El gobierno de Donald Trump activará desde el 2 de mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, anunció este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, dijo Pompeo a la prensa.

La Unión Europea (UE) y Canadá lamentaron en una declaración conjunta la decisión de Estados Unidos de permitir demandas ante sus tribunales contra empresas extranjeras operando en Cuba y advirtieron de la “espiral innecesaria de acciones legales” por esta medida.

“La decisión de Estados Unidos (…) es lamentable y tendrá un impacto importante en los operadores económicos legítimos de la UE y Canadá en Cuba”, señalan la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en la declaración.

La subsecretaria del Departamento de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, agregó que no habrá exenciones. Según aclaró, Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre esta sección de la ley que se mantenía inactiva desde hace dos décadas.

La sección de la norma que data de 1996 permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en Twitter que “Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los REGÍMENES que apoyan la fallida dictadura de Maduro”.

The Administration will continue to break the reprehensible links that have contributed to Venezuela's downfall. The United States will continue to take strong actions against regimes that prop up the failed Maduro dictatorship.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 17, 2019

“El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela”, advirtió Bolton.

Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar a Maduro, cuyo gobierno no ha sido reconocido por Estados Unidos, que apoya al líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino de Venezuela.

Estados Unidos encabeza la presión internacional para sacar a Maduro del poder y ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, ha penalizado también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.

El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes “acciones directas” contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El peruano Alan García, líder del Partido Aprista y presidente de Perú en dos períodos no consecutivos (1985-1990 y 2006-2011), en momentos duros marcados por la convulsión social, se suicidó hoy a los 69 años, de un tiro en la cabeza, cuando iba a ser detenido en Lima por una causa de corrupción.

García, nacido el 23 de mayo de 1949, se crió en el seno de una familia de clase media limeña estrechamente ligada a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fuerza de la izquierda peruana cuya peculiaridad es la de haber sido creada en México.

Su madre Nytha Pérez Rojas fue cofundadora del APRA, y su padre, Carlos García Ronceros, era secretario de esa agrupación durante la dictadura de Manuel Odría, que declaró ilegal al partidoy encarceló a sus dirigentes, por lo que el ex mandatario no conoció a padre hasta cumplir los cinco años.

En la etapa del colegio se destacó por su oratoria, un talento que le abrió camino como militante de la Federación Aprista Juvenil, que le concedió su cédula partidaria a los diecisiete años.

Alan García cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Católica del Perú y luego en la Universidad de San Marcos, donde se graduó en Derecho en 1971 y al año siguiente se mudó a Europa para cursar doctorados en Derecho en Madrid y en Sociología, en París.

En 1978, residía en Francia cuando fue convocado por el fundador y entonces líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, para regresar a la vida política peruana en medio de una transición democrática que un año después permitió la promulgación de una nueva Constitución nacional.

García fue elegido presidente en las elecciones generales de 1985 y su gestión se caracterizó por la peor crisis económica en la historia de Perú, con una hiperinflación -con picos de 1.722,3% en 1988 y 2.775% en 1989- y por un recrudecimiento del terrorismo del grupo Sendero Luminoso, de tendencia maoísta.

A causa de la devaluación, durante su gobierno hubo que cambiar dos veces la moneda oficial (sol e inti), lo que derivó en una gran especulación y en la escasez de productos de primera necesidad.

La popularidad de García se desplomó y apenas concluyó la ceremonia de entrega de mando a su sucesor, Alberto Fujimori, sin esperar el primer mensaje del flamante mandatario, abandonó el país n medio de acusaciones de corrupción.

A la caída del gobierno fujimorista, García retornó a Perú para postularse en las elecciones de 2001, pero fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno (2001-2006) fue el líder de la oposición.

García triunfó en las elecciones presidenciales de 2006 al derrotar a Ollanta Humala (UPP) en segunda vuelta.

Su segundo gobierno (2006-2011) se caracterizó por la continuación de proyectos económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas; sin embargo, también fue acusado de actos de corrupción.

En 2016 buscó un tercer mandato, esta vez con Alianza Popular, en la que se unieron el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano por primera vez, pero sólo obtuvo el 6 % de los votos.

En 2013 se formó una megacomisión para investigar las denuncias de irregularidades de su segundo gobierno, pero de los ocho casos que el grupo analizó en ninguno de ellos pudo continuar las investigaciones debido a que García presentó una acción de amparo judicial bajo el argumento de que se violaba su derecho al debido proceso.

A mediados de noviembre de 2018, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción dictó una orden para que se le impidiera a García salir de Perú por el plazo de 18 meses, como pidió del fiscal José Domingo Pérez.

García se refugió en la embajada de Uruguay en Lima, a la que pidió asilo diplomático por “persecución política”, pero el Gobierno uruguayo se lo negó por considerar que “en el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado”.

Hoy por la mañana, cuando una delegación policial se aprestaba a cumplir la orden judicial de detención preliminar de García por lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos en la causa de corrupción en contratos con la constructora brasileña Odebrecht, el ex presidente se disparó en la cabeza y murió pocas horas después en un hospital de Lima.

El presidente interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó, descartó taxativamente por primera vez la posibilidad de recurrir a una intervención militar extranjera para poner fin al régimen chavista del mandatario Nicolás Maduro.

“El único que puede autorizar una misión e intervención extranjera es el parlamento nacional” y “esto elimina cualquier posibilidad de intervención militar”, dijo Guaidó en una entrevista publicada este domingo.

“Nosotros nunca hemos puesto la opción militar sobre la mesa” sino que “hemos hablado de cooperación internacional”, sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y mandatario interino de la república.

“No puede haber una intervención militar pero sí cooperación internacional”, subrayó el líder antichavista. La posibilidad de una intervención militar extranjera para sacar del gobierno a Maduro se menciona desde que Guaidó juró como mandatario encargado, el 23 de enero pasado.

Desde entonces, Guaidó y varios líderes extranjeros -especialmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump- afirmaron, cada vez que fueron consultados al respecto, que “todas las opciones” estaban “sobre la mesa”, sin confirmar ni desmentir esa posibilidad.

En una reciente visita a Caracas, una amplia mayoría de dirigentes y analistas rechazaba la eventual invasión, mientras una mayoría equivalente de ciudadanos comunes la toleraba con tal de poner fin al gobierno de Maduro.

En aquella ocasión, al menos tres colaboradores directos de Guaidó dijeron a Télam que el presidente interino rechazaba íntimamente esa posibilidad pero prefería no hacerlo en público porque creía que de ese modo restaría un factor de presión sobre el chavismo.

Asimismo, una encuesta de la firma Meganálisis publicada a mediados de marzo indicó que 87,5% de los venezolanos creía que la AN debía “autorizar que misiones militares extranjeras se empleen en el país”.

La posibilidad de una supuesta invasión militar comenzó a desvanecerse el 25 de febrero, cuando fue firmemente rechazada por el Grupo de Lima, reunido en Bogotá dos días después de que fracasara el intento del antichavismo de ingresar ayuda humanitaria en Venezuela.

En aquella declaración, el Grupo de Lima ratificó “su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos, pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

Por otra parte, también pareció quedar de lado en sucesivas declaraciones del representante especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, aun cuando otros funcionarios estadounidenses siguieran sin descartar la eventual invasión.

En una entrevista publicada el 17 de marzo por el diario madrileño El País, Abrams reveló que hubo una “conversación preliminar” entre funcionarios de Estados Unidos y España con el objeto de que este país albergue a jerarcas del chavismo.

Y hace 10 días, opinó que “sería prematuro” pensar en una intervención militar extranjera para provocar la caída del régimen chavista.

“La situación está empeorando en Venezuela cada día pero no creo que en Europa, América latina, Canadá o Estados Unidos estemos pensando en este momento en una reacción militar”, dijo el 4 de este mes a la radio colombiana Caracol.