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Qué respondió la dupla Bonadio-Stornelli brasileña por el escándalo judicial que llevó a Lula a la cárcel

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Tras dispararse un escándalo en Brasil por la revelación de la revista web The Intercept de material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y el impulso para el triunfo de Jair Bolsonaro como presidente, hablaron los que podrían ser señalados como los Claudio Bonadio y Carlos Stornelli del país vecino, por la similitud de las causas y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner: el ex juez del caso y actual ministro del mandatario de ese país, Sergio Moro, y el fiscal de la causa, Deltan Dallagnol.

En un primer momento, Moro usó Twitter para responder. El actual ministro de Justicia de Bolsonaro, que cuando era juez decía que jamás sería funcionario, respondió a las acusaciones con un artículo, en el cual habla de “supuestos mensajes obtenidos por medios criminales”. Traducido: reconoce los hechos revelados en los mensajes, pero se queja por su divulgación e insólitamente refiere que eso no afectaría la causa.

Luego, Moro habló con Folha de Sao Paulo sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato. “El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal”, afirmó, y se quejó: “Hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes”.

“Hubo una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales”, disparó. Y agregó: “Para mí este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho”.

El fiscal Dallagnol, por su parte, eligió la misma red social que Moro para realizar una serie de tuits en defensa de su investigación. “Los fiscales de la Lava Jato no van a doblarse a la invasión inmoral e ilegal, a la extorsión o al intento de exponer y deturpar sus vidas personales y profesionales”, sostuvo.

“La actuación sórdida de aquellos que vengan a aprovecharse de la acción del hacker para deturpar hechos, presentar hechos retirados de contexto y falsificar íntegra o parcialmente informaciones atiende intereses inconfesables de criminales afectados por la Lava Jato”, añadió, sin explicaciones respecto de lo que revelado por The Intercept.

La investigación remite a casos que podrían tener similitudes el modo de proceder de Bonadio y Stornelli en la Argentina, donde se investiga si fueron parte de una banda de espionaje y extorsiones para perseguir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, principalmente en el marco de la causa de las focotopias de los cuadernos.

En el juzgado de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, se investigan hechos en los que se habrían coordinado las presiones para impulsar acusados y testigos a declarar elementos para acusar a CFK y dirigentes kirchneristas a cambio de libertad, con la inclusión de teléfonos pinchados de manera ilegal y la difusión de estos elementos antes y/o después en programas periodísticos.

QUIÉNES SON y QUÉ DIJERON

Dallagnol es el funcionario judicial al que Lula acusó de haber armado un Power Point sin pruebas para incriminarlo. Sobre Moro, el ex presidente de Brasil suele recordar que es el juez que dijo haber actuado sobre la base de su convicción íntima.

Los materiales difundidos, que motivaron las mencionadas quejas del juez y el fiscal, contienen pistas de que los fiscales de la fuerza de tareas hablaban abiertamente de su objetivo de frenar un triunfo del PT en las elecciones de octubre de 2018.

Cuando Dallagnol fue criticado, Moro lo confortó: “Definitivamente las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme”. Después de la decisión de la Corte Suprema de otorgarle la libertad a Alexandrino Alencar, que ocupaba la dirección de relaciones institucionales de Odebrecht, Dallagnol le preguntó a Moro que resolviera el tema en el mismo día y pusiera al directivo de la constructora otra vez en prisión. En sus mensajes con los fiscales, Dallagnol llamaba “russo” a Moro.

Dallagnol y su fuerza de tareas de 13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas de la solidez de la prueba. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás.

En uno de los mensajes de Telegram Dallagnol dio instrucciones de cómo debía ser presentada la denuncia: “Las imágenes tienen que ser claras. Un circulo central y otros círculos alrededor, o sea evidencias de que Lula era el dueño”. Ese fue el origen del famoso Power Point que pocos días después presentaría a los periodistas.

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Bielsa sostuvo que “la pandemia nos tiene que dejar una enseñanza” respecto de la inequidad social que existe en el país

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La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sostuvo que las prioridades de su cartera respecto de los barrios populares guardan relación con “el acceso a los servicios, la integración de los barrios a la trama urbana, el acceso a la salud y la mejora en la vivienda”.

La funcionaria nacional se refirió al plan Argentina Construye. “Quiero ser honesta, este plan de 29.000 millones no puede saldar una deuda histórica, pero es una oportunidad para discutir cuánta inequidad estamos dispuestos a tolerar”, dijo con énfasis la ministra al tiempo que remarcó: “No hemos logrado ni como sociedad ni como Estado trabajar en una política de consenso en este tema a largo plazo”.

Y agregó: “La pandemia nos tiene que dejar una enorme enseñanza de pensar en el equilibrio territorial, una gran oportunidad que Argentina no puede dejar pasar”.

En este sentido, Bielsa indicó que “desde que se creó el Ministerio se empezó a trabajar en esta integración urbana, y en la contingencia trabajamos con un programa para asistir a los barrios populares”.

Consultada sobre la situación de los barrios populares de la zona sur del Conurbano en el marco de la pandemia por coronavirus, la funcionaria indicó que mantuvieron reuniones con los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ya que “cada lugar requiere una solución adaptada a la necesidad de la comunidad”.

“No todas las soluciones son idénticas. Donde hay tierra disponible se puede relocalizar a la gente en el lugar, donde no hay tierra se piensa en construcción en altura”, explicó la ministra, en diálogo con Radio Continental, y agregó que “hay que adaptarse a los modos de vida, a las costumbres de cada lugar”.

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Los de Cambiemos que tienen que gestionar: “Si no hubiese habido cuarentena, hubiese ocurrido una masacre”

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Gustavo Posse, intendente de San Isidro y parte de la familia política que controla el municipio desde hace cinco décadas, destacó la importancia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires para frenar al máximo la expansión del coronavirus en el foco más fuerte de contagios en todo el territorio.

“En Villa La Cava se realizan testeos puerta a puerta. Acá hubo dos casos emblemáticos, uno fue el de un chofer de colectivos y hubo otro caso, el de una persona chilena que ingresó sin estar registrado y contagió a once personas”, manifestó el intendente en una entrevista con C5N.

Así el jefe comunal que forma parte de Juntos por el Cambio desde la Unión Cívica Radical se encargó de dar un mensaje claro al relato anticuarentena que realiza una gran parte de su espacio político. “Nosotros vamos con un matafuego donde se produjo una llamita, si no hubiese habido cuarentena, hubiese ocurrido una masacre”.

‘Es muy bueno el Plan Detectar, porque nos da oportunidad de detectar casos. Eso da resultados”, continuó y explicó que en San Isidro “no están autorizadas las reuniones familiares. Nada de frivolidades, todo dedicado al trabajo, si se permite dar una vuelta manzana”.

“A los comercios les fue muy bien, pero se cumplen las normas a rajatabla, toda la prestación es municipal. Hay una industria que está a la espera, que es el hipódromo que está en condiciones de poder correr”, cerró.

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Denunciaron a Michetti y Peña por gastos millonarios en presuntas contrataciones ilegales de empresas publicitarias

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Definitivamente, comienzan a conocerse distintos hechos y decisiones durante el gobierno de Mauricio Macri que derivan en más problemas judiciales para la administración de Juntos por el Cambio que finalizó su mandato en diciembre del año pasado: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal en la justicia federal para que se investigue la presunta contratación ilegal de cuatro empresas de publicidad por parte del ex jefe de Gabinete Marcos Peña, en una operatoria en sociedad con la Presidencia pero en ese momento a cargo de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

Según la PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, realizó hoy la presentación penal para solicitar que se indague acerca de las contrataciones que llevó adelante Peña en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a las firmas Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.

La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales. Las contrataciones cuestionadas habrían significado el gasto de, al menos, $291.000.000 que salieron del erario estatal.

Según trascendió en el portal Fiscales, el sorteo llevó el expediente al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza Jorge Felipe Di Lello.

La presentación encuentra sustento en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.

En ese sentido, la PIA consideró que las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015.

También recibieron fondos públicos de otros distritos gobernados por el macrismo para desarrollar la publicidad oficial, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.

Para lograr tal cometido, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros le sacaron la exclusividad a Télam SE para el desarrollo de la publicidad oficial a través de la modificación del decreto 984/2009. Ese hecho, aunque no figura en la presentación de la PIA, posibilitó al gobierno de Macri la chance de despedir trabajadores de la agencia pública.

Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.

Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. Habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.

También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.

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