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Politica

Hubo acuerdo: los jueces designados a partir de 2017 empezarán a pagar Ganancias en enero

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En una reunión encabezada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se llegó a un acuerdo para que los jueces designados a partir de 2017 empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias a partir del mes de enero de 2019.

El Gobierno llegó a un entendimiento con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados y reglamentará la ley que obliga a los nuevos jueces a pagar Ganancias.

“Con el diálogo de todos los actores logramos un acuerdo histórico con el Poder Judicial para que finalmente se cumpla con la ley y empiecen a pagar Ganancias. Los magistrados entienden el esfuerzo que estamos haciendo todos para lograr una verdadera transformación judicial”, sostuvo Garavano.

A partir del acuerdo, la Asociación de Magistrados retirará mañana la acción legal que había presentado en contra de la medida. Así se lo confirmaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia.

Las fuentes oficiales destacaron el papel que jugó Ricardo Recondo, presidente del Consejo de la Magistratura, para alcanzar una solución a un tema que había tensado la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno.

La semana pasada, el flamante titular de la Asociación de Magistrados, Hernán Monclá (juez de la Cámara Comercial) le había advertido al Gobierno que no buscara “ahondar” un enfrentamiento con el Poder Judicial “para lograr una mejora en su imagen a costa del derrumbamiento de la nuestra” o “una herramienta de presión” siguiendo “intereses subalternos”.

“Si la solución que se pretende desde la política consiste en echar por tierra la tranquilidad económica mínima que debe asistir a quien asume la difícil tarea de disponer del honor, la libertad y la propiedad de sus semejantes, lejos de propiciar una solución claramente estaríamos generando un nuevo inconveniente”, aseguró.

Diez días antes, la Corte Suprema de Justicia que había rechazado una medida cautelar de la Asociación de Magistrados para evitar que a los nuevos integrantes del Poder Judicial les descontaran el impuesto a las Ganancias. Muchos creen que detrás de esta decisión hay un intento latente del oficialismo por extender el pago de ese tributo al resto de los sueldos de tribunales.

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Internacional

Noruega confirmó “contactos preliminares” con las partes para buscar una “solución pacífica” a la crisis en Venezuela

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Las autoridades noruegas confirmaron su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el régimen venezolano y la oposición que resuelva la crisis en la que se encuentra el país sudamericano.

“Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en un comunicado.

Oslo elogió los “esfuerzos” de las partes y mostró su disposición a seguir apoyando “la búsqueda de una solución pacífica”.

El jefe del Parlamento de Venezuela y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, al que reconocen más de 50 países, había confirmado el jueves los contactos en medio de una reunión de gremios.

Nicolás Maduro con militares (REUTERS)

“Sí, hay unos enviados a Noruega (…) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, aseveró.

La televisión pública noruega NRK había adelantado que los contactos entre las dos partes se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.

La delegación del régimen de Nicolás Maduro la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez; mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el ex diputado Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, según ese medio.

Los nombres de la oposición fueron mencionados por Guaidó, si bien el régimen venezolano no ha hecho declaración oficial.

Guaidó, que hace dos semanas encabezó un breve alzamiento militar que el Gobierno calificó de golpe de Estado, matizó que “no hay ningún tipo de negociación”, sino la respuesta a la llamada de Noruega en su “esfuerzo” por “una mediación que tiene meses”.

Juan Guaidó (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Para el líder opositor, la iniciativa “viene a abonar en el proceso” de buscar una salida a la crisis y parte de un “país que quiere colaborar”, y explicó que esa mediación es similar a la que han hecho España, Canadá o el Grupo Internacional de Contacto (GIC), formado por países de América Latina y la Unión Europea (UE).

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, gobierno y oposición se sentaron a la mesa de diálogos en República Dominicana, si bien las conversaciones no fructificaron y el oficialismo terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario y que no han sido reconocidas por parte de la comunidad internacional.

A diferencia de otros países del continente, Noruega -que no forma parte de la Unión Europea- no reconoce a Guaidó como presidente interino, aunque sí le ha mostrado su apoyo y ha pedido diálogo y nuevas elecciones.

La ministra de Exteriores, Ine Eriksen Søreide, dijo en enero que su país mantenía “diálogo” con las partes y que les había ofrecido ayuda para impulsar un proceso político “cuando y si lo desean”.

Noruega ha ejercido como facilitador en una veintena de procesos de diálogo en las últimas décadas, como el que llevó a la firma de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos o las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC.

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Nacional

Duro comunicado de la Asociación de Magistrados contra las amenazas de Alberto Fernández

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A través de un duro comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó las declaraciones del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien aseguró que en el futuro, jueces y camaristas iban a tener que explicar sus resoluciones.

“En tono descalificante y en forma amenazante aseguró que próximamente varios magistrados federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales”, señala el comunicado de la asociación que preside el juez Marcelo Gallo Tagle.

Al respecto, la entidad, que reúne a unos 3 mil jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios de juzgado, sostiene que “ese tipo de expresiones, a más resultar impropias dentro de un Estado de Derecho y de pretender permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria -en evidentes instancias pre electorales-, cuentan con al agravante de haber sido proferidas por un abogado ex funcionario de altísimo rango que se ha desempeñado como titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Durante una entrevista con el canal NET, Fernández había asegurado que “algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno“.

Además, había revelado que está escribiendo un libro “para exponer a los magistrados”.

Por otro lado, y en el mismo texto, los magistrados también apuntaron contra el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había cuestionado a los jueces de la Corte Suprema por su actuación en relación con el juicio contra Cristina Kirchner.

“Consideraciones de similar factura le caben a las declaraciones del actual Jefe de Gabinete de Ministros. Así, mas allá de que su forma resultó más cuidada, sus apreciaciones publicas se proyectan sobre funciones propias de un Poder del Estado, cuya independencia es de la esencia constitucional de la República”, señala el texto.

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Nacional

Intriga, sorpresas y traiciones, tras una jugada audaz que salió mal

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La historia lo demuestra: “los amigos del campeón” se multiplican de inmediato y con la misma proporción que el tamaño del triunfo. Del otro lado de la moneda, se sabe que “la derrota es huérfana”. Difícilmente los ahora desorientados jueces de la Corte Suprema de Justicia puedan escapar de esa inapelable jurisprudencia. Más bien todo lo contrario: en las próximas horas, algunos de sus colegas de Comodoro Py harán conocer la primera factura tras el fallido intento por aliviar el frente judicial de Cristina Kirchner.

La primicia de Clarín respecto a la audaz jugada de la Corte para fulminar el primer juicio oral a la ex presidenta -difundida en la tarde del martes- complica los desprolijos intentos del jueves para tratar de reescribir la historia con el resultado puesto.

Al grano: encabezados por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -los dos líderes políticos del máximo tribunal-, cuatro de los cinco jueces enviaron ese día una breve nota al Tribunal Oral Federal 2, que ya estaba ultimando detalles para la primera audiencia del juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del contratista K Lázaro Báez, ganador a través de su abanico de firmas de 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

Con la abstención del presidente formal del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aquella notita pedía el original del expediente, que supera los 70 cuerpos. Nada más. Ni menos: a una semana del juicio, esa intervención procesal “ralentizaría” el proceso, en palabras textuales de una fuente de máxima confianza de uno de aquellos dos cortesanos. El 21 de mayo no habría audiencia.

Unas horas antes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -el tribunal de apelaciones inmediatamente inferior a la Corte- había rechazado los tres últimos recursos de Cristina y de Carlos Kirchner, el detenido primo del ex presidente también acusado en este caso. Esa decisión despejaba el último escollo para iniciar las audiencias.

Entonces aparecieron Lorenzetti y Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Y la confesión de que el pedido del expediente para analizar nueve quejas procesales sin respuesta cuanto menos demoraría el juicio, sin plazos por supuesto. Una señal política de altísimo voltaje, que también buscaba destinatarios entre los jueces federales que tienen las demás causas contra Cristina.

Ese mismo martes, casi en simultáneo, durante una entrevista televisiva Alberto Fernández -un diurno doctor Jeckyll que promete mesura e institucionalidad, pero que luego se torna míster Hyde con bravatas que barren aquel olivo- dio la lista de jueces que “van a tener que explicar” sus investigaciones sobre la viuda de Kirchner: Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Una enumeración quirúrgica que el jueves también tuvo su respuesta desde la Asociación de Magistrados.

Pero entonces, lo inesperado: una copiosa lluvia de críticas por parte de magistrados, constitucionalistas, asociaciones profesionales, funcionarios públicos y sobre todo en las calles y redes sociales, que olían el inconfundible perfume de la impunidad.

Los jueces del TOF 2, que en principio se habían resignado a la suspensión del juicio, de pronto se animaron a borrar esa frase del escrito que enviaba la causa a la Corte. “Que paguen el costo ellos”, dijeron a este diario cerca del tribunal. Bajo fuego, los cortesanos intentaron desmentir su intención de beneficiar a Cristina. Falso: preparando la sigilosa movida, el portal de noticias de la Corte había omitido publicar el llamado a acreditaciones para la audiencia del 21, que el TOF2 le había enviado la semana pasada. Lo hizo el jueves.

 

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