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Escándalo: intervinieron el Correo de Macri por sospechas de que esconde y brinda información trucha a la justicia

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En medio de la campaña electoral en que Juntos por el Cambio busca dar vuelta la paliza de las PASO prácticamente bajo la bandera de la República y la lucha contra la corrupción, se conoció una determinación judicial que es un escándalo para esos intereses del oficialismo: la jueza en lo comercial Marta Cirulli decidió intervenir Correo Argentino SA, la empresa residual de la familia Macri a la que el presidente Mauricio Macri intentó condonarle una deuda con el Estado calculada a 2033 en $ 70 mil millones, porque sospecha que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus cuentas, en el marco de una investigación por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990.

Así lo reveló el portal Letra P a través de un artículo de Sebastián Lacunza. Según la nota, la justicia se encontró con que la empresa que tuvo en concesión el correo estatal entre 1997 y 2003 impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios, particularmente sobre su vínculo con dos firmas vinculadas con los Macri: Socma y Sideco Americana.

La decisión de Cirulli significa que un interventor coadministrará por al menos un mes la empresa residual de correos para revisar sus gastos y acceder a la documentación que la firma de los Macri negó al juzgado, indicaron las mismas fuentes, o aquella que brindó de forma confusa. Después de esos 30 días, la intervención podría profundizarse o levantarse.

La medida, tal como explicó el mismo medio, supone un giro en la causa, ya que hasta el momento la jueza no había avanzado en la investigación del supuesto vaciamiento de Correo Argentino, denunciado en 2017 por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin.

Boquín, que fue atacada por funcionarios del oficialismo y por medios de prensa casi al unísono, denunció que la firma, hoy una empresa sin actividad, fraguó pagos y cedió fondos a Socma y Sideco, empresas de los Macri, a la vez que contrató a consultoras y estudios de abogados allegados a funcionarios y legisladores del macrismo. Un verdadero escándalo.

El objetivo de la maniobra habría sido esmerilar las cuentas de la empresa residual en detrimento de sus acreedores reales, además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).

La sospecha de Boquín recibió, en abril pasado, el respaldo de las camaristas María Lila Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, en lo que también representó un giro del tribunal de apelaciones. Además de los supuestos desvíos de fondos, el ardid denunciado habría consistido en privilegiar a ciertos acreedores con el pago de honorarios para lograr su anuencia en el levantamiento del concurso.

El expediente que origina la intervención es un desprendimiento del expediente nacido por el eterno concurso preventivo del Correo que luego renació gracias al intento de autocondonación escandaloso impulsado por Macri. Desde la disparada judicial de esos hechos, el concurso de acreedores se encuentra inmerso en un loop de apelaciones y pedidos de nulidades que llegaron hasta la Corte Suprema.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo tiene lo más retenido posible otro expediente que investiga un presunto fraude en perjuicio de la administración pública. En esa causa ya fueron indagados el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y su ex subalterno en la eliminada cartera de Comunicación, Juan Manuel Mocorea.

Desde un principio, el Gobierno hizo todo lo posible por esconder datos y atacar a los elementos judiciales y políticos que querían investigar. El primer fiscal que investigó el caso en el fuero federal, Juan Pedro Zoni, fue desplazado del cargo por el procurador eternamente interino Eduardo Casal, mientras que el primer procurador del Tesoro designado por Macri, Carlos Balbín, fue despedido tras haber elaborado un dictamen crítico de la gestión de Aguad. Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, afín a la Unión Cívica Radical (UCR) y ex abogado del Grupo Macri. Obviamente, los abogados del correo también intentaron apartar a Boquín.

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“Reperfilamiento”: Rossi adelantó que “lo razonable es analizarlo después de las elecciones”

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El titular de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (FpV)-PJ, Agustín Rossi, sostuvo que en torno al “reperfilamiento de la deuda” su bancada haya dado un visto bueno. De esta manera, desestimó las versiones que indicaban que si ya había acuerdo. “Conmigo nadie acordó nada, y soy el presidente del bloque”, remarcó el diputado por Santa Fe.

En diálogo con Futurock, remarcó que si desde el oficialismo “hablaron con alguien, no lo hicieron con el FpV, así que no hay ningún tipo de compromiso con esa iniciativa”.

“Nadie se acercó a acordarlo con nosotros y nuestro único compromiso es con la situación económica que viven los argentinos, lo que hay que analizar con mesura y prudencia”, enfatizó.

Respecto de la iniciativa del Ejecutivo que alcanza a bonos por una suma superior a los 29.000 millones de dólares, sostuvo que “según una primera mirada, tiene algunos artículos a analizar”. En este sentido, remarcó que “lo razonable es tratarlo después de las elecciones, ya que además se trata de vencimientos del año que viene”.

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En plena crisis: Macri le puso fecha y hora a su primera caravana electoral

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Mauricio Macri ya no está pensando en gobernar y, a pesar de la profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, puso fecha y ahora a la primera “Marcha del #SíSepuede” que hará para intentar dar vuelta la contundente derrota que sufrió en las Paso.

Con la idea de recorrer 30 ciudades del país en 30 días, la primera movilización de la militancia macrista convocada por el Pesidente se hara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo dió a conocer el mismo día que el Indec reveló que la desocupación volvió a los dos dígitos en Argentina.

La novedad es que esta vez no se realizará ni en el Obelisco, ni en el Congreso Nacional, ni en Plaza de Mayo. El lugar elegido para el 28 de septiembre a las 17 hs es Barrancas de Belgrano, un barrio de alto poder adquisitivo al norte de la Ciudad donde el Jefe de Estado tiene un importante núcleo duro de votantes.

“La Marcha comienza el sábado 28 de septiembre a las 17:00 en Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires. Si estás cerca, venite. Marchamos para ganar. Yo voy. Si alguien te dice que no se puede, vos decile: ¡Sí, se puede!”, anunció Macri en redes sociales tras describir como se realizarán los eventos”.

“Vamos a hacer 30 encuentros en 30 ciudades para expresar en paz y con alegría quiénes somos, cuánto queremos lo que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a luchar. A estos encuentros los llamamos La Marcha del #SíSePuede, la forma en que salimos a ganar la elección”, argumentó.

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El Gobierno salió a responder a la denuncia de Vila contra Macri, pero sin desmentir la extorsión presidencial

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El escándalo sin techo que se desató entre Juntos por el Cambio, los medios y la justicia por la denuncia de nada más y nada menos que Daniel Vila acerca de que Mauricio Macri lo habría extorsionado para que el empresario mediático entregara al Estado el espectro radiofónico que ostentaba de manera que el Presidente pudiera dárselo al Grupo Clarín, ahora tiene el capítulo con la respuesta del Gobierno.

El mandatario encargó la contestación al ministro de Justicia, Germán Garavano; y al vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra: curiosamente, ambos solamente intentaron bajarle el precio a la acusación al llamarla “manifestaciones contradictorias” y se dedicaron a explicar el proceso técnico y judicial en cuestión, pero no negaron el apriete y la extorsión que Macri habría llevado a cabo sobre Vila.

El primero en tuitear fue Garavano: “Ante los dichos de Vila contra Mauricio Macri considero que se trata de manifestaciones contradictorias, poco rigurosas, de tinte político y personal, sin entidad penal”.

Como si funcionaran en tándem, poco después de la publicación del titular de Justicia, se sumó Ibarra, que citó los dichos de su compañero de Gabinete y abrió un hilo que solamente se dedica a discutir la versión de Vila respecto del proceso licitatorio de las frecuencias pero nada dice sobre la grave acusación que provocó que el fiscal Guillermo Marijuan realizara una denuncia de oficio y pidiera abrir una investigación para analizar las posibles extorsiones.

“Estas frecuencias fueron otorgadas por el gobierno anterior y nunca fueron pagadas por el Grupo Vila. Nuestro gobierno las recuperó y forman parte del futuro proceso licitatorio, para empresas nacionales y regionales, que está en vías de instrumentación”, tuiteó Ibarra, citando los dichos de Garavano.

Luego, convirtió a ese tuit en un hilo con 8 publicaciones más en las que recorre las resoluciones de la gestión kirchnerista y de la administración macrista, así como los pasos que se fueron dando en la justicia, hasta concluir que “este espectro -el que motiva la denuncia de Vila- recuperado por falta de pago de Arlink, y liberado en septiembre de 2017, forma parte de las frecuencias que -en virtud del Decreto 58/19- el Estado Nacional prevé incluir en concursos para adjudicación de espectro tanto para operadores regionales como nacionales”.

No obstante, lo llamativo de las respuestas de Garavano, que ayer dijo que no pone “las manos en el fuego” por el mandatario ante las denuncias de corrupción que pesan sobre él, e Ibarra es que no niegan las posibles extorsiones denunciadas por Vila contra Macri.

El empresario de medios denunció públicamente en el programa Animales Sueltos que el Presidente lo extorsionó para que entregrara al Estado el espectro radiofónico que ostentaba, porque el líder PRO tenía a ese espectro prometido para el Grupo Clarín, que encabeza Héctor Magnetto.

Ante esto, el fiscal Marijuan realizó una denuncia y pidió abrir una investigación para analizar las posibles extorsiones denunciadas por Vila. El expediente cayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de la magistrada María Romilda Servini.

“El Presidente lo mandó a Aguad a meterme una denuncia penal”, acusó el dueño del Grupo América en diálogo con Alejandro Fantino, que fue llamado como testigo por Marijuan. También aseguró que más tarde, cuando se llegó a un acuerdo, el Jefe de Estado le escribió vía chat para informarle que había dado instrucciones al procurador para que desistiera de dicha denuncia, lo cual implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial.

Vila redobló la apuesta y adelantó que tiene “capturas” de pantalla de teléfono celular certificadas por escribano que demuestran sus dichos.

 

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