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Intimidaron a un fotógrafo alemán por documentar Vaca Muerta

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Stefan Borghardt viajó a la Argentina en diciembre de 2018 para retratar cómo cambió el panorama en Vaca Muerta y el Alto Valle del río Negro desde que comenzó la actividad de fracking. Pero el lunes 7 de enero terminó encerrado en un calabozo de la comisaría 10 de Añelo, cerca del yacimiento, por sacar fotos en lo que él describió como un “basurero petrolero”.

“Vine con la idea de hacer un retrato panorámico de todo lo que está vinculado con el fracking, con el boom de los hidrocarburos, y todo lo que tiene que ver tanto en el aspecto de la contaminación como en el crecimiento de las localidades: cómo cambia la zona, cómo llega la gente a buscar trabajo”, explicó este viernes Borghardt a minutouno.com desde Neuquén.

Crédito: Stefan Borghardt

“No vine con la idea de denunciarlo porque como periodista mi trabajo apunta a documentar, no a tomar posicion”, agregó el hombre de 28 años, que es estudiante de fotoperiodismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte de Hannover, en el norte de Alemania.

En eso estaba a las 18 del lunes 7 cuando un supervisor de la empresa Treater Neuquén S.A. lo encontró sacando fotos en el lote 56 del predio cerca de la localidad de Añelo, en Neuquén. El hombre lo llevó a la entrada del complejo, le ordenó que borrara las fotos que había tomado con sus dos cámaras profesionales y su celular, y llamó a la policía cuando Borghardt le dijo que sólo tenía imágenes en su cámara de rollo.

Crédito: Stefan Borghardt<br>

“El supervisor que me llevó a la entrada del lote me dijo que no podía estar ahí porque era propiedad privada”, relató Borghardt este viernes. En su descargo viral en Facebook se explayó: “La policía me llevó a la comisaría 10 de Añelo. Durante el trayecto la oficial que estaba sentada a mi lado se metió en mi celular y reprodujo en altavoz mensajes personales enviados y recibidos sin mi autorización”, escribió.

Ya en la comisaría, el muchacho tenía prohibido usar su teléfono e hicieron caso omiso al carnet de periodista que mostró. “Me hicieron un montón de preguntas mientras la oficial labraba el acta de mis pertenencias. Cuando me apresuró para que la firmara insistí en leerlo con calma para asegurarme de que estaba todo documentado de forma correcta. Se enojó y me llevó a un calabozo, empujándome e insultándome”, relató.

Borghardt denunció públicamente que la policía llamó “a un testigo” para que firmara el acta en su lugar, que el personal lo pateó y golpeó, y que hasta un oficial lo “maltrataba con una escoba desde lejos” mientras le decía que odiaba “a todos los alemanes”.

Otro oficial le ordenó a Borghardt sacarse los cordones de las zapatillas amenazándolo con una navaja. “También me dijo que si me decían que firmara tendría que firmar, y que las cosas no funcionaba como yo me las imaginaba”, relató el muchacho. “Durante todo ese proceso yo actuaba de manera defensiva pidiéndoles que no me lastimaran”, aseguró.

“Me agredieron para intimidarme. Es como yo lo veo. Con la intimidación lograron que firme cosas sin querer firmarlas”, aseguró Borghardt este viernes. El muchacho pasó de un calabozo a otro, sufrió los constantes hostigamientos de la policía y fue liberado recién a las 22.20 del lunes no sin antes firmar contra su voluntad una serie de actas que nunca pudo leer con detenimiento.

Crédito: Stefan Borghardt<br>

“Me informaron que habían secuestrado todo mi equipo fotográfico, pero yo firmé igual. Firmé para salir del lugar al instante y para no meterme en más problemas. Ya había aprendido la lección de que no era el ambiente para reclamar mis derechos”, escribió Borghardt en su descargo online.

Para este viernes la policía le había devuelto sus cámaras y, tras una breve inspección, Borghardt consideró que ninguna de sus fotos habría sido borrada.

Borghardt hizo una denuncia formal ante la justicia provincial y el Fiscal General de Neuquén, José Gerez, se comprometió a investigar el caso para descubrir cómo se produjo el episodio. La causa quedó en manos del fiscal neuquino Diego Fermín Azkarate.

Crédito: Stefan Borghardt<br>

El espíritu de Borghardt también volvió, en parte gracias al apoyo de sus amigos en Argentina y de la Asociacion de Reporteros Gráficos (ARGRA), Reporteros sin Fronteras y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, entre otras instituciones. “Ahora me siento empoderado y feliz de saber que en la red de periodistas de acá están fuertes”, expresó.

“Más allá de todo lo sucedido estoy conciente de que yo ahora tengo la suerte de poder hacerlo público. Me parece mi deber moral denunciar esto. Estoy en la situación de poder denunciarlo, de poder hablar. Si le puede ayudar a otros periodistas a los que les pasa esto en custodia de la policía y no tienen la posibilidad de hacerlo público, me parece importante relatarlo”, sentenció.

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El DNU de extinción de dominio no podrá aplicarse a los bienes de los Kirchner

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El decreto de necesidad y urgencia 62/2019 establece una herramienta para recuperar los bienes. Sin debatir sobre su constitucionalidad, analizaremos por qué la ex presidenta saldrá airosa cuando intenten aplicarle el decreto. Y aquí una de sus principales falencias.

El articulo 5 del anexo del decreto 62/2019 (Régimen procesal de la acción civil de la extinción de dominio) establece que estarán sujetos aquellos bienes incorporados con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado.

Veamos: en las causas Hotesur y Los Sauces la familia Kirchner fue procesada por asociación ilícita y lavado de activos por el período comprendido entre el 2010 al 2015. La mayoría de los inmuebles de los Kirchner fueron adquiridos en años anteriores. Los hoteles Alto Calafate, La Aldea del Chaltén y Las Dunas fueron incorporados al patrimonio en el año 2008, como también sus principales activos.

Agrega el artículo 9 que solo será admisible como excepción de previo y especial pronunciamiento la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado. Fácilmente los Kirchner demostrarían que sus bienes fueron adquiridos antes de la comisión de los delitos investigados.

Ahora bien, como Cristina Kirchner también fue procesada en otras causas, como por ejemplo la de los cuadernos de las coimas, y en esos casos el período abarca desde el año 2003 bien podría indicarse que los bienes fueron adquiridos con posterioridad a la fecha de comisión del delito.
Y aquí nos encontramos con un nuevo escollo para aplicar este DNU a los bienes de la familia Kirchner: los sobreseimientos dictados (especialmente el del juez Norberto Oyarbide) en las denuncias por enriquecimiento ilícito.

¿Podrá un juez civil y comercial federal ordenar la extinción de dominio de los bienes de los Kirchner sin avanzar en la justicia penal con la reapertura de la causa de enriquecimiento de los ex presidentes? La realidad en la Argentina hubiera sido diferente si el ex juez Norberto Oyarbide no hubiera salido por la puerta grande y un juicio político lo hubiera destituido.

Como siempre, las mezquindades políticas prevalecieron sobre la racionalidad. Todos los ciudadanos reclamamos no solo una condena en tiempo justo sino también poder recuperar el dinero robado. Todos sentimos de alguna u otra manera que lo que nos falta lo tienen los corruptos. Vemos el incremento patrimonial desmedido de los investigados en las múltiples causas de corrupción que proliferan en los tribunales de Comodoro Py. Fuimos testigos de herencias millonarias producto de la muerte de un ex presidente quien encabezo una asociación ilícita para saquear el Estado y dejarle el mando a su esposa, como sucede en la mafia.
El mayor saqueo de la historia Argentina y la dificultad para recuperar algo de lo que nos robaron.

Silvina Martínez es abogada e interviene en varias causas en las que se investigan delitos de corrupción, entre ellas Hotesur y Los Sauces

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La política, en medio de cortinas de humo

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Siempre el amanecer de un año electoral suele estar cargado de incertidumbres antes que de certezas. El fenómeno pareciera agudizarse en la Argentina por dos razones. Existe una notable fragmentación política. Todas las decisiones sobre alianzas o candidaturas están atadas a la precarísima situación económica, sobre cuya evolución no hay ningún diagnóstico en el cual pueda confiarse.

Esa realidad condiciona al Gobierno y a Cambiemos, la coalición que lo sostiene. También a la principal oposición (peronista y kirchnerista) que intenta adivinar los movimientos de su adversario para comenzar a acomodar sus propias piezas.

El macrismo se ocupó de levantar enormes cortinas de humo no bien quedó superado el primer mes estival. Se habían anticipado para el lunes, coincidentes con el regreso de Mauricio Macri a la Casa Rosada, dos cónclaves para empezar a delinear al camino hacia agosto (las PASO) y octubre. El regreso de la llamada mesa chica que viene emergiendo con interrupciones y alternancias. Siempre compuesta por el Presidente y Marcos Peña. También el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Desde septiembre pasado con el retorno del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Frecuentemente, además, los radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo. Para el mediodía del mismo lunes se había anunciado una cumbre de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, también Peña, y su par de Buenos Aires, Federico Salvai. Ambos encuentros resultaron suspendidos.

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Sobre el segundo había caído un aluvión de expectativas. Existió el trascendido intenso acerca de que comenzaría a analizarse la posibilidad del desdoblamiento electoral en Buenos Aires. A Macri no le pareció prudente. A la gobernadora tampoco, dado que no se observan condiciones objetivas para adoptar una estrategia definitiva. El Gobierno tiene en campo, en esta instancia, dos encuestas que apuntan a conocer cómo está la valoración social del Presidente. Había repuntado suavemente en diciembre. Pero la volatilidad del humor colectivo resulta grande. Enero ha estado marcado por dos asuntos: la agenda sobre inseguridad y lucha contra el narcotráfico que el Gobierno instaló con habilidad. Es la segunda preocupación general después de la crisis económica, frente a la cual el kirchnerismo, sobre todo, carece de respuestas. Pero también cobró notoriedad pública el anuncio de los tarifazos que el oficialismo realizó a fin de año y se acumularán durante el primer cuatrimestre. El transporte, en ejecución, la luz y el gas. El efecto del pago de las facturas con aumentos sensibles empezará a percibirse en marzo. Una cosa serían las protestas acerca de lo que puede venir; otra muy distinta, el momento en que los ciudadanos deban meter sus manos en los bolsillos.

De allí que el valor de las encuestas, aún las que están en marcha, puede ser muy relativa para definir un plan electoral. Tal argumento apuntala la inclinación de Vidal por no apresurarse. Mucho más, si se tiene en cuenta su convicción original: no cree en alquimias circunstanciales (el desdoblamiento) si no existe un repunte sólido en las percepciones sociales. La estabilidad financiera del verano ayuda. Pero haría falta un horizonte de la economía real algo más despejado.

Vidal conoce muy bien lo que piensa Macri. Fue aquello que desgranó delante de los mandatarios radicales de Cambiemos cuando semanas atrás los recibió en Villa La Angostura. Allí estuvieron Gerardo Morales, de Jujuy, el mendocino Cornejo y Rodríguez Larreta. El Presidente solicitó que todo el armado electoral esté en función de su proyecto reeleccionista. Que se eviten, en lo posible, los desdoblamientos. Hubo coincidencia. Aunque fue la del momento. El jefe porteño nunca pensó en separar la votación en la Ciudad de la Nación.

La situación de los radicales tiene matices. No es lo mismo Jujuy que Mendoza. Porque en la provincia del extremo norte el liderazgo de Morales es indiscutido. Y su popularidad crece a medida que progresan los juicios contra Milagro Sala. La ex líder de la Tupac Amarú fue absuelta en diciembre en dos causas. Pero recibió una condena de 13 años de prisión como jefa de una asociación ilícita que manipuló fondos millonarios para la construcción de viviendas sociales de las cuales jamás se colocó un ladrillo. Cornejo, que es el mandamás de la UCR, no tiene reelección en su territorio. Su sucesión está envuelta en un enredo. La valoración de Macri en Cuyo es, por otra parte, bien pobre.

Cornejo posee sus delfines. El ministro Martín Kerchner (apenas una letra de diferencia con el ex presidente) y el intendente de la ciudad capital, Rodolfo Suárez. Pero sin internas los radicales acostumbran a perder el nervio. Allí está el desafío de Julio Cobos y del economista Enrique Vaquié. La ficha inesperada del tablero es Omar Bruno De Marchi. Intendente de Luján de Cuyo. Delegado macrista que también aspira a pelear por el trono.

Cornejo le hizo una observación a Macri sobre esa presencia inconveniente. Como no rescató ningún guiño favorable actuó sin dilaciones. Junto a las autoridades del PRO y de la Coalición resolvió mediante un documento que, en caso de desdoblamiento, quien sea candidato a gobernador no podrá serlo luego a diputado en las nacionales. Todo o nada para De Marchi.

El Gobierno, pese a su discurso, no vería mal un adelantamiento en Jujuy. Por tres motivos. Podría exhibir una victoria en medio de un calendario de anticipos que, a priori, benefician a la oposición. La figura de Morales igual incidiría en la votación presidencial. Su compañero de fórmula es Carlos Haquim. Alineado con Sergio Massa. Si no hubiera desdoblamiento ese tándem correría riesgo de astillarse. En especial, si el ex intendente de Tigre cumple con su última palabra habitualmente zigzagueante: afirmó el fin de semana que será candidato a presidente. Sin alianza con Cristina Fernández. O con el kirchnerismo.

A ese montón de definiciones en Cambiemos, como le acontece al frente opositor, le resta bastante tiempo de maduración. En ese interín, el Presidente hurga en su laboratorio para no resignar la iniciativa política. El martes publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia para colocar en vigencia el “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio”. Traducido: un mecanismo mediante el cual se pretenden recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico. El proyecto tiene estado parlamentario. Pero circula estéril, con una versión tutelada por el PJ, entre el Senado y Diputados.

La determinación produjo el previsible cuestionamiento de la oposición. También, la objeción de conocidos juristas que apuntan que la ambición del decomiso de bienes sin sentencia –amén de crearle un problema futuro al Estado– podría ser declarado inconstitucional. Frigerio desechó tales críticas. Pero aclaró que si se alcanza consenso el proyecto podría ser finalmente enviado al Congreso. Quizás, otra nubecita de humo.

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Gremios aeronáuticos amenazan con un paro

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Los gremios aeronáuticos emplazaron al Gobierno a resolver este miércoles parte de sus reclamos, entre los que se destaca un ajuste salarial pendiente del año pasado en Aerolíneas Argentinas y Austral. Caso contrario, los dirigentes adelantaron que promoverán medidas de fuerza esta misma semana. Esta tarde, los sindicalistas del sector tienen agendada una reunión clave con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio.

La medida afectaría a Aerolíneas Argentinas y Latam Argentina, por lo que cualquier paro que pudiese involucrar a ambas compañías afectará a entre 80 y 90 por ciento del tránsito aéreo. Si bien ambas negociaciones se llevan a cabo con cuatro meses de diferencia la duración de la puja entre el Gobierno y los sindicatos en Aerolíneas, que arrancó en octubre, estiró ese debate hasta empardarlo con el de Latam.

La nómina de reclamos gremiales hacia la administración de Mauricio Macri es amplia y variada: abarca desde los ítems salariales sin resolver para ningún trabajador aeronáutico hasta la política aerocomercial general volcada a favor de las líneas low cost en desmedro de la empresa de bandera.

Pero también pasa por problemáticas específicas de cada sindicato como la desregulación del servicio de rampas en perjuicio de Intercargo, con quejas de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), o la intención del Gobierno de facilitar la contratación de personal extranjero, tanto pilotos (APLA y UALA llegaron a parar la actividad un par de horas la semana pasada contra esa medida) como despachantes, en este caso para debilitar la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).

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