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martes, abril 13, 2021
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Los aumentos de tarifas en la luz y el gas llegan en las facturas de mayo y se pagarán en junio

Las audiencias públicas y los desacuerdos en el Gobierno postergan el plazo previsto originalmente, que era abril.

Los aumentos en las tarifas de servicios públicos estaban previstos para abril. Sin embargo, no llegarán hasta mayo, según explicaron fuentes oficiales a Clarín. Una de las razones es que las audiencias públicas se hicieron a mediados de marzo y fines de ese mes, y los reguladores necesitan un tiempo para procesar lo allí volcado. La otra es que subsisten desacuerdos internos sobre el nivel de incremento de tarifas.

La secretaría de Energía realizó una audiencia pública para el precio del gas que pagará a los productores el 15 de marzo. Al día siguiente, Enargas hizo lo propio, donde escuchó los pedidos de recomposiciones tarifarias de las distribuidoras. Eso fue a mediados de marzo. Federico Bernal, titular del Enargas, ya había anticipado que creía que no llegaría a tener nuevos cuadros tarifarios para el primer día de abril. Ahora, desde esa dependencia apuntan a fines de abril o comienzos de mayo.

En el caso de distribución eléctrica, la competencia del Enre es sobre las tarifas de Edesur y Edenor, que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Sus audiencias se hicieron el 29 y 30 de marzo. Las empresas también solicitaron recomponer sus márgenes de distribución. El cuadro tarifario recién estará en mayo, según fuentes oficiales.

Si los cuadros tarifarios llegan en mayo, se estima que los hogares y los comercios recién comenzarán a pagarlo en junio. De esa forma, el Gobierno lograría escalonar el impacto de los aumentos energéticos, a uno por mes. Entre marzo y mayo, habrá tres subas en los precios de combustibles (ya la hubo en marzo y el fin de semana llegaría la de abril). En mayo llegaría el último retoque en surtidores. Para esa fecha, quizás ya estén los nuevos cuadros tarifarios, pero los usuarios recién tendrán que pagarlo en octubre.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó a dos subas de los servicios, una por cada semestre. Soledad Manin, interventora del Enre (distribución eléctrica) también mencionó esa posibilidad. Pero Bernal (Enargas) se opone, ya que es partidario de un único aumento.

Además, el ministro ve un rango de aumentos de entre 30% y 40%, mientras que los interventores se vuelcan a una franja del 7% al 9%.

Ese desacuerdo entre funcionarios también se traslada al nivel de subsidios energéticos, para mantener las tarifas bajas. Guzmán lo definió en un 1,7%. Los interventores de los entes reguladores creen que puede haber “reasignación de partidas” y modificar ese número.

El congelamiento de tarifas está en un limbo legal, según ex funcionarios y abogados especialistas en Energía. La primera ley que frenó todo aumento de tarifas (de diciembre de 2019) duró 6 meses y luego fue prorrogada vía decreto por otros seis meses. Después, hubo otro decreto de necesidad y urgencia (número 1020/20) que concedió 90 días más. Pero eso también venció.

“Sería deseable que quien vino a cumplir la Constitución Nacional y la ley del gas (como lo dijo en la audiencia pública de la semana pasada) cumpla con la ley 24.076 [de regulación de las concesiones de gas]. Lo mismo aplica para la interventora del ENRE (Soledad Manín) y la ley 24.065 [regulación de las concesiones eléctricas]. En ambos casos se trata de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Juan José Aranguren, ex ministro de Energía.

“El mantenimiento sigue de facto, hasta que entre a regir la tarifa de transición. Hubiera sido mejor que se hubiera extendido, por supuesto”, razona un funcionario de la actual administración.

Al nuevo régimen tarifario “deberían haberlo tenido listo -con audiencias previstas anticipadamente-, para que entrara en vigor a la finalización del plazo de 90 días del decreto que congeló tarifas. Tendrían que haberlo tenido listo el día 91”, según Aranguren.

El artículo 11 del último decreto presidencial al respecto (del que se aferran los actuales responsables) hablaba de mantener las tarifas actuales por 90 días corridos o hasta que entren en vigencia “los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición para los Servicios Públicos (…) lo que ocurra primero”.

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