Connect with us

Politica

La diputada nacional afirma que no cometió delito alguno, mientras fue intendente

Publicado

on

La actual diputada nacional, Aída Ayala, se refirió este miércoles a la comunidad, con una carta que envió a los medios, explicando sobre su situación judicial, en el marco de la causa Lavado II. A continuación, el texto completo:

“Ante los hechos de público conocimiento con respecto a mi persona y desempeño como intendente electa por el pueblo de Resistencia durante 12 años consecutivos, siento la necesidad de reafirmar mi inocencia y rechazar cada uno de los delitos de los que se me acusa.

El día 28 de mayo del 2018 la justicia dispuso de la prisión preventiva hacia mí, el día 27 de diciembre y tras 7 meses, la Cámara de Casación por segunda vez anula el pronunciamiento de la justicia, aludiendo que la confirmación de la prisión preventiva dispuesta carecía de fundamentación suficiente, en la medida que había soslayado analizar la concurrencia de los riesgos procesales que justificaban la medida cautelar decidida y porque se remitía a un fallo que no afirmaba lo que se sostenía, estableciendo además un ilustrado marco teórico de cómo debería procederse a futuro, según el cual la prisión preventiva sólo puede tener fines procesales: evitar la fuga y la frustración o entorpecimiento de la investigación de la verdad, y toda restricción a la libertad debía fundarse en hechos concretos que dieran fundamento a esas hipótesis.

En este caso, el pronunciamiento realiza afirmaciones dogmáticas, genéricas y abstractas, sin justificar la necesidad de la prisión preventiva en la existencia concreta de riesgos procesales. A esto se le suma que implica una afectación evidente al principio de inocencia, en la medida que establece un principio, absolutamente irrazonable, según el cual se debe encarcelar a todas las personas que ocupen cargos públicos y que resulten investigados por hechos cometidos durante funciones ejecutivas. Tendrían que decir porque en concreto puedo profugarme o que evidencia existe que pueda alterar el curso de la investigación. Estas circunstancias no existen, no hay ninguna prueba o indicio de los riesgos procesales que determinan una prisión antes de la sentencia.

IMPOSIBILIDAD DE OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN

Una de las razones por la que se dicta la prisión preventiva es debido a la posibilidad de que afecte la producción de las medidas de prueba pendientes. Medida que no encuentra corroboración en la situación actual de la causa, ya que no hay medidas ordenadas que se encuentren pendientes de producir, desde la confirmación del auto de procesamiento no se han ordenado la producción de ninguna prueba nueva y el Fiscal públicamente ha manifestado en reiteradas oportunidades que las actuaciones se encuentran en condiciones de requerir la elevación a juicio, circunstancia que resulta también avalada por la jueza expresamente al sostener que resulta inminente la elevación de la causa a juicio oral.

En ese caso se pretende privarme de mi libertad para proteger la investigación, pero al mismo tiempo se afirma que ha terminado y, en la realidad, tampoco hay investigación pendiente alguna.

INEXISTENTE CAPACIDAD ECONÓMICA

En este caso se sostiene una capacidad económica para obstruir la tramitación del juicio. Se encuentra suficientemente probado en el legajo que los únicos bienes tengo son los siguientes: Una casa ubicada en la avenida San Martín N°1249 de la ciudad de Resistencia, adquirida el 100% el 05/07/1996, su valuación fiscal asciende a $ 469.530,48; un Ford Fiesta Kinetic año 2012, monto gravado $156.000; Bienes Personales y del Hogar $146.000; depósitos en una entidad bancaria $87.582 en caja de ahorro.

Este estado patrimonial se encuentra acreditado en la causa de las siguientes maneras:

· Informe del Registro de la Propiedad Inmueble, que indica que se encuentra a mi nombre mi hogar, sobre el cual pesa un gravamen por estar hipotecado, figurando esto en la foja 4.110 del expediente.

· Perfil fiscal y patrimonial de la AFIP, en el que se individualiza mi hogar ubicado en avenida San Martín N°1249, el Ford Fiesta Kinetic modelo 2012 y el movimiento de mi cuenta bancaria, figurando esto en la foja 6.373 del expediente.

· Informe del Registro de la propiedad Automotor, en el cual se encuentra registrado a mi nombre el dominio KZJ347 del Ford Fiesta Kinetic, figurando esto en la foja 7.608 del expediente.

· Informe de la Oficina Anticorrupción, del que surge que presenté oportunamente la totalidad de mis Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales que me han correspondido, figurando esto en la foja 8.294 del expediente.

· Informe del Registro de la Propiedad Inmueble sobre mis hijas, en el que se indica que las mismas no registran inmuebles inscriptos a sus nombres y en el cual mi ex marido registra exclusivamente el inmueble matricual 26890 del Departamento San Fernando, figurando esto en la foja 8.214 del expediente.

Si estos serían los elementos que figuran en el expediente, ¿De dónde surge la capacidad económica que según la justicia tendría yo? De ningún sitio. La afirmación es absolutamente falsa.

AUSENCIA DE VÍNCULOS DETERMINANTES Y/O CONEXIONES

La circunstancia de que haya sido intendente de la ciudad de Resistencia, o funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional, o ahora diputada nacional, no resulta suficiente, por si sola, para presumir la necesidad de mi detención. Tampoco se ha verificado mi capacidad para ejercer ningún tipo de control y/o poder respecto de los actuales funcionarios y/o empleados de aquella intendencia. Por el contrario, la circunstancia de que el actual intendente sea un adversario político evidencia la imposibilidad de que nuestra asistida tenga alguna influencia en aquellas dependencias municipales.

Afirmar genéricamente, como hace la justicia, que tengo “contacto” o “relaciones” viola claramente la garantía constitucional que veda el encarcelamiento preventivo, salvo casos excepcionales. Dejé de ser intendente hace casi 4 años, la conducción del municipio es de un adversario político, ¿Qué prueba puedo obstaculizar? ¿De qué modo? ¿A través de quién? Son preguntas que deben ser respondidas por quien sostiene que ellos ocurre, y la justicia no lo ha hecho. Sumémosle esto a que en mi condición de legisladora nacional no tengo ningún tipo de injerencia respecto de la administración municipal.

IMPOSIBILIDAD DE INTERFERIR CON LOS TESTIGOS DE CARGO

Tampoco tengo incidencia respecto de las personas que ya prestaron testimonio contra mí. No existe ningún elemento para sospechar, por la propia condición de los testigos, que aquella prueba se encuentre en riesgo. Los mismos son: Miguel Rolón, Alicia Medina, Ricardo Sánchez, Alcides Rolando Nuñez, Gustavo Corregido, Diego Arévalo y Héctor Retamozo.

A esto se le suma la condición intrínseca de cada uno de ellos que impide válidamente sostener que resulten vulnerables a cualquier tipo de actuación mía. Todos son altos funcionarios públicos y/o personas que ya me han denunciado varias veces y todos tienen interés político concreto respecto a mí. A su vez, todos los testigos brindaron las respectivas declaraciones estando yo en libertad y ninguno de ellos ha denunciado algún tipo de presión y/o acción concreta de amedrentamiento que justifique el riesgo pretendido.

EL RIESGO PROCESAL JUSTIFICADO DOGMÁTICAMENTE EN EL MÉRITO SUSTANTIVO

La justicia falsamente ha sostenido para justificar mi prisión preventiva el alto grado de probabilidad de mi participación en los hechos investigados.

Se afirma que habría armado junto a Sampayo, distintas estructuras societarias para hacerles ganar contratos con la comuna que dirigía, beneficiándome con altos sobreprecios, con el propósito de obtener retornos ilícitos que reingresaban luego en el circuito legal.

Tras la apariencia de hechos supuestamente gravísimos sólo se han descripto hipótesis de circunstancias que no han sido acreditadas hasta ahora de ningún modo.

Solo se han montado sospechas a desentrañar pero no se ha avanzado en la acreditación de los requisitos mínimos para decir que estamos frente a un delito. El auto procesamiento sólo acredita que hay un grupo de empresas que han tenido contratos con la municipalidad y que estas empresas han efectuado luego distintas operaciones. Pero no hay pruebas de las circunstancias esenciales, que las contrataciones hayan sido irregulares y la más importante, que exista algún perjuicio al fisco.

En esta causa no se ha acreditado:

· Que me haya beneficiado patrimonialmente durante mi gestión como intendente de la ciudad de Resistencia.

· La existencia del acuerdo de voluntad con Jacinto Sampayo.

· Que Daniel Fischer hubiera actuado en representación mía.

· Irregularidades en la contratación de servicios.

· Algún sobreprecio o perjuicio fiscal.

· Incumplimientos de los servicios brindados.

· Que concretamente se haya influido en los resultados de los procedimientos administrativos celebrados entre el municipio y los proveedores.

Inicialmente la investigación se circunscribió a la contratación con la empresa PIMP S.A para el alquiler de un número de camiones para ser utilizados en el proceso de recolección de residuos urbanos. Sin embargo, luego de las indagatorias se advirtió que, al finalizar mi gestión a cargo de la intendencia de Resistencia, la Municipalidad le adeudaba a dicha empresa la suma de $10.300.000 aproximadamente y que el precio era el similar al que se le pagaba a otras empresas que cumplían el mismo servicio. Para salvar esto, en el auto de procesamiento se incluyó como reproche la actuación de otras empresas que también eran proveedoras del estado municipal y en la que intervenía alguno de los integrantes de PIMP S.A. Sin embargo hasta el momento no se pudo determinar ninguna irregularidad de aquellas contrataciones, además, ninguna de las empresas contratadas tuvo a su cargo de modo exclusivo el cumplimiento de cada una de las tareas sino que se prestaba de modo simultáneo en diferentes zonas de la ciudad, En total, son más de 11.000 los proveedores del municipio. La eventual irregularidad en la contratación y/o sobreprecios, hubiera resultado de una sencilla comparación, que en esta investigación hasta ahora no se ha intentado acreditar. Aquella omisión se debe a que no existen dudas que los servicios se cumplieron, que las contrataciones son correctas y que no hay sobreprecios.

En resumidas cuentas lo que pido es que se ponga especial atención a lo ocurrido y las pruebas presentadas luego del 28 de mayo. Principalmente:

· No se me puede reprochar la documentación faltante en la municipalidad: la jueza de primera instancia nunca libró orden de allanamiento con el objeto de secuestrar la documentación que se encontraba en poder de la Municipalidad. Mi gestión concluyó en el 2015 y la actual administración municipal ya lleva tres años y no realizó un inventario y/o auditoría al comenzar el mandato. Inclusive en la actual gestión de Capitanich han ocurrido problemas con resoluciones y documentos (en algunos casos cientos de resoluciones se han extraviado tanto en el 2016 como el 2017 lo cual consta en el expediente). Esto demuestra que las acusaciones de irregularidades administrativas reprochadas a mi persona como forma de complot con las empresas contratadas carecen de sustento probatorio, en la medida que el municipio mismo tiene graves problemas administrativos.

· Se han aprobado los ejercicios en que la intendencia de Resistencia estuvo a cargo mío: el Tribunal de Cuentas de la Provincia aportó las Resoluciones por las que se encuentran aprobadas todas aquellas rendiciones de cuenta, figurando esto en la foja 10.928 a 11.007 del expediente. Esto quiere decir que la legalidad de las contrataciones ha sido avalada por el organismo de control previsto para ellos y, en el caso, pretende negarse por los testimonios de políticos opositores a Ayala y sin siquiera la realización de una pericia que acredite el eventual perjuicio.

· PIMP S.A. ha prestado el servicio de modo regular y no se registraron sobreprecios: Arzamendia, interventora de la empresa PIMP S.A. declaró que el servicio se prestó de modo ininterrumpido. La facturación se ajusta al servicio convenido. La empresa necesita para funcionar el precio consignado en el contrato, que nunca fue modificado y se actualiza conforme pautas de inflación. El contrato además nunca fue modificado, figurando esto en la foja 10.666 del expediente.

· La inexistencia de lavado de activos: se ha presentado Informe Pericial Contable, prueba que pidió la mismísima jueza, elaborado por el Contador Azpiroz, que aún no se ha agregado a la causa. En él se habría dictaminado que no se han detectado bienes, dinero o recursos de origen ilícito para convertir, transferir, administrar, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado de dichos bienes asignándole apariencia de legalidad, con lo cual no existe prueba que sustente el delito de lavado de activos del que se me acusa. Tampoco se ha verificado la existencia de facturas apócrifas emitidas y/o utilizadas por los sujetos investigados. No se ha determinado un incremento patrimonial injustificado respecto de cada uno de los imputados y/o razones sociales investigadas.

· Derecho administrativo no es derecho penal federal: Por algo de lo que siempre me acusó la justicia desde el inicio fue de errores administrativos en la contratación de los servicios, en los pasos a seguir, en todo caso esto se enmarcaría entonces en el derecho administrativo, no en el penal federal. Correspondería otro tipo de acusaciones y procedimientos.

Las demoras para agregar esta última prueba así como las restricciones a las partes para su exhibición demuestran, cuanto menos, el evidente compromiso de la jueza con la acusación y su frustración por el resultado de las pruebas.

Para finalizar lo único que pido es que se haga justicia, que la justicia lea todas y cada una de las pruebas presentadas. No pido más que lean las pruebas físicas existentes en el expediente, que se realice un análisis responsable de la causa, ya que todas las instancias judiciales no lo han hecho. Ese es el motivo por el que con mis abogados apelamos, porque es arbitraria y escandalosa la decisión de la Cámara de Apelaciones de Resistencia”.

Comments

comments

Seguir leyendo
Comentá aquí

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Internacional

“Soldado escucha”: la campaña que lanzó Juan Guaidó para que los militares venezolanos dejen pasar la ayuda humanitaria

Publicado

on

Por

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó -reconocido por Estados Unidos, la mayor parte de América Latina y Europa-, lanzó este martes en sus redes sociales una campaña para que los militares venezolanos dejen pasar la ayuda humanitaria.

La fecha clave es el próximo sábado 23 de febrero. Ese día, la oposición venezolana tiene pensado movilizar la ayuda que está almacenada en Colombia para ser transportada al país petrolero.

El sábado pasado, el propio Guaidó encabezó un acto de voluntarios y dijo que más de 100 mil personas están dispuestas a ayudar con la recepción y distribución de los alimentos y medicinas para el pueblo.

Sin embargo, el factor clave será conocer cómo reaccionarán los militares, hasta ahora fieles al régimen de Nicolás Maduro. Es por ese motivo, que tanto Guaidó como otros opositores, insisten en su pedido para que los soldados dejen ingresar la comida y los medicamentos al país.

“Vamos a mandarle un mensaje a cada jefe militar responsable de las zonas del país por donde va a entrar la ayuda humanitaria. Es un llamado a la reflexión que haremos de manera pacífica, con la convicción de que juntos logremos el cese de la usurpación”, indicó en un primer mensaje Guaidó.

Luego procedió a enviarle un texto a distintos militares acompañando el pedido con una fotografía de esa persona. “Vamos a pedirles que se pongan del lado de la constitución, dejen entrar la ayuda y nos acompañen a lograr la libertad”, añadió.

Eladio José Jimánez Rattia (@jguaido)

El primer militar mencionado con nombre, apellido y foto fue el Almirante Eladio José G. Jimenez Rattia. “Vamos a escribirle al Alm. Eladio José G. Jimenez Rattia, desde el corazón, con argumentos, sin violencia, sin insultos, nuestras razones para que permita el ingreso de la ayuda humanitaria”, expresó Guaidó.

José Ángel González Espin (@jguaido)

José Miguel Montoya (@jguaido)

Luego fue el turno del General de Brigada José Ángel González Espín, comando de Zona GNB 71 Nueva Esparta y del General de Brigada José Miguel Montoya Rodríguez.

Juan Sulbarán Quintero (@jguaido)

José Leonardo Noroña Torres (@jguaido)

Jesús María Mantilla Oliveros (@jguaido)

Yusti Pérez Juan (@jguaido)

Así, y uno a uno continuó pidiéndoles, con el mismo relato, que acompañen al pueblo venezolano y permitan la entrega de la ayuda humanitaria. El General de Brigada Juan Sulbarán Quintero, el General José Leonardo Noroña Torres, el Mayor General Jesús María Mantilla Oliveros y el Teniente Coronel Yusti Pérez Juan también fueron mencionados.

Franklin Rivero Bayone (@jguaido)

Alexander Vásquez Bastidas (@jguaido)

Alberto Mirtiliano Bermúdez (@jguaido)

Por último, Guadió le pidió lo mismo al Teniente Coronel Franklin Rivero Bayone, el Vicealmirante Alexander Vásquez Bastidas y el General de División Alberto Mirtiliano Bermúdez.

Comments

comments

Seguir leyendo

Internacional

El presidente de Paraguay también viajará a Cúcuta para asistir a la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela

Publicado

on

Por

El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, viajará este jueves rumbo a la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, a fin de asistir al acto de entrega de ayuda humanitaria para los venezolanos, previsto para este viernes junto a sus colegas mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque.

La iniciativa es impulsada por el propio jefe legislativo venezolano, Juan Guaidó, quien está reconocido hasta ahora como presidente encargado de Venezuela por alrededor de medio centenar de países, incluidos justamente los de Paraguay, Chile y Colombia.

Recordemos además que el Gobierno de Paraguay, ya con Abdo Benítez como titular del Poder Ejecutivo, fue el primero entre todas las naciones sudamericanas en no reconocer el segundo mandato y romper relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Abdo Benítez dispuso además el cierre de la Embajada paraguaya en Caracas y el “inmediato retiro” del personal diplomático acreditado ante el país caribeño facilitando igualmente el retorno de ciudadanos paraguayos que se encontraban en tierras venezolanas a través de la Secretaría de Repatriados.

La decisión del mandatario guaraní se basó en la declaración del Grupo de Lima que Paraguay firmó junto a otras 12 naciones el pasado 4 de enero. En dicha declaración, el organismo multinacional determinó el no reconocimiento del nuevo mandato de Nicolás Maduro “por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo”.

Más aportes

La semana pasada, el Gobierno de Sebastián Piñera, de Chile, comunicó oficialmente que enviará 17 toneladas de alimentos y medicinas como ayuda humanitaria a Venezuela a fin de paliar la crisis que vive ese país, asistir a los ciudadanos venezolanos en condiciones deplorables y responder de esa manera al llamamiento realizado por Guaidó.

El aporte chileno se suma a las ayuda humanitaria comprometida por EEUU para ser entregado este viernes 23, considerado por la oposición venezolana como fecha clave para el ingreso de asistencia médico-alimentaria para Venezuela y un desafío más para el régimen chavista que ha cerrado sus fronteras al ingreso de estas ayudas y ha anunciado la llegada de 300 toneladas de ayuda humanitaria de Rusia para este miércoles 20.

Concierto humanitario

Para este viernes también se viene preparado un megaconcierto de carácter humanitario en el que se espera una recaudación de millones de dólares que serán destinados igualmente para la compra de medicinas y otros productos básicos, que hoy día no se encuentran en Venezuela.

Entre los artistas que participarán de este concierto se destaca a Carlos Vives, Peter Gabriel, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Juanes, Ricardo Montaner, Diego Torres, Miguel Bosé y Maluma.

De acuerdo a un despacho de EFE, este megaconcierto se realiza casi 11 años después del primer concierto “Paz Sin Fronteras”, organizado al aire libre y de manera gratuita en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Cúcuta y San Antonio del Táchira, con el fin de trasmitir el mensaje de hermandad entre los pueblos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Comments

comments

Seguir leyendo

Nacional

Duro revés para el gobierno nacional: la Corte Suprema obligó al Estado a pagarle $15 mil millones a la provincia de San Luis

Publicado

on

Por

El Máximo Tribunal dio lugar a la causa original de 2015, en la que se reclamaban retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP: discriminado, son $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador; la suma redondea los 15 mil millones mencionados.

La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la mayoría del tribunal que es independiente del PRO.

A esta altura, ya están quienes se plantean si fue acertada la idea del asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón de reemplazar de manera intempestiva, antes de que finalice su mandato, a Ricardo Lorenzetti de la presidencia del Máximo Tribunal de la República.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al presidente Mauricio Macri.

La decisión no es una buena noticia para el gobierno nacional en un contexto de ajuste para reducir el déficit. Sobre todo porque, próximamente, la Corte podría resolver sobre el caso Santa Fe (otra de las provincias que reclama), por un monto que rondaría los 45.000 millones de pesos.

Satisfacción puntana

El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, celebró el fallo: “Es un momento muy importante para la provincia; tras 10 años de litigar, finalmente la Corte Suprema define el monto que adeuda el Estado Nacional”.

“Esperamos que el gobierno nacional tenga la responsabilidad institucional y respeto por el federalismo y se disponga a hablar con nuestra provincia para acordar el mecanismo de pago de esta deuda”.

Por su parte, Eduardo Mones Ruiz (ministro de Gobierno puntano), remarcó que esto obliga a que la deuda se cancele de manera inmediata: “Es un fallo muy bueno que demuestra que la provincia de San Luis tenía razón”.

Un conflicto de vieja data

Esta sentencia le suma otro capítulo a una vieja disputa: en noviembre de 2015 -sobre el epílogo de la presidencia de Cristina Kirchner-, la Corte Suprema consideró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); según el gobierno puntano, en su caso, la Nación no le restituyó los fondos.

En noviembre del año pasado, el Máximo Tribunal también le había ordenado al Estado nacional que le devolviera los fondos coparticipables a la provincia de La Pampa.

 

Comments

comments

Seguir leyendo

Descargá nuestra APP

Las más leidas

X