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Interpol emite una alerta roja por Alberto Samid: “Prófugo buscado para un proceso penal”

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El dirigente justicialista Alberto Samid , acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos ligados a su actividad como productor ganadero, empresario frigorífico y dueño de una cadena de carnicería, prófugo de la Justicia, es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol.

Samid o “el rey de la carne”, como se autodenominó, es juzgado junto a otras nueve personas, todas acusadas de integrar una asociación ilícita cuyo objetivo era apropiarse de los tributos que debían pagar al Estado, según la acusación que la fiscal María del Carmen Rogliano planteó en su elevación a juicio.

“Prófugo buscado para un proceso penal. Atención: violento. Otros: Si bien se trata de un individuo de edad avanzada, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho su oposición para cumplir con las órdenes de la autoridad pública”, figura en la ficha de Interpol.

Según la acusación, Samid, dueño de la cadena de carnicerías La Lonja y de los locales de comida rápida MacRey en el área metropolitana de Buenos Aires, se dedicaba a la comercialización de carnes reteniendo el IVA, que nunca era tributado. Además, se dedicaba a la faena y comercialización de hacienda en negro abasteciendo al marcado interno y evadiendo los importes correspondientes. La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) fue denunciante y es querellante en el juicio oral.

Los imputados son Samid, María Susana Moreno, Alicia Samid, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Teresa Fornasier, Claudio Pileo, Roberto Cañete y Francisco Burgos.

El juicio comenzó el lunes 18 de marzo. Los magistrados a cargo son Diego García Berro, Ignacio Formari y José Michilini, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1.

Fuentes policiales sospechan que Samid salió de la Argentina poco después del inicio del juicio y que se encuentra en Belice.

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Jubilaciones de privilegio: los cambios que aceptó el Gobierno para aprobar la ley

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En el debate de comisión, previo a la sesión de este jueves para terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, el oficialismo confirmó que aceptó un pedido de la oposición para mantener “los derechos” de los magristados en edad de jubilarse.

El secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi, expuso en el Congreso Nacional y anunció la aceptación del punto principal pedido por Juntos por el Cambio.

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar. Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados”, resaltó Bulit Goñi ante la insistencia de los diputados Alejandro Cacace y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.

El funcionario también justificó que el acuerdo no esté expresado en una clásula escrita dentro del proyecto de ley. “¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, analizó.

“Se plantea esto para que no se debilite el sistema de justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, se atajaron desde Cambiemos ante el portal Infobae sobre la exigencia.

Otras modificaciones aceptadas por el Frente de Todos incluyen al cálculo de la movilidad, que pasa al 82% móvil del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, dispuesto en el inciso B del artículo 17. El Gobierno suspendió además el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se trabajará en un “fondo compensador” para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato.

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La Coalición Cívica ahora tiene dudas sobre el proyecto para eliminar “las jubilaciones de privilegio”

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El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI que preside Maximiliano Ferraro sostuvo que, aunque siempre se opuso “a los privilegios de los magistrados”, no van a avalar un “tratamiento exprés en 24 horas” de las jubilaciones de regímenes especiales porque les “preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la Justicia y muchos de sus integrantes”.

La posición del espacio que lidera Elisa Carrió se dio a conocer a través de un comunicado difundido en las últimas horas en las que se resaltó que “debatir el sistema previsional es mucho más complejo, ya sean regímenes general y especial”.

La iniciativa del gobierno de Alberto Fernández modificaría el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos y comenzará a ser tratado esta tarde en la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Previsión y Seguridad Social, presidida por el kirchnerista Carlos Heller y Marcelo Cassareto, respectivamente.

Los legisladores lilitos aclararon que “siempre” se opusieron “a los privilegios” y que, por esa razón, piden que “los magistrados paguen ganancias, como lo hacen todos los trabajadores”. En este sentido, consideraron menester “tener muy presente el contexto”.

“Hoy nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la Justicia y muchos de sus integrantes. Una disputa para garantizar impunidad y que se caigan muchas causas”, aseveraron los legisladores de la Coalición Cívica.

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El 32,2% de los argentinos pasó hambre durante el último año del Gobierno Macri

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El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un nuevo informe con cifras demoledoras sobre la realidad social que atraviesa la Argentina tras cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri. Al 40,8% de pobreza se suma un duro incremento de la inseguridad alimentaria y del acceso a la salud por parte de grandes grupos, de chicos y adultos mayores.

De esta forma se evidenció que en el cuarto año de Gobierno de Cambiemos, el 32,3% de los argentinos sufrió problemas de inseguridad alimentaria y de acceso a la atención médica o medicamentos y al menos un 33,5% vive en zonas sin agua potable o red cloacal.

“Si bien se pudo visualizar una leve mejora en el acceso de la gente a algunos servicios y vivienda digna, hay datos de elevados niveles de pobreza por ingreso o inseguridad alimentaria que hablan de una Argentina que sigue fragmentada”, explicó a Infobae Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En este sentido, Salvia agregó que el diagnóstico observado “apunta a mostrar que hay problemas estructurales más allá del momento político y hay que convocar a los gobiernos a que enfrenten los problemas estructurales en desigualdad y pobreza”. La inseguridad alimentaria que implica la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de manera frecuente de experiencias de hambre pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el 2019.

Esta cifra también se traduce en un incremento de los problemas de la gente para el acceso a atención médica o a medicamentos y se ubica entre los parámetros más altos registrados en los últimos 10 años en la Argentina. Un gráfico interesante que presenta el informe sobre el final es aquel que entrecruza los datos de pobreza por ingresos con los de carencias estructurales.

Así, se presenta una fotografía sobre la composición de la sociedad argentina: en el 2019 sólo el 27,7% de la población no tenía ningún tipo de carencia monetaria o estructural; el 3,3% sí era pobre por ingresos pero sin dificultades estructrurales (por ejemplo un jubilado que se empobreció por la inflación pero es dueño de su casa); el 31,5% no tenía privaciones monetarias pero sí dificultades estructurales y por último, el peor sector, que representa al 37,5% que son tanto pobres por ingresos como por tener al menos una carencia estructural.

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