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domingo, febrero 28, 2021
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Es ley la obligación de brindar información de las personas o entidades que brindan servicios de internación o cuidado domiciliario

El Poder legislativo sancionó la Ley 3074-G que establece para toda persona humana o jurídica que desarrolle servicios de internación domiciliaria o cuidado domiciliario la obligación de brindar información, y que tiene como autores a los diputados justicialistas Enrique Paredes, Hugo Sager y Liliana Spoljaric.

Concretamente, la norma establece “para toda persona humana o jurídica que desarrolle servicios de internación domiciliaria o cuidado domiciliario en el territorio provincial y contrate personal para provisión de prestaciones propias de la actividad, bajo cualquier forma o denominación que se le dé a la relación de trabajo, a través de  profesionales del arte de curar o de enfermería o cuidadores domiciliarios, la obligación a brindar información de conformidad a la presente ley”. A propuesta del diputado Luis El Halli Obeid, se incluyen los servicios de emergencia, urgencias, traslados y prehospitalarios.

 

En primer lugar especifica la obligación de informar al paciente: “toda empresa prestataria de servicios de internación o cuidado domiciliario deberá suministrar al paciente o a un miembro de su grupo familiar por consanguinidad, afinidad o persona de apoyo en los términos de la legislación de fondo, al inicio del servicio así como toda modificación de la prestación, una constancia con la nómina de personal idóneo o técnico o profesional clasificados por tipo de prestación que será brindado en el domicilio acorde a las necesidades del paciente y planificación horaria para la provisión del servicio”.

 

Además, establece la obligación de informar a entidades: “toda empresa prestataria de servicios de internación domiciliaria deberá informar de manera trimestral a la obra social u otra entidad de medicina prepaga del paciente con cobertura asistencial, la plantilla de personal y cantidad de prestaciones provistas clasificadas por mes, prestatarios que realizaron la atención y pacientes afiliados que recibieron el servicio”.

 

En cuanto a la información laboral determina que idéntica información establecida en el artículo referido a entidades, “deberá ser suministrada a requerimiento de la Dirección Provincial del Trabajo dependiente de la Secretaría de Empleo y Trabajo o de la Entidad Sindical con personería gremial que nuclea a los trabajadores del sector” y que “en caso de omisión, reticencia o deficiente exhibición de la información suministrada por la Empresa a solicitud de la Dirección Provincial del Trabajo o de la Entidad Sindical con personería gremial, se considerará incursa en infracción y, en consecuencia, será pasible de las sanciones establecidas por la ley 998-L (antes ley 4600)”.

 

La Ley establece también que el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación y a efectos de optimizar el cumplimiento de lo establecido en la misma, implementará, concentrará y coordinará de manera independiente una base entrecruzada de datos que contenga el asiento de los sujetos alcanzados por esta ley.

 

Asimismo, el registro que se habilite se constituirá como órgano receptor de denuncias administrativas que, eventualmente, se formulen por transgresiones a los deberes de información consagrados en esta norma, “las que serán derivadas a los organismos pertinentes a efectos de promover los procedimientos sancionatorios que correspondan de conformidad a la normativa vigente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda caberles a sus responsables por el mismo hecho”.

 

Los fundamentos en el Recinto

 

El diputado Hugo Sager, explicó: “el presente proyecto surge de la necesidad de transparentar la información destinada a favorecer a la persona, al paciente o familiares de dicho paciente que es objeto de los cuidados, si bien las empresas tienen que estar para brindar este servicio autorizado por la dirección de fiscalización sanitaria donde además de lo administrativo presenta a los profesionales y personal que va a llevar adelante, no siempre, el paciente o familiares tienen acceso al conocimiento de quienes llevan adelante esta tarea”.

 

“Lo que pretendemos es que las empresas estén obligadas a brindar información y que todas las personas tengan acceso a la misma, que sea transparente, visible, segura, y que se sepa que los profesionales y el personal idóneo está en condiciones de brindar ese servicio” enfatizó, “y por otro lado las entidades, deba informar de manera trimestral a la obra social, o de medicina prepaga, a la cual está adherido el paciente que tenga esa cobertura, la plantilla del personal y cantidad de prestaciones previstas clasificadas por mes, que los prestatarios estén identificados”.

 

“Y finalmente un tema no menos importante, la información laboral, la misma información que pedimos tenga acceso el paciente y las entidades también lo tengan las entidades que tienen relación laboral con las empresas, con la dirección provincial de trabajo y la entidad sindical con personería gremial que agrupa a estos trabajadores” destacó.

 

“Esto que ha sido discutido en la comisión ha llevado a posiciones que parecían encontradas y que fueron acercándose al establecerse que la verdadera voluntad del proyecto es la cobertura del paciente en sus derechos, de las instituciones que contratan a estos servicios (obra social o prepagas), y al trabajador “manifestó y agradeció “a la comisión y su presidente, y reconocer la tarea de los dirigentes gremiales de APSA, que prestan este tipo de servicio”.

 

El diputado Enrique Paredes, expresó “en total de acuerdo con Sager, como si bien esto se trata de un tema de seguridad para los pacientes, quiero destacar que es de gran importancia para los trabajadores también”.

El titular de la Comisión de Salud, Luis El Halli Obeid, felicitó al gremio “porque tengo entendido que la iniciativa nace de ellos, de haberle acercado a Sager, Spoljaric y Paredes esta inquietud, cómo no estar de acuerdo cuando hablamos de ampliación de derechos tanto para el paciente como para el trabajador”.

 

También observó que “para aquellos que no tengan información sobre internación domiciliaria, a partir del 2002 está en el programa médico obligatorio, las obras sociales tienen la obligatoriedad de prestar este servicio, que fue pensado como prestación para enfermedades crónicas, está demostrado que esta prestación bajó el 40 por ciento de los gastos de lo que llamamos medicina hospitalaria, por lo tanto, nadie duda, que esto es el futuro, es una alternativa joven a los viejos problemas de salud, descomprime el sistema, disminuye la tasa de infección intrahospitalaria, y democratiza la atención médica”.

 

“Quiero recordar que todos los empleadores tienen la obligación de dar la nómina del personal en forma mensual, o cada vez que haya cambios, por eso me preguntaba si no estamos ante un caso de sobrelegislación, era mi visión. De ninguna manera quiero que se interprete que esto es una negativa, me parece que se puede aprovechar esta buena propuesta para tratar de ampliar la mirada en la protección y ampliación de derechos tanto del paciente como del personal involucrado, es un buen debate el que podemos hacer, y me encantaría ver un sistema de incentivos para que todas las empresas también cuiden a su personal de esta manera” señaló.

 

 

Otorgan asignación por incompatibilidad a las autoridades superiores de la Administración Tributaria Provincial

 

El parlamento chaqueño sancionó por unanimidad con fuerza de ley Nº 3075-A la modificación del artículo 21 de  la Ley 1850 F, instrumento por el cual otorgan una asignación por incompatibilidad total al personal superior de la Administración Tributaria Provincial.

 

Para su cumplimiento se reformó el artículo 21 de la citada norma quedando establecido que “Las autoridades superiores y el personal de la Administración Tributaria Provincial, percibirán a partir del 1 de Agosto de 2.019 una asignación especial por incompatibilidad total, de carácter mensual, remunerativa y no bonificable, equivalente al 40% a aplicarse sobre el Sueldo Básico, el Complemento Básico y el Suplemento Remunerativo vigente del cargo que revisten”.

 

Para ello autorizan al Ejecutivo Provincial a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo anterior.

 

Por ley es obligatorio el servicio de asistencia a personas con discapacidad en locales comerciales
El Parlamento Chaqueño sancionó la normativa legislativa 3077-G la que convierte en obligación para  todos los locales comerciales de la Provincia, cuyo modo de funcionamiento sea la de autoservicio, de contar con un servicio de asistencia a personas con discapacidad.

La nueva normativa que fue impulsada por la titular de la Legislatura, Elida Cuesta y recibió el acompañamiento por unanimidad del Cuerpo en su última sesión ordinaria, dispone que el  servicio de asistencia residirá en el acompañamiento personalizado a las personas con discapacidad que lo requiera; brindándole asistencia en correlación a los precios de los productos, ofertas y/o promociones vigentes, así como también, en el acceso al producto cuando éste no esté a su alcance.

Además establece que los comercios, deberán disponer de personal de su plantel apropiadamente capacitado y deberán poner a la vista carteles y/o dispositivos que indiquen la existencia del servicio.

Para ello, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco (IPRODICH), será el organismo responsable de efectuar los mecanismos apropiados con el fin de brindar un espacio de capacitación a los efectos de resolver las solicitudes y/o inquietudes que estimen los comercios.

 

Chaco Adhirió a la ley nacional que regula el Sistema de Prevención Integral de eventos por  Muerte Súbita

Los diputados sancionaron con fuerza de ley 3078- Gla adhesión de la Provincia del Chaco a la ley nacional Nº 27159, que regula el Sistema de Prevención Integral de eventos por  Muerte Súbita.

Vale recordar que la norma nacional define que se considera resucitación cardiopulmonar, desfibrilación, lugares cardioasistidos, cadenas de supervivencia y asigna a la autoridad de aplicación funciones de promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación;  la concientización por parte de la población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;  el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;  la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa en el nivel comunitario.

También de coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP – Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de promoción y capacitación en las técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y superior; Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA; establecer las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de contenidos referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los deportistas; Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional; promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los desfibriladores, su correcta utilización y mantenimiento y definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de acceso público establecidos.

El tema fue analizado en el marco de la comisión de Salud que dio dictamen favorable a esta iniciativa que fue presentada por la diputada (MC) Viviana Damilano Grivarello.

 

Establecen obligatoriedad de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en todos los establecimientos públicos

 

Además de la sanción este miércoles de la adhesión ala Ley nacional que regula el Sistema de Prevención Integral de eventos por  Muerte Súbita; el Poder legislativo aprobó por unanimidad la ley 3079-Gque tiene por objeto la instalación de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en los espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

Específicamente, la Ley establece “la obligatoriedad de instalar y poner en  funcionamiento  un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en todos los establecimientos públicos y estatales en los que circulen o permanezcan 100 o más personas y en aquellos establecimientos donde se desarrollen actividades físicas o deportivas de cualquier tipo”.

 

La autoridad de aplicación deberá capacitar al personal que estará a cargo del Desfibrilador Externo Automático (DEA) en forma técnica para el uso del mismo y promover el entrenamiento y formación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP), de conformidad con las leyes 1990-G (antes 6915) y 2111-G (antes 7213), para responder con las primeras medidas de auxilio claves para salvar una vida.

 

Además, la Autoridad de Aplicación deberá: determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo para la instalación del Desfibrilador Externo Automático; establecer un cronograma para la progresiva implementación del Desfibrilador Externo Automático comenzando por los establecimientos de mayor concurrencia; determinar los lineamientos para la capacitación del personal estipulada en la ley.

 

También se encargará de realizar la promoción y difusión masiva en los distintos medios de comunicación respecto de la presente ley; informar en los establecimientos donde se instalará el (DEA), a través de  carteles o instructivos, el procedimiento a seguir para la utilización del mismo a los fines de que el público conozca  lo que se debe hacer en caso de un paro cardíaco; y establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor implementación de la ley.

 

A tales fines podrá suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y sobre utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA) dirigido al  personal encargado del manejo del mismo, de  acuerdo a los parámetros exigidos.

 

Cambiaron la escala de bonificación por título que alcanza a Secretarios del Consejo de la Magistratura

 

La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley Nº 3080-A modificando así  la norma de bonificación por título 378-A que llega a Secretarios del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento a iniciativa de los legisladores Carmen Delgado y Ricardo Sánchez.

 

Los nuevos porcentajes establecido en el texto normativo, contenido en el artículo 4  de la mencionada ley original, asciende al  65% para el Nivel I- Categoría 1(Secretario General  del Consejo de la Magistratura) y Categoría 2 (Secretario Relator de Sala- Secretario Jurado de Enjuiciamiento) y 60 % para el Nivel I- Categoría 3 (Secretario de Primera Instancia) de la Jurisdicción 40: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.

 

“Consideran  un acto de estricta justicia, sostener el sentido de equidad en las remuneraciones de Magistrados, Funcionarios y Agentes, como basamento fundamental de la instancia perseguida con la presente, posibilitando con esto que cargos de mayor nivel escalafonario por un lado y  por otro, cargos para los cuales la exigencia de título universitario es condición sine qua non para su  desempeño; sean reconocidos remunerativamente dada la identidad y concordancia con los requisitos instituidos en la Ley 378-A” detallaron los  autores.

 

Y expresaron que “cuando para el ejercicio de una función en el Poder Judicial, Tribunal Electoral, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, esté establecido como requisito indispensable poseer título universitario” detallaron en los  fundamentos de la iniciativa.

 

Aprueban la expropiación del terreno destinado al santuario animal “Osvaldo y Liliana Vignau”

 

Impulsada por el diputado Ricardo Sánchez se sancionó como Ley 3081-A la declaración de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación, de un inmueble ubicado en el Departamento San Fernando, con destino al Santuario Animal Liliana y Osvaldo Vignau.

 

En los fundamentos el autor señala que “el presente proyecto de ley surge a partir de la solicitud de la Asociación Civil “Liliana Bernardi Viuda de Vignau”, de convertir el predio donde funciona el “Santuario Animal Osvaldo y Liliana Vignau”, ubicado a la vera de la Ruta 11, Km 995, en la ciudad de Resistencia en reserva ecológica natural. Atento que dicho predio se encuentra comprendido dentro de los Sitios Ramsar, protegidos por la Unesco por ser una de las últimas reservas de aguas dulces y bosque natural, hábitat de miles de animales salvajes en vías de extinción”.

 

“Los Humedales Chaco, Sitio Ramsar, comprenden un área de 508. 000 hectáreas, ubicados en la franja oriental de los Departamentos San Fernando, 1 de Mayo y Bermejo, siendo el límite sur el paralelo 28 que separa las provincias de Chaco y Santa Fe” explica.

 

Asimismo, señala que “los sitios Ramsar son humedales designados como áreas protegidas por la importancia que revisten como hábitat de aves acuáticas migratorias y de fauna y flora características; como reguladores de los regímenes hidrológicos y porque constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo”.

 

“Teniendo en cuenta este marco, es que la Asociación Civil “Liliana Bernardi Viuda de Vignau”, solicita la creación de una reserva natural ecológica provincial para administrarla y custodiarla” remarcan, “la citada asociación, reconocida por su larga trayectoria en el cuidado y protección de animales autóctonos a partir de la creación de un santuario animal, plantea contribuir a la conservación de los humedales, evitando todas las actividades que modifiquen las características naturales o que amenacen disminuir su capacidad biológica, con excepción de aquellas destinadas a su control”.

 

“A su vez, proyecta prohibir el uso extractivo de recursos naturales y su aprovechamiento bajo cualquier forma vinculada a la caza, la pesca o cualquier actividad que viole o modifique el ecosistema del área protegida, con excepción de las estrictamente educativas y científicas. La Asociación tiene programado la creación en un futuro de la Universidad Ecológica “Osvaldo Vignau” en dicho predio” agrega.

 

Legisladores repudiaron el Golpe de Estado en Bolivia

 

 

El Poder Legislativo aprobó una Resolución por la que expresa enérgico repudio y condena “el Golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el gobierno democrático y constitucional del Presidente Evo Morales Ayma y Vicepresidente, Álvaro García Linera”.

 

Además, rechazan las declaraciones del embajador Argentino en Bolivia “que niega que lo sucedido sea un Golpe de Estado”.

 

Asimismo, expresan “solidaridad con el pueblo boliviano ante los actos de violencia, persecución y saqueo, que padecen en estos momentos con el objeto de consolidar la interrupción del orden institucional; lo que representa una amenaza a la estabilidad y convivencia democrática en toda la región latinoamericana”.

 

Insta, además, a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos a realizar las acciones pertinentes con la finalidad garantizar la paz y democracia en la hermana república.

 

Las expresiones en el Recinto

 

La diputada justicialista Andrea Charole expresó su “repudio a la persecución de Evo Morales, quiero llevar a los hermanos un mensaje de paz y resistencia a las políticas neoliberales, son tiempos difíciles para América Latina”.

 

Su par del bloque Scalabrini Ortiz de FORJA, Gladis Cristaldo adhirió a las expresiones “en relación al Golpe de Estado producido en Bolivia que precipitó la renuncia de Evo Morales” y pidió el ingreso y tratamiento del proyecto 4522/19 referido al tema.

 

Aurelio Diaz, por su parte, expresó “el Partido Obrero convoca a una movilización de esta Cámara a repudiar el Golpe de Estado”.

 

El diputado del PJ Ricardo Sánchez, se sumó “a todas estas expresiones en contra del Golpe de Estado en Bolivia, me parece bueno que esta Legislatura exprese el repudio y la condena del Golpe de Estado”.

 

Desde el Frente Grande, Daniel Trabalón acompañó las expresiones y sumó otro proyecto de resolución para que se acumule “entendiendo que el objetivo principal es que la Legislatura y los partidos condenemos y repudiemos este Golpe de Estado, lo que debe estar por encima de todo es la decisión de resguardar el orden democrático en América Latina entendiendo que es un valor que debemos defender y que es una responsabilidad de todos los sectores democráticos”.

 

El diputado de la UCR Alejandro Aradas, en tanto, manifestó: “no hay peores enemigos de la democracia que los demócratas que quieren malversar este sistema, yo estoy en contra de cualquier tipo de golpe militar y estuve leyendo mucho sobre la situación de Bolivia” el legislador habló de la prohibición de la reelección indefinida en la Constitución Boliviana y señaló: “no justifico el accionar de la policía boliviana pero si me duele que algunos demócratas confundidos en el sostenimiento del poder utilicen algunos métodos que se relacionan mas con  épocas oscuras en Latinoamérica”.

 

La legisladora del bloque radical Claudia González sostuvo: “este tema nos compete a todos, pero voy hablar por la voz de mi pueblo indígena porque esto traspasa lo que es pertenecer a un partido político, estoy dolida cuando podemos ver en los medios nacionales e internacionales a nuestra bandera que representa al pueblo indígena quemada, pisoteada, sentimos que estan haciendo un exterminio sistemático a las comunidades indígenas, duele ver que corren en las calles al pueblo indígena, mujeres, ancianos, siendo que nuestros ancestros no nos enseñaron ese legado, sino el de la paz social y eso debemos llevarlo como bandera”.

 

La diputada María Elena Vargas remarcó: “sería ingenuo admitir que en un país donde hoy su presidente está asilado por temer por su propia vida y al que el Ejército le pide su renuncia no sea un golpe de Estado.Es necesario este pronunciamiento fuerte desde el Poder Legislativo” subrayó y agregó “porque es contra la intervención militar  hacia gobiernos populares que fueron elegidos en forma democrática”. La legisladora resaltó la posición de México que dio asilo político y ofreció a Evo Morales la condición de refugiado, como así los pronunciamientos fuertes de los países que calificaron la situación como un “golpe de Estado” sin eufemismos. Para concluir reconoció “nos cuesta mucho todavía vivir en la diversidad, es real el odio racista, discriminador, intolerante manifestado por quienes actúan en el golpe a Evo”.

 

El presidente del Bloque Justicialista, Hugo Sager, remarcó “lo que está sucediendo con esta Bolivia que duele es un Golpe de Estado que ha hecho que su presidente y vicepresidente estén asilados en otro país, ante la pasividad de algunos países latinoamericanos entre ellos el Gobierno argentino; condenamos el golpe de estado , abogamos para que el Poder Ejecutivo se pronuncie en tal sentido, nos congratulamos que el Congreso se convoque para expresarse, y aplaudimos que el presidente electo fue el que mas se expresó”.

 

Diputados conmemoraron el día provincial de la mujer indígena

 

El día Provincial de la Mujer Indígena, se instituyó por la ley 2395-W en homenaje a Melitona Enrique, última sobreviviente mujer de la “Masacre de Napalpí”, cuyo fallecimiento en el año 2008 el 13 de noviembre.

 

El tema fue puesto a consideración en el Recinto de Sesiones, por la diputada justicialista María Elena Vargas, quien recordó que “el  día 13 de noviembre, fue la fecha que se incorporó en el calendario escolar, como ‘Día Provincial de la Mujer Indígena’, pero que en mismo sentido se determinó que los organismos públicos y descentralizados deben incorporar la conmemoración en recuerdo de Melitona, quien falleció un jueves 13 de noviembre del año 2008, con 107 años partió y en su memoria, por ley se instituyo el día de la mujer indígena, y sus restos se encuentran en el cementerio del Aguará en Colonia Aborigen” detalló Vargas y  solicitó se trasmita un video que plasma la historia de Melitona.

 

En esta línea se manifestó la legisladora Andrea Charole, quien consideró oportuna la fecha para además “enviarles  mi saludo a las hermanas Mocoví,Wichi,Qom” y recordó “sabemos que no fue fácil para nosotras, mucho hemos luchado para poder estar en espacio de poder, como este caso que ocupo un lugar de representación en la Legislatura” y sumó su voz  para pedir justicia por  los casos de femicidios que “tienen como victimas a nuestras mujeres indígenas y es necesario ‘justicia’” interpeló Charole.

 

Los diputados Gladis Cristaldo y Daniel Trabalón sumaron expresiones de acompañamiento a las palabras vertidas por sus pares en conmemoración a la mujer indígena en homenaje a Melitona Enrique.

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