El fiscal, Héctor Valdivia, imputó a tres de los cuatro detenidos en el marco de la investigación por el femicidio de Liliana Belén Gauna. Uno de ellos fue liberado el viernes de la semana pasada.

Ese mismo día, Valdivia tomó declaración de imputado por el delito de “homicidio agravado y femicidio” a los detenidos Oscar “Cachorrito” Alberto Romero de 31 años, a Carlos Gabriel “Mojo” Gómez de 36 y a Rubén “Porqui” Edgardo Romero de 40 años, quienes se abstuvieron de declarar, y luego fueron notificados de que se les dictó prisión preventiva. En tanto que a Ramón “Linyera” Benítez de 36 años, el fiscal le concedió la libertad, aunque deberá presentarse ante una dependencia policial cada 30 días ya que sobre él pesa la imputación por “encubrimiento”.

UNA TESTIGO CLAVE

Según trascendió en los últimos días, una testigo habría sido clave para determinar quienes fueron y en qué circunstancias murió Liliana Belén Gauna.

En su declaración como testigo, una joven confirmó que la noche del 11 de julio, fecha en que desapareció Liliana, la vió ingresar a una casa en el barrio Molinos, de Vilelas. En ese momento, la joven asesinada estaba con Rubén Romero, minutos más tarde, él salió de la casa, pero ella no.

La mujer vio a la víctima acostada en una cama de una pieza de aquel rancho, desnuda desde la cintura hacia abajo y “parecía muerta”, cita su declaración.

Sin embargo, debido a amenazas de Romero, la testigo tardó varios días en dar aviso de lo que había visto. Hasta que no pudo más, y se presentó en la comisaría de Vilelas a contar lo que había visto.

EL CASO
Liliana Belén Gauna, de 18 años, fue denunciada como desaparecida de su hogar de la localidad de Puerto Vilelas el 11 de julio.

El cuerpo de Belén fue encontrado el 20 de julio, a las 17, empleados de la Municipalidad de Vilelas en inmediaciones del edificio donde funcionaba la fábrica de Molinos Río de la Plata.

La familia de Angelina Cáceres, la niña asesinada a fines de 2018, aún espera por la realización de la audiencia de debate que había sido fijada para junio de este año y que, a causa de la pandemia de coronavirus, no pudo llevarse a cabo.

La elevación a juicio de la causa fue requerida en junio del 2019 y su familia esperaba que pueda comenzar en diciembre o al menos luego de que terminara la feria judicial en marzo, sin embargo, la fecha que puso la Justicia para realización de la primera audiencia fue el 15 de junio de este año. En el medio de todo esto, ocurrió la emergencia sanitaria ante el brote de coronavirus y cesaron las actividades judiciales con excepción de las que se consideran más urgentes.

Ahora, el abogado Juan Díaz, quien representa al padre de la niña, explicó que solicitaron a la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia la reprogramación de las audiencias de debate que estaban fijadas para junio y no pudieron realizarse. “Hicimos una presentación pidiendo que se fije una nueva fecha, pero todavía no contestaron nada”.

En esta primera audiencia de debate se presentarán testigos y se presentarán las pruebas del caso para que el tribunal pueda debatir y evaluar la culpabilidad del único detenido por el caso, Jorge Ramón Peralta.

Peralta se encuentra actualmente con prisión preventiva y es el único acusado de cometer el crimen de la niña de 13 años, el 30 de junio del año pasado se fugó de la Comisaría de Laguna Limpia donde estaba alojado, pero el 2 de agosto se entregó. Se encuentra imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real con femicidio y homicidio doblemente agravado.

Se presento la plataforma digital “APC” de la Policía del Chaco, que se pone en marcha este mismo lunes para que las usuarias y los usuarios puedan realizar trámites que habitualmente se realizan en las comisarías, de manera virtual.

Así, a través de la página antecedentes.chaco.gov.ar se podrán emitir en principio certificados de domicilio y certificados de buena conducta, así como actas de información sumaria. Si bien la plataforma funcionará las 24 horas los 365 días del año, los trámites serán procesados los días hábiles desde las 00 hasta las 17. Para comenzar un trámite se deberán cargar los datos, imprimir la solicitud de pago y respaldar la información con imágenes como fotos de frente y dorso del DNI. Una vez emitido el certificado deberá ser impreso dentro de las 24 horas.

Es que de esta manera, la Policía podrá también descongestionar los ámbitos de atención al público, economizar recursos y destinar agentes abocados a la confección de certificados o actas, a otras funciones preventivas del delito.

Se resaltó el hecho de no haber generado gastos, ya que se utilizaron los servidores existentes en la división. “Lo bueno es que podemos quitar esta responsabilidad que tenían las comisarías. Es un desafío, la ciudadanía va a poder acceder de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo”, aseguró.