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Politica

La diputada nacional afirma que no cometió delito alguno, mientras fue intendente

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La actual diputada nacional, Aída Ayala, se refirió este miércoles a la comunidad, con una carta que envió a los medios, explicando sobre su situación judicial, en el marco de la causa Lavado II. A continuación, el texto completo:

“Ante los hechos de público conocimiento con respecto a mi persona y desempeño como intendente electa por el pueblo de Resistencia durante 12 años consecutivos, siento la necesidad de reafirmar mi inocencia y rechazar cada uno de los delitos de los que se me acusa.

El día 28 de mayo del 2018 la justicia dispuso de la prisión preventiva hacia mí, el día 27 de diciembre y tras 7 meses, la Cámara de Casación por segunda vez anula el pronunciamiento de la justicia, aludiendo que la confirmación de la prisión preventiva dispuesta carecía de fundamentación suficiente, en la medida que había soslayado analizar la concurrencia de los riesgos procesales que justificaban la medida cautelar decidida y porque se remitía a un fallo que no afirmaba lo que se sostenía, estableciendo además un ilustrado marco teórico de cómo debería procederse a futuro, según el cual la prisión preventiva sólo puede tener fines procesales: evitar la fuga y la frustración o entorpecimiento de la investigación de la verdad, y toda restricción a la libertad debía fundarse en hechos concretos que dieran fundamento a esas hipótesis.

En este caso, el pronunciamiento realiza afirmaciones dogmáticas, genéricas y abstractas, sin justificar la necesidad de la prisión preventiva en la existencia concreta de riesgos procesales. A esto se le suma que implica una afectación evidente al principio de inocencia, en la medida que establece un principio, absolutamente irrazonable, según el cual se debe encarcelar a todas las personas que ocupen cargos públicos y que resulten investigados por hechos cometidos durante funciones ejecutivas. Tendrían que decir porque en concreto puedo profugarme o que evidencia existe que pueda alterar el curso de la investigación. Estas circunstancias no existen, no hay ninguna prueba o indicio de los riesgos procesales que determinan una prisión antes de la sentencia.

IMPOSIBILIDAD DE OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN

Una de las razones por la que se dicta la prisión preventiva es debido a la posibilidad de que afecte la producción de las medidas de prueba pendientes. Medida que no encuentra corroboración en la situación actual de la causa, ya que no hay medidas ordenadas que se encuentren pendientes de producir, desde la confirmación del auto de procesamiento no se han ordenado la producción de ninguna prueba nueva y el Fiscal públicamente ha manifestado en reiteradas oportunidades que las actuaciones se encuentran en condiciones de requerir la elevación a juicio, circunstancia que resulta también avalada por la jueza expresamente al sostener que resulta inminente la elevación de la causa a juicio oral.

En ese caso se pretende privarme de mi libertad para proteger la investigación, pero al mismo tiempo se afirma que ha terminado y, en la realidad, tampoco hay investigación pendiente alguna.

INEXISTENTE CAPACIDAD ECONÓMICA

En este caso se sostiene una capacidad económica para obstruir la tramitación del juicio. Se encuentra suficientemente probado en el legajo que los únicos bienes tengo son los siguientes: Una casa ubicada en la avenida San Martín N°1249 de la ciudad de Resistencia, adquirida el 100% el 05/07/1996, su valuación fiscal asciende a $ 469.530,48; un Ford Fiesta Kinetic año 2012, monto gravado $156.000; Bienes Personales y del Hogar $146.000; depósitos en una entidad bancaria $87.582 en caja de ahorro.

Este estado patrimonial se encuentra acreditado en la causa de las siguientes maneras:

· Informe del Registro de la Propiedad Inmueble, que indica que se encuentra a mi nombre mi hogar, sobre el cual pesa un gravamen por estar hipotecado, figurando esto en la foja 4.110 del expediente.

· Perfil fiscal y patrimonial de la AFIP, en el que se individualiza mi hogar ubicado en avenida San Martín N°1249, el Ford Fiesta Kinetic modelo 2012 y el movimiento de mi cuenta bancaria, figurando esto en la foja 6.373 del expediente.

· Informe del Registro de la propiedad Automotor, en el cual se encuentra registrado a mi nombre el dominio KZJ347 del Ford Fiesta Kinetic, figurando esto en la foja 7.608 del expediente.

· Informe de la Oficina Anticorrupción, del que surge que presenté oportunamente la totalidad de mis Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales que me han correspondido, figurando esto en la foja 8.294 del expediente.

· Informe del Registro de la Propiedad Inmueble sobre mis hijas, en el que se indica que las mismas no registran inmuebles inscriptos a sus nombres y en el cual mi ex marido registra exclusivamente el inmueble matricual 26890 del Departamento San Fernando, figurando esto en la foja 8.214 del expediente.

Si estos serían los elementos que figuran en el expediente, ¿De dónde surge la capacidad económica que según la justicia tendría yo? De ningún sitio. La afirmación es absolutamente falsa.

AUSENCIA DE VÍNCULOS DETERMINANTES Y/O CONEXIONES

La circunstancia de que haya sido intendente de la ciudad de Resistencia, o funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional, o ahora diputada nacional, no resulta suficiente, por si sola, para presumir la necesidad de mi detención. Tampoco se ha verificado mi capacidad para ejercer ningún tipo de control y/o poder respecto de los actuales funcionarios y/o empleados de aquella intendencia. Por el contrario, la circunstancia de que el actual intendente sea un adversario político evidencia la imposibilidad de que nuestra asistida tenga alguna influencia en aquellas dependencias municipales.

Afirmar genéricamente, como hace la justicia, que tengo “contacto” o “relaciones” viola claramente la garantía constitucional que veda el encarcelamiento preventivo, salvo casos excepcionales. Dejé de ser intendente hace casi 4 años, la conducción del municipio es de un adversario político, ¿Qué prueba puedo obstaculizar? ¿De qué modo? ¿A través de quién? Son preguntas que deben ser respondidas por quien sostiene que ellos ocurre, y la justicia no lo ha hecho. Sumémosle esto a que en mi condición de legisladora nacional no tengo ningún tipo de injerencia respecto de la administración municipal.

IMPOSIBILIDAD DE INTERFERIR CON LOS TESTIGOS DE CARGO

Tampoco tengo incidencia respecto de las personas que ya prestaron testimonio contra mí. No existe ningún elemento para sospechar, por la propia condición de los testigos, que aquella prueba se encuentre en riesgo. Los mismos son: Miguel Rolón, Alicia Medina, Ricardo Sánchez, Alcides Rolando Nuñez, Gustavo Corregido, Diego Arévalo y Héctor Retamozo.

A esto se le suma la condición intrínseca de cada uno de ellos que impide válidamente sostener que resulten vulnerables a cualquier tipo de actuación mía. Todos son altos funcionarios públicos y/o personas que ya me han denunciado varias veces y todos tienen interés político concreto respecto a mí. A su vez, todos los testigos brindaron las respectivas declaraciones estando yo en libertad y ninguno de ellos ha denunciado algún tipo de presión y/o acción concreta de amedrentamiento que justifique el riesgo pretendido.

EL RIESGO PROCESAL JUSTIFICADO DOGMÁTICAMENTE EN EL MÉRITO SUSTANTIVO

La justicia falsamente ha sostenido para justificar mi prisión preventiva el alto grado de probabilidad de mi participación en los hechos investigados.

Se afirma que habría armado junto a Sampayo, distintas estructuras societarias para hacerles ganar contratos con la comuna que dirigía, beneficiándome con altos sobreprecios, con el propósito de obtener retornos ilícitos que reingresaban luego en el circuito legal.

Tras la apariencia de hechos supuestamente gravísimos sólo se han descripto hipótesis de circunstancias que no han sido acreditadas hasta ahora de ningún modo.

Solo se han montado sospechas a desentrañar pero no se ha avanzado en la acreditación de los requisitos mínimos para decir que estamos frente a un delito. El auto procesamiento sólo acredita que hay un grupo de empresas que han tenido contratos con la municipalidad y que estas empresas han efectuado luego distintas operaciones. Pero no hay pruebas de las circunstancias esenciales, que las contrataciones hayan sido irregulares y la más importante, que exista algún perjuicio al fisco.

En esta causa no se ha acreditado:

· Que me haya beneficiado patrimonialmente durante mi gestión como intendente de la ciudad de Resistencia.

· La existencia del acuerdo de voluntad con Jacinto Sampayo.

· Que Daniel Fischer hubiera actuado en representación mía.

· Irregularidades en la contratación de servicios.

· Algún sobreprecio o perjuicio fiscal.

· Incumplimientos de los servicios brindados.

· Que concretamente se haya influido en los resultados de los procedimientos administrativos celebrados entre el municipio y los proveedores.

Inicialmente la investigación se circunscribió a la contratación con la empresa PIMP S.A para el alquiler de un número de camiones para ser utilizados en el proceso de recolección de residuos urbanos. Sin embargo, luego de las indagatorias se advirtió que, al finalizar mi gestión a cargo de la intendencia de Resistencia, la Municipalidad le adeudaba a dicha empresa la suma de $10.300.000 aproximadamente y que el precio era el similar al que se le pagaba a otras empresas que cumplían el mismo servicio. Para salvar esto, en el auto de procesamiento se incluyó como reproche la actuación de otras empresas que también eran proveedoras del estado municipal y en la que intervenía alguno de los integrantes de PIMP S.A. Sin embargo hasta el momento no se pudo determinar ninguna irregularidad de aquellas contrataciones, además, ninguna de las empresas contratadas tuvo a su cargo de modo exclusivo el cumplimiento de cada una de las tareas sino que se prestaba de modo simultáneo en diferentes zonas de la ciudad, En total, son más de 11.000 los proveedores del municipio. La eventual irregularidad en la contratación y/o sobreprecios, hubiera resultado de una sencilla comparación, que en esta investigación hasta ahora no se ha intentado acreditar. Aquella omisión se debe a que no existen dudas que los servicios se cumplieron, que las contrataciones son correctas y que no hay sobreprecios.

En resumidas cuentas lo que pido es que se ponga especial atención a lo ocurrido y las pruebas presentadas luego del 28 de mayo. Principalmente:

· No se me puede reprochar la documentación faltante en la municipalidad: la jueza de primera instancia nunca libró orden de allanamiento con el objeto de secuestrar la documentación que se encontraba en poder de la Municipalidad. Mi gestión concluyó en el 2015 y la actual administración municipal ya lleva tres años y no realizó un inventario y/o auditoría al comenzar el mandato. Inclusive en la actual gestión de Capitanich han ocurrido problemas con resoluciones y documentos (en algunos casos cientos de resoluciones se han extraviado tanto en el 2016 como el 2017 lo cual consta en el expediente). Esto demuestra que las acusaciones de irregularidades administrativas reprochadas a mi persona como forma de complot con las empresas contratadas carecen de sustento probatorio, en la medida que el municipio mismo tiene graves problemas administrativos.

· Se han aprobado los ejercicios en que la intendencia de Resistencia estuvo a cargo mío: el Tribunal de Cuentas de la Provincia aportó las Resoluciones por las que se encuentran aprobadas todas aquellas rendiciones de cuenta, figurando esto en la foja 10.928 a 11.007 del expediente. Esto quiere decir que la legalidad de las contrataciones ha sido avalada por el organismo de control previsto para ellos y, en el caso, pretende negarse por los testimonios de políticos opositores a Ayala y sin siquiera la realización de una pericia que acredite el eventual perjuicio.

· PIMP S.A. ha prestado el servicio de modo regular y no se registraron sobreprecios: Arzamendia, interventora de la empresa PIMP S.A. declaró que el servicio se prestó de modo ininterrumpido. La facturación se ajusta al servicio convenido. La empresa necesita para funcionar el precio consignado en el contrato, que nunca fue modificado y se actualiza conforme pautas de inflación. El contrato además nunca fue modificado, figurando esto en la foja 10.666 del expediente.

· La inexistencia de lavado de activos: se ha presentado Informe Pericial Contable, prueba que pidió la mismísima jueza, elaborado por el Contador Azpiroz, que aún no se ha agregado a la causa. En él se habría dictaminado que no se han detectado bienes, dinero o recursos de origen ilícito para convertir, transferir, administrar, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado de dichos bienes asignándole apariencia de legalidad, con lo cual no existe prueba que sustente el delito de lavado de activos del que se me acusa. Tampoco se ha verificado la existencia de facturas apócrifas emitidas y/o utilizadas por los sujetos investigados. No se ha determinado un incremento patrimonial injustificado respecto de cada uno de los imputados y/o razones sociales investigadas.

· Derecho administrativo no es derecho penal federal: Por algo de lo que siempre me acusó la justicia desde el inicio fue de errores administrativos en la contratación de los servicios, en los pasos a seguir, en todo caso esto se enmarcaría entonces en el derecho administrativo, no en el penal federal. Correspondería otro tipo de acusaciones y procedimientos.

Las demoras para agregar esta última prueba así como las restricciones a las partes para su exhibición demuestran, cuanto menos, el evidente compromiso de la jueza con la acusación y su frustración por el resultado de las pruebas.

Para finalizar lo único que pido es que se haga justicia, que la justicia lea todas y cada una de las pruebas presentadas. No pido más que lean las pruebas físicas existentes en el expediente, que se realice un análisis responsable de la causa, ya que todas las instancias judiciales no lo han hecho. Ese es el motivo por el que con mis abogados apelamos, porque es arbitraria y escandalosa la decisión de la Cámara de Apelaciones de Resistencia”.

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Nacional

Tras el cruce con Macri y Vidal, el intendente de San Martín le sonrió a Kicillof y Magario

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Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, saltó al centro de la escena nacional esta semana cuando acompañó al presidenteMauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal durante la inauguración del Metrobus de la Ruta 8. Ante el discurso de los dirigentes de Cambiemos, el jefe comunal realizó gestos de “enojo e indignación” porque “no le dieron la palabra”, lo que generó comentarios y memes en redes sociales y provocó el repudio del oficialismo. Muy distinta fue la situación este jueves 18 de julio cuando el intendente recibió a la fórmula bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof y Verónica Magario: sobraron las sonrisas y las selfies.

“Recibimos en San Martín a Kicillof y Magario, recorrimos Millanel y nos reunimos con empresarios y comerciantes. A partir de diciembre de 2019, vamos a poner en marcha la Provincia y la prioridad va a ser la industria y las PyMEs para reactivar la economía y generar empleo”, expresó Katopodis en su cuenta de Twitter junto a una seguidilla de fotos.

El dirigente justicialista aprovechó para apoyar a todos los candidatos del Frente de Todos que pelearán la próxima elección de octubre: “Nosotros representamos un modelo productivo, siempre con la esperanza de que con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Kicillof y Magario. Las decisiones se van a tomar pensando en los trabajadores y trabajadoras sin pedir más sacrificios”.

Katopodis Kicillof Magario 07192019

“La cara de ayer fue de enojo e indignación”, dijo Katopodis tras el revuelo que generaron sus gestos. Y explicó que como “no le dieron la palabra” y “al no tener el micrófono” lo único que le quedó “es hacer el gesto con la cabeza”. Las muecas se repitieron, también, cuando Macri sostuvo, a tono con el discurso de campaña, que “estamos entrando en una etapa fundamental, este es un año bisagra donde vamos a elegir seguir en este camino hacia el futuro o volver al pasado”.

“Este Metrobus fue un reclamo de los vecinos porque lo que hicieron fue muy injusto y muy arbitrario: la obra venía de la Ciudad de Buenos Aires, se frenó en la avenida General Paz, saltearon la ciudad y continuaron con el Metrobus en Tres de Febrero”, sostuvo Katopodis en relación a las inversiones realizadas en el municipio gobernado por el intendente de Cambiemos, Diego Valenzuela.

“Después de 4 años, hoy fue la primera vez que vino el presidente y la gobernadora a inaugurar algo en San Martín, lo que demuestra cuáles son sus prioridades con los vecinos. Hace años que venimos reclamándoles la obra de Ruta 8, que esta mañana fue parcialmente habilitada”, expresó en sus redes.

Uno de los que salió a contestarle fue el ministro de Desarrollo Social de la administración Vidal, Santiago López Medrano, también precandidato a intendente de San Martín: “Vi tu tweet, tus caras y tus declaraciones y no quería dejar pasar la oportunidad de responderte algo que todos los vecinos de San Martín ya saben: lo que decís no es verdad. María Eugenia vino más de 15 veces a recorrer, inaugurar obras y escuchar a los vecinos de San Martín, en varias oportunidades vos mismo la acompañaste”.

“Lamento que, como tantos otros dirigentes del kirchnerismo, recurras a la mentira y el engaño para hacer política”, resaltó.

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Caso D’Alessio: Stornelli volvió a faltar a la indagatoria en Dolores

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El fiscal Carlos Stornelli volvió hoy a ausentarse a la indagatoria ordenada por el juez Alejo Ramos Padilla, que lo acusa por su vínculo con el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien formaba parte de una banda acusada de hacer espionaje ilegal.

Fue la sexta ausencia de Stornelli en el juzgado federal de Dolores , motivo por el cual ya fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla. El fiscal interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revea la competencia del juez sobre el caso, una decisión que ya había ratificado la Cámara de Casación Penal.

La Sala II de la Cámara de Casación, entonces, debería definir si habilita ese recurso extraordinario y, así, el caso llegaría hasta el máximo tribunal. Si, en cambio, el recurso es denegado, lo más probable es que Ramos Padilla vuelva a citarlo a indagatoria, informaron fuentes judiciales.

Pero más allá de la investigación judicial, la situación de Stornelli también está atada a la decisión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien Ramos Padilla le pidió que iniciara acciones para remover a Stornelli a través de un juicio político o para quitarle los fueros.

Casal, por el momento, continúa por la vía de la investigación administrativa, y le ordenó a un Consejo Evaluador -conformado por cinco fiscales- iniciar un sumario administrativo para evaluar la conducta del fiscal.

“Creo que mi deber es no ir a declarar para proteger la causa”, habia dicho el fiscal en referencia a los cuadernos de las coimas. Stornelli sostiene que el caso D’Alessio es una operacion para desacreditar la investigación por los cuadernos que involucra a decenas de funcionarios kirchneristas.

El miércoles, en el juzgado declaró el periodista Daniel Santoro. Allí aseguró que no tuvo ninguna vinculación con la banda que integraba el falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por extorsión y espionaje ilegal, y dijo que desconocía las tareas que llevaba adelante esta organización delictiva.

Santoro declaró durante casi cinco horas en indagatoria en los tribunales de Dolores, respondió todas las preguntas del magistrado y, al término de su defensa, brindó una conferencia de prensa improvisada ante los medios presentes en el juzgado. “D’Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento. Fue fuente mía para cuatro o cinco notas, pero soy totalmente ajeno a los delitos que le imputan”, aclaró el periodista de Clarín.

Santoro relató, además, algunos detalles de su larga declaración: “El doctor me mostró los indicios, que son chats de D’Alessio, pero que no constituyen ninguna actitud de parte mía participando de operaciones de inteligencia. Yo contesto cosas como ‘OK’, ‘excelente’ y demás. Tuve un tratamiento respetuoso del juez y del fiscal. Contesté todas las preguntas”, dijo.

La citación a indagatoria de Santoro había despertado la reacción de distintos sectores de la sociedad, que reclamaron que la Justicia está criminalizando la actividad periodística. Más de 400 periodistas firmaron una solicitada en apoyo de Santoro, entre ellos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

El periodista había dicho antes de la indagatoria que su citación era una maniobra para perjudicar la investigación de casos de corrupción, como la de los cuadernos de las coimas.

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Esteban Bullrich exculpó a Aguad por el hundimiento del ARA San Juan y apuntó contra el ex jefe de la Armada por ocultar información

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El informe final de la Bicameral investigadora del hundimiento del submarino ARA San Juan, revelado este jueves, señaló “responsabilidades compartidas” de los altos mandos de la Armada y endilgó al Ministerio de Defensa “un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas” posteriores a la desaparición de la nave.

El senador y miembro de la comisión investigadora, Esteban Bullrich, exculpó a Oscar Aguad por hundimiento del submarino y apuntó directamente contra el ex jefe de la Armada por ocultar información.

“Tras el informe, hay dos posiciones. Nosotros hicimos una disidencia porque creemos que uno de los problemas fue que las autoridades navales no manejaron bien la situación y ocultaron información importante a las civiles, esa es la diferencia que tenemos con la oposición”, explicó Bullrich.

Esteban Bullrich, senador (foto: Adrian Escandar)

Los integrantes de la Bicameral parlamentaria sostuvieron en su informe final de 170 páginas, que el origen del hundimiento fue “una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación” que “originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3”.

Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la “implosión” posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento.

Bullrich lo describió de esta manera: “Lo que ocurrió es que hubo un incendio el 14 de noviembre de 2017 a la noche en el ARA San Juan, ese incendio se dijo controlado, pero la suposición con mayor probabilidad es que no se haya controlado. El submarino al no ir a superficie y no tener contacto con el aire, comenzó a acumular hidrógeno; esa acumulación explota e inhabilita al submarino y a la tripulación y comienza a hundirse hasta llegar a los 700 metros de profundidad donde finalmente implosiona. Eso es lo que dicen los expertos”.

“Creemos que hubo un mal manejo de la crisis. Primero se subestimó el incendio –dentro del ARA San Juan– por parte de la primera línea de la Armada; y segundo, ese incendio se ocultó a las autoridades civiles”, señaló en diálogo con radio La Red.

Marcelo Srur, ex jefe de la Armada (foto de archivo)

Según el senador, ese incendio fue subestimada por todos los altos mandos de la Armada. “El almirante (Marcelo) Srur era el responsable de informar al ministro de Defensa”, enfatizó.

“Para nosotros Aguad no tiene responsabilidad, pero creo que se ha normalizado una cultura en todas las Fuerzas Armadas de la utilización de equipamiento que no está al máximo nivel de utilización. Hemos tenidos pilotos fallecidos por aviones que fallan. Tenemos que revisar todos los procedimientos y la cultura del ‘lo atamos con alambre'”, añadió Bullrich.

Bullrich explicó que el informe no es vinculante, pero pidió revisar “sin ideología” el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. “Creemos que hay un rol importante y estratégico de cuidados de activos argentinos como es el mar, pero se necesita un buen equipamiento para el control, más allá del color político”.

“Yo creo que hubo una mirada muy ideológica del gobierno anterior, que llevó a que, por ejemplo, la reparación de media vida del ARA San Juan tardara nueve años en lugar de 2 y medio como en todo el mundo. El traspaso generacional de conocimiento y experiencia se interrumpió durante esos tiempos y también generó un problema en el adiestramiento de las tripulaciones de los submarinos”, concluyó.

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