los controles de salud.

Sin embargo, ayer por la mañana, en pleno contexto de pandemia del COVID-19, fueron obligadas a subir a un micro sin explicación alguna y con destino incierto. En teoría, llegarían a la Ciudad de Buenos Aires, cosa que se confirmó al cierre de la nota.

Las 62 personas, todas, en un mismo ómnibus con 30 horas de viaje por delante donde no recibieron ni siquiera un kit de cuidado e higiene. Al llegar a la Ciudad, autoridades del gobierno y el SAME reconocieron la situación e informaron que la justicia investigará qué fue lo que ocurrió y qué ocurrirá con ellos en función su situación migratoria. También se señaló que una mujer tendría fiebre.

Tres organizaciones (Andhes, Cels y Caref) presentaron un habeas corpus donde plantean que es una situación de privación ilegal de la libertad en la que además se expuso a las personas a trasladarse por las rutas, atravesar siete provincias y llegar al principal foco de la pandemia. “La orden es ilegal e irregular”, dice la presentación.

El martes por la noche este grupo, que incluye migrantes de Perú, Venezuela y Colombia, se enteró que sería trasladado, les gustara o no. No se les explicó ni por qué eran expulsadas de allí ni hacia donde las llevarían. Algunas están incluso dentro de un dispositivo de asistencia humanitaria que incluye el alojamiento y alimentación a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Agencia Adventista de Desarrollo y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).

El habeas corpus pone de relieve que se trata de un traslado forzoso a una ciudad que es foco de contagio, sin alternativa ni condiciones de alojamiento ni acceso a alimentos en plena cuarentena y sin ninguna clase de garantías durante el viaje. El objetivo de la medida judicial era: “Que la justicia analice esta situación, que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad, y genere las medidas necesarias para conocer las razones del desplazamiento y que se orden, a través de un mecanismo que cuente con la participación de las autoridades nacionales y provinciales así como de las personas interesadas y sus representadas cuáles son las mejores medidas de protección de los derechos (…) y si la mejor medida es un traslado se aseguren entonces las condiciones y garantías mínimas y necesarias (…) para que puedan desplazarse sin ser retenidos, demorados o dejados” en algún “punto de control”, “que durante todo el trayecto se tomen todas las medidas de prevención manteniendo el distanciamiento entre las personas”, “impidiendo que viajen hacinadas” y que se les suministren “viandas y kits de higiene”, además de señalar el lugar de llegada, se les “garantice alojamiento y cobertura de las necesidades de alimentación”.

El juez federal Eduardo Hansen rechazó la presentación con el argumento de que ninguna de las personas afectadas es oriunda de Jujuy y que no tienen ánimo de vivir allí. Ahora las organizaciones trabajan en una apelación urgente.

El CELS señaló en un comunicado que además de afectar la libertad de circulación de los 60 migrantes se los obliga a “cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican ni avalan este tipo de medidas”.

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