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sábado, febrero 27, 2021
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Escándalo: la carta de la ONU por el “plan sistemático” de Macri para apretar jueces y armar una justicia a la carta

A contramano del sentido que pretende instalar Juntos por el Cambio según el cual su gestión mejoró la independencia judicial en la Argentina, el mundo parece ser que observa de forma diferente ese punto de quienes gobernaron durante los últimos 4 años: es que por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas reiteradas en el país sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y le envió una carta al Ejecutivo nacional pidiéndole explicaciones acerca de un presunto “plan sistemático y estructural” de persecución a jueces y fiscales que no respondían a los designios de la Casa Rosada y por la conformación de una justicia a la carta.

Tras una presentación formal de los abogados de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS), la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán le dio un plazo de 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones. Por la cantidad de tiempo disponible, se abre un interrogante acerca de si Macri responderá el grave problema internacional que se le presenta o si pateará la responsabilidad del Estado argentino para Alberto Fernández.

El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

“Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones”, dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

“PLAN SISTEMÁTICO” PARA APRETAR JUECES Y ARGUMENTOS “FIABLES”

“Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano”, señala la carta del relator García-Sayán. Y explica: “Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.

La carta, además, aclara que “la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.

En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, el Estado deberá hacerlo de igual modo, pero bajo la jefatura de Fernández.

En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa, teniendo en cuenta que el peronismo denunció constantemente este tipo de política judicial del macrismo: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento de la Justicia adicta PRO, sino irregularidades consideradas como serias nada más y nada menos que por la ONU.

El expediente resultante no será vinculante, como habitualmente pasa con los documentos del organismo internacional, pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese caso sí sería grave la situación para el país en el futuro, y particularmente para Macri y sus funcionarios del área.

Particularmente, la ONU le reclama al Gobierno argentino “atención urgente” para la información que recibió “respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”.

Lo interroga a partir de una denuncia sobre “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

CUÁLES SON LOS HECHOS EN QUE EL MACRISMO SE METIÓ ILEGALMENTE CON LA JUSTICIA

García-Sayán, en el artículo que publicó el portal El Cohete a la Luna, no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos precisos relacionados con medidas puntuales para que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.

Los principales escándalos de la intervención del Ejecutivo de Macri a la justicia enumerados, entre otros, por la ONU:

-La intervención política en el Consejo de la Magistratura a partir de una mayoría política trucha en el mismo desde la designación de Pablo Tonelli en 2016. A partir de esa situación, hubo persecución a la oposición y, entre otras cuestiones, paralización de concursos a funcionarios judiciales no afines, entre otras cosas.

-El ataque a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En cuanto a este tema, la ONU afirma que el gobierno presionó y amenazó la estabilidad del Ministerio Público y Fiscal, con campañas conducidas con la participación de los diarios La Nación y Clarín.

-La designación ilegal del juez Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

-La designación ilegal del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal.

-La designación ilegal del Juez Lepoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional federal.

-Los aprietes y persecución constante a los jueces y abogados del Fuero Laboral.

-La manipulación de Fiscales en la Causa del “Correo Argentino”.

-Los ataques puntuales contra el juez federal Alejo Ramos Padilla. La ONU sostiene que la investigación del juez generó una fuerte reacción negativa por el gobierno nacional.

-Injerencia general del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

-Se menciona el caso específico de los magistrados que cuestionaron la constitucionalidad de los aumentos de los servicios públicos fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento.

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