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Escuchas ilegales, al estilo del PRO

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Como se había anticipado, la Coalición Cívica y Elisa Carrió se presentaron ayer a la justicia pidiendo que se investiguen audios que, según ellos, “demostrarían” que la denuncia contra Carlos Stornelli se armó dentro del penal de Ezeiza, con el protagonismo de los ex funcionarios del kirchnerismo. Lo más grave es que la denuncia se basa en escuchas ilegales realizadas a los presos y que la CC y Carrió tratan ahora de blanquear. Queda claro que están interfiriendo las conversaciones de los detenidos con sus abogados, amigos y parientes, algo que viola todos los derechos y convenios internacionales. Se sigue la tradición del macrismo sobre el espionaje ilegal: el Presidente asumió imputado por escuchar, con dinero del Estado, a víctimas del atentado contra la AMIA y a su propio cuñado. Aún así, las escuchas no demuestran ni remotamente que la denuncia contra Stornelli se haya armado en la cárcel.

La vergonzosa presentación de la CC–Carrió parte de un clásico: la diputada dice que recibió un sobre anónimo en el que estaban las escuchas. El relato –por trillado– casi mueve a risa. El próximo paso es que luego dirán que había una escucha telefónica autorizada en otra causa, seguramente por drogas, y “casualmente” se cruzaron con esos diálogos. En lugar de destruirlos porque no se corresponden con lo que se investigaba, como indica la ley, igual usaron las escuchas que la diputada quiere blanquear.

Cronológicamente, la primera conversación es del 17 de enero, entre el diputado del Parlasur Eduardo Valdés y el detenido ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. O sea que, además, espían a un legislador: espionaje político si los hay. Parece que Valdés le dijo a Schiavi algo así como “se viene el Stornellipuff”.

El diálogo no tiene nada anormal y menos algo que sirva para probar que se armó en la cárcel. El pedido de extorsión a Etchebest se produjo el 7 de enero, o sea que esta conversación fue diez días después, por lo que Valdés perfectamente podía estar al tanto de que se iba a hacer la denuncia. Etchebest trabajó en Enarsa durante el gobierno kirchnerista y no sería sorprendente que le haya comentado lo que estaba viviendo a personas y abogados de esa franja política. Pero Valdés además aclaró que la expresión no estaba referida a la investigación de Ramos Padilla, sino a la fallida operación de presentar como arrepentido al ex secretario de los Kirchner, Isidro Boudine, que había naufragado justo el día anterior.

La otra escucha ilegal es del 1 de febrero y es un diálogo entre el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta, y un ex funcionario kirchnerista, Carlos Zelkovicz. En el diálogo hablan de la denuncia contra Stornelli, no saben qué actitud va a tomar el juez Alejo Ramos Padilla ni qué medidas adoptará. Como ya se dijo, la extorsión se concretó mucho antes, el 7 de enero, pero además la denuncia se presentó el 28 de ese mes, es decir antes del diálogo entre Baratta y Zelkovicz.

No hay nada anormal en que 25 días después de la extorsión y tres días después de que sea puesta a conocimiento del juez, Baratta esté al tanto de la denuncia que presentó un empresario que, además, estuvo en el área de energía.

El intento de legitimar escuchas ilegales, que además no prueban ninguna conducta criminal, naufraga ante los videos, los whatsapp, las fotos, los audios y hasta el reconocimiento del supuesto operador de Stornelli de que pidió los 300.000 dólares y ya había cobrado 15.000.

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Duro revés para el gobierno nacional: la Corte Suprema obligó al Estado a pagarle $15 mil millones a la provincia de San Luis

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El Máximo Tribunal dio lugar a la causa original de 2015, en la que se reclamaban retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP: discriminado, son $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador; la suma redondea los 15 mil millones mencionados.

La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la mayoría del tribunal que es independiente del PRO.

A esta altura, ya están quienes se plantean si fue acertada la idea del asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón de reemplazar de manera intempestiva, antes de que finalice su mandato, a Ricardo Lorenzetti de la presidencia del Máximo Tribunal de la República.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al presidente Mauricio Macri.

La decisión no es una buena noticia para el gobierno nacional en un contexto de ajuste para reducir el déficit. Sobre todo porque, próximamente, la Corte podría resolver sobre el caso Santa Fe (otra de las provincias que reclama), por un monto que rondaría los 45.000 millones de pesos.

Satisfacción puntana

El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, celebró el fallo: “Es un momento muy importante para la provincia; tras 10 años de litigar, finalmente la Corte Suprema define el monto que adeuda el Estado Nacional”.

“Esperamos que el gobierno nacional tenga la responsabilidad institucional y respeto por el federalismo y se disponga a hablar con nuestra provincia para acordar el mecanismo de pago de esta deuda”.

Por su parte, Eduardo Mones Ruiz (ministro de Gobierno puntano), remarcó que esto obliga a que la deuda se cancele de manera inmediata: “Es un fallo muy bueno que demuestra que la provincia de San Luis tenía razón”.

Un conflicto de vieja data

Esta sentencia le suma otro capítulo a una vieja disputa: en noviembre de 2015 -sobre el epílogo de la presidencia de Cristina Kirchner-, la Corte Suprema consideró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); según el gobierno puntano, en su caso, la Nación no le restituyó los fondos.

En noviembre del año pasado, el Máximo Tribunal también le había ordenado al Estado nacional que le devolviera los fondos coparticipables a la provincia de La Pampa.

 

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Lousteau sobre las PASO en Cambiemos: “Hay un espacio que merece tener representatividad”

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El diputado Martín Lousteau se encuentra en la comitiva que viajó con Mauricio Macri a la India. El líder de ECO pidió “más amplitud” y añadió que “hay un espacio muy grande que merece tener representatividad dentro de una coalición”.

El economista que fue parte del Gabinete de Cristina Kirchnery pieza clave de la “Ley 125” que generó el conflicto entre ese Gobierno y el campo en 2008 sostuvo que “habla con Alfredo Cornejo”, titular de la UCR, y que le reclamó al actual Gobierno que acepte una interna en las PASO.

Lousteau, que en las últimas semanas suena como posible candidato de la UCR, agregó sobre esa fuerza política: “Le estoy proponiendo que tenga un debate más profundo de cuál es la mejor contribución que puede hacer el partido dentro de una coalición”.

En charla con Clarín y La Nación desde la India, Lousteau hizo referencia al actual Gobierno: “Creo que el gran desafío que tenía y sigue teniendo era eliminar la posibilidad de caer en un populismo”.

Asimismo, añadió que “si hay un actor que le puede ganarle al peronismo, lo obliga a tener una propuesta y no a esperar una crisis”. Finalmente, sobre ese desafío al que él mismo referencia, el ex embajador de Estados Unidos desde 2015 y 2017 agregó: “Todavía estamos discutiendo el pasado y con la ex presidenta”.

 

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En otra larga declaración, Manzanares dijo que el socio de Máximo Kirchner era “el López Rega de Néstor”

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Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, volvió hoy a Comodoro Py para ampliar su declaración como arrepentido. Lo hizo durante ocho horas ante el fiscal Carlos Stornelli, declaración en la que contó las maniobras de lavado de dinero en el rubro hotelero que llevó adelante el matrimonio presidencial desde el 2006.

También apuntó a la figura de Osvaldo Bochi Sanfelice, el socio de Máximo Kirchner. Según pudo saber Infobae, Manzanares lo describió como “el López Rega de Néstor”.
La declaración de Manzanares se concretó hoy en el quinto piso de los tribunales federales. Hasta allí llegó el contador a las 9 de la mañana desde la sede policial en dónde se encuentra alojado desde que la semana pasada firmó un acuerdo de protección con el Ministerio de Justicia, tras su declaración en el marco de la causa de los cuadernos.

Manzanares está procesado con prisión preventiva en el capítulo de lavado de dinero que apunta a la figura de Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial que compró propiedades y empresas en la Argentina y los Estados Unidos por sumas millonarias.

El contador está preso desde el 2017 por orden del juez Claudio Bonadio en la causa Los Sauces. Ese expediente ya fue elevado a juicio y tramita ante el Tribunal Oral Federal número 5. En esa investigación no podía obtener ningún beneficio como arrepentido.

Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio de Máximo Kirchner

Mientras tanto, la investigación en la causa Hotesur, en la que también está procesado, ya está a punto de cerrarse para también ser enviada a juicio. Manzanares ya hizo gestiones ante el fiscal Gerardo Pollicita para poder declarar como arrepentido en ese expediente, ya casi clausurado.

La causa de los cuadernos y la investigación sobre el dinero que manejó Daniel Muñoz le permitió a Manzanares ahora romper el silencio. Ya había declarado dos veces ante el fiscal Stornelli para firmar el acuerdo de colaboración, que finalmente selló en la noche del jueves 7.

También amplió su declaración cuando pidió ingresar al programa de protección de testigos e imputados colaboradores. Y volvió a hablar hoy ante el fiscal durante ocho horas. Llegó con un cuadernito qué le hacía de ayuda memoria, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.

De la declaración, que permanece bajo reserva a la espera de que el juez Claudio Bonadio la homologue, trascendió que Manzanares habló de cómo se hacía el mecanismo de recaudación y lavado de dinero a través de los hoteles.

Incluso aseguró que el negocio de los Kirchner en el rubro de los hoteles había empezado en el 2006 y no en el 2008, como se pensaba. Dio entender además que no sólo Lázaro Báez y Cristóbal López hacían este tipo de operatorias.

Según indicaron las fuente consultadas, Manzanares también habló del Bochi Sanfelice, A quién describió como una suerte de “López Rega de Néstor”.

Cerca de las 18 Manzanares terminó su exposición. Sus abogados Roberto Herrera y Alejandro Baldini se retiraron de la reunión mientras Manzanares volvía a quedar bajo supervisión policial. Era el fin de una jornada agotadora.

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