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La UIF pidió reabrir la causa por el enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner

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La Unidad de Información Financiera (UIF) formalizó hoy un planteo para que se reabra la causa contra Cristina Kirchner por el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito que había firmado para ella y Néstor Kirchner el entonces juez Norberto Oyarbide, a través de la figura conocida como “cosa juzgada irrita”, y reclamó que se incorpore la reciente revelación que hizo como arrepentido el contador Víctor Manzanares diciendo que el ex magistrado le indicó cómo manipular una pericia clave.

Si bien la declaración de Manzanares no fue homologada por el juez Claudio Bonadio, Infobae reveló el viernes pasado que el contador había hablado de esa manipulación en la pericia en su rol de imputado colaborador. “No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares en orden a los hechos investigados en la presente, pero es que dichas circunstancias ya habían sido puestas en conocimiento de V.S. en oportunidad de solicitar la nulidad del sobreseimiento dictado el 18 de diciembre de 2009 por el ex-juez Oyarbide”, sostuvo la Unidad de Información Financiera.

El viernes pasado, la Cámara Federal decidió habilitar a la UIF como querellante en el caso. La presentación realizada hoy por el organismo a cargo de Mariano Federici es una consecuencia directa de esa resolución. El escrito fue presentado en el juzgado federal 5, hoy vacante, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo.

El ex juez Norberto Oyarbide, durante una presentación en Comodoro PY (NA)

El entonces matrimonio presidencial reportó un crecimiento patrimonial de 158% durante el 2008. El entonces juez Oyarbide decidió el cierre de la causa en 2009 en base a las explicaciones que había dado Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner.

El organismo solicitó la nulidad del sobreseimiento, en base a “las graves deficiencias de la pericia contable ordenada por el entonces juez Norberto Oyarbide, entonces titular del Juzgado a Vuestro actual cargo”. El entonces juez del caso, Marcelo Martinez de Giorgi, rechazó considerarlos como querellantes. La UIF apeló.

Mientras tanto, explotó la causa de los cuadernos y las declaraciones del propio Oyarbide cuando tuvo que pasar a declarar por tribunales, para explicar si le habían llevado un bolso con dinero en el día de su cumpleaños “Sí hubo personas cercanas al presidente Kirchner y a su mujer que me reclamaban una rápida solución del caso”, aseguró el magistrado, según la presentación

“Considera esta Unidad que se encuentran dadas las condiciones para resolver el planteo de nulidad basado en la existencia de cosa juzgada írrita. Es que cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular, por cuanto la convalidación de tal situación jurídica colisiona con los principios más elementales del Estado de Derecho y la seguridad jurídica”, se sostuvo.

Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (NA)

Sobreseimiento e irregularidades

Los querellantes no hicieron hincapié en que el cierre de la causa se dictó en los “plazos llamativamente resumidos” del Cuerpo de Peritos oficiales, que “sirviéndose de fotocopias de unas pocas piezas procesales, por cierto cuidadosamente seleccionadas por el otrora juez y de paso, en base a un estudio aportado por Víctor Manzanares -quien además participó activamente en dicho cometido-, contador de la familia KIRCHNER, actualmente procesado en el marco de la causa ‘Los Sauces’, por su participación como organizador de una asociación ilícita que integraba con Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER”.

Además, la UIF hizo hincapié en “las presiones y violencias que el propio OYARBIDE declaró haber recibido desde diferentes sectores, dirigidas todas a conducir la causa hacia el dictado de un sobreseimiento en beneficio de Néstor KIRCHNER y Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER”. Fue cuando estuvo involucrado en los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno y reveló que lo habían “agarrado del cogote” para cerrar esa investigación.

“Los reconocidos vínculos que el ex juez habría mantenido con el matrimonio KIRCHNER durante buena parte del ejercicio de su función, habiendo intervenido en causas de extrema sensibilidad política que los involucraban, culminando casi todas ellas en sobreseimientos o trámites amañados”, se afirmó, tras hacer hincapié en aquel costoso anillo que lucía Oyarbide y por el que fue investigado.

La declaración de Manzanares, aún no homologada, vino a reforzar las sospechas sobre la conducta del juez y su decisión.

“Mantener el estado actual de cosas, beneficiando con fuerza de cosa juzgada conductas explícitamente ilícitas como las que aquí se ventilan, -máxime si fueron protagonizadas por ex presidentes y jueces federales de la Nación-, significaría la aniquilación más vergonzosa que pudiera sufrir el orden democrático y el Estado de Derecho, por cuanto la ineficacia de los mecanismos previstos para evitar tamañas afrontas no hace sino revelar la derrota de la razón frente al poder desmedido y la corrupción. Se trataría entonces de un fracaso del derecho y de las instituciones cuyo cometido es cumplirlo de acuerdo a la manda constitucional de ‘afianzar la justicia'”.

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Jubilaciones de privilegio: los cambios que aceptó el Gobierno para aprobar la ley

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En el debate de comisión, previo a la sesión de este jueves para terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, el oficialismo confirmó que aceptó un pedido de la oposición para mantener “los derechos” de los magristados en edad de jubilarse.

El secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi, expuso en el Congreso Nacional y anunció la aceptación del punto principal pedido por Juntos por el Cambio.

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar. Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados”, resaltó Bulit Goñi ante la insistencia de los diputados Alejandro Cacace y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.

El funcionario también justificó que el acuerdo no esté expresado en una clásula escrita dentro del proyecto de ley. “¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, analizó.

“Se plantea esto para que no se debilite el sistema de justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, se atajaron desde Cambiemos ante el portal Infobae sobre la exigencia.

Otras modificaciones aceptadas por el Frente de Todos incluyen al cálculo de la movilidad, que pasa al 82% móvil del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, dispuesto en el inciso B del artículo 17. El Gobierno suspendió además el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se trabajará en un “fondo compensador” para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato.

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La Coalición Cívica ahora tiene dudas sobre el proyecto para eliminar “las jubilaciones de privilegio”

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El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI que preside Maximiliano Ferraro sostuvo que, aunque siempre se opuso “a los privilegios de los magistrados”, no van a avalar un “tratamiento exprés en 24 horas” de las jubilaciones de regímenes especiales porque les “preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la Justicia y muchos de sus integrantes”.

La posición del espacio que lidera Elisa Carrió se dio a conocer a través de un comunicado difundido en las últimas horas en las que se resaltó que “debatir el sistema previsional es mucho más complejo, ya sean regímenes general y especial”.

La iniciativa del gobierno de Alberto Fernández modificaría el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos y comenzará a ser tratado esta tarde en la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Previsión y Seguridad Social, presidida por el kirchnerista Carlos Heller y Marcelo Cassareto, respectivamente.

Los legisladores lilitos aclararon que “siempre” se opusieron “a los privilegios” y que, por esa razón, piden que “los magistrados paguen ganancias, como lo hacen todos los trabajadores”. En este sentido, consideraron menester “tener muy presente el contexto”.

“Hoy nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la Justicia y muchos de sus integrantes. Una disputa para garantizar impunidad y que se caigan muchas causas”, aseveraron los legisladores de la Coalición Cívica.

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El 32,2% de los argentinos pasó hambre durante el último año del Gobierno Macri

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El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un nuevo informe con cifras demoledoras sobre la realidad social que atraviesa la Argentina tras cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri. Al 40,8% de pobreza se suma un duro incremento de la inseguridad alimentaria y del acceso a la salud por parte de grandes grupos, de chicos y adultos mayores.

De esta forma se evidenció que en el cuarto año de Gobierno de Cambiemos, el 32,3% de los argentinos sufrió problemas de inseguridad alimentaria y de acceso a la atención médica o medicamentos y al menos un 33,5% vive en zonas sin agua potable o red cloacal.

“Si bien se pudo visualizar una leve mejora en el acceso de la gente a algunos servicios y vivienda digna, hay datos de elevados niveles de pobreza por ingreso o inseguridad alimentaria que hablan de una Argentina que sigue fragmentada”, explicó a Infobae Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En este sentido, Salvia agregó que el diagnóstico observado “apunta a mostrar que hay problemas estructurales más allá del momento político y hay que convocar a los gobiernos a que enfrenten los problemas estructurales en desigualdad y pobreza”. La inseguridad alimentaria que implica la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de manera frecuente de experiencias de hambre pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el 2019.

Esta cifra también se traduce en un incremento de los problemas de la gente para el acceso a atención médica o a medicamentos y se ubica entre los parámetros más altos registrados en los últimos 10 años en la Argentina. Un gráfico interesante que presenta el informe sobre el final es aquel que entrecruza los datos de pobreza por ingresos con los de carencias estructurales.

Así, se presenta una fotografía sobre la composición de la sociedad argentina: en el 2019 sólo el 27,7% de la población no tenía ningún tipo de carencia monetaria o estructural; el 3,3% sí era pobre por ingresos pero sin dificultades estructrurales (por ejemplo un jubilado que se empobreció por la inflación pero es dueño de su casa); el 31,5% no tenía privaciones monetarias pero sí dificultades estructurales y por último, el peor sector, que representa al 37,5% que son tanto pobres por ingresos como por tener al menos una carencia estructural.

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