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Un mar de dudas

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Cuando están por cumplirse tres meses del hallazgo del ARA San Juan, ni la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ni los familiares de los 44 tripulantes del submarino han podido observar y analizar las 67 mil imágenes que la empresa Ocean Infinity dijo haber tomado de la nave hundida a 903 metros de profundidad. En diálogo con PáginaI12, Valeria Carreras, quien encabeza una de las tres querellas reconocidas en la causa penal, denunció que “hasta hoy no hemos podido ver las 67 mil imágenes porque los archivos enviados por la Armada al juzgado federal de Caleta Olivia o están dañados o no se ha aportado el software que se necesita” para lograr ese cometido esencial para la marcha de la investigación que permita establecer las causas de la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017.

Carreras le dijo a este diario que la imposibilidad de acceder a las fotos forma parte de “la oscuridad que rodea al ARA San Juan”. Ante la insólita dificultad, fuentes de la investigación señalaron a PáginaI12 que “la jueza le ha pedido al Servicio de Hidrografía Naval de la Armada el software con que cuenta el organismo y que lo utilizará muy pronto para acceder a la totalidad de los contenidos”. La abogada, que en esta causa cuenta con el acompañamiento del Estudio Burlando, sostuvo que por ahora “los familiares de los 44 tripulantes y todos los argentinos, hemos tenido que conformarnos con ver tres fotos oscuras, parciales y editadas por la Armada, en las que se ve muy poco” sobre el estado en que se encuentra la nave.

“Cuando observamos las fotos que fueron difundidas por la Armada, nos llamó la atención que en las zonas de fecha y datos se veía un sombreado de color azul y al respecto, se nos informó que fue la Armada la que ‘las editó (con los datos) en castellano’”. Carreras estimó que “otra vez los argentinos nos estamos comiendo un sapo, porque alegan que el problema es que el submarino estaba a 903 metros de profundidad, cuando en las fotos del avión en el que iba (el futbolista argentino) Emiliano Sala, se pueden ver con total claridad cada detalle y lo mismo ocurre con fotos de otros naufragios de barcos que han sido encontrados a tres mil metros de profundidad” (ver aparte).

Como querellante, Carreras hará una presentación ante la jueza Marta Yáñez “para que podamos acceder a las 67 mil imágenes que nos dijeron que se han tomado” en el lugar del hallazgo porque “lo que está pasando con las fotos hace que los familiares sigan teniendo dudas razonables sobre la información oficial”.

El 10 de diciembre pasado, la jueza de Caleta Olivia envió un oficio a la Armada, para pedir información sobre las razones de la imposibilidad de ver las imágenes tomadas desde el barco Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, en la búsqueda de una respuesta para solucionar el problema.

En el escrito se mencionan a varias autoridades de la Armada y del Ministerio de Defensa, que deben tomar cartas en el asunto, como el subsecretario Legal y de Articulación Institucional de la cartera, Juan Manuel Mocoroa; los integrantes de la Comisión Asesora del Ministerio; el director general del Material Naval de la fuerza, Hernán Gerino, y de manera puntual el director general del Material Naval de la Armada, contralmirante David Burden.

La jueza les comunicó que “al momento de certificar el contenido del disco rígido WXNIE877X986 identificado como 13 Target Linstin y 18 Catlix Camera Photomosaic se encontraban vacías (‘O’ Bytes)”. Al mismo tiempo “de la carpeta identificada como 8 Cailix Camera Photomosaic /site Image stitching not corrected no se pudo visualizar el contenido del archivo individualizado como LR30 LR37 Part-1 modificldtif”. La imposibilidad se dio “tanto en ordenadores como software de base Windows 10 como en Mac Osx 10,13 con características técnicas suficientes para su reproducción”. El problema de este archivo es que “aparece como ‘dañado’”.

La doctora Yáñez pidió también que “se haga saber” al titular de la Dirección General de Material Naval que “conforme acta de protocolo , rubricada con fecha 03/12/18 por el capitán de navío Héctor Alonso (ARA) y el señor Timothy Maise (Ocean Infinity) en Ciudad del Cabo, república de Sudáfrica”, el disco rígido “contendría 156.613 archivos, 1447 carpetas y el espacio de memoria ocupado alcanzaría los 704.126.376.713 Bytes”.

Yáñez apuntó al respecto que de la “certificación realizada por el actuario y personal del Area de Tecnología” de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia “se advirtió que el mencionado disco rígido (HDDI) contenía realmente 156.571 archivos, 1446 carpetas y el espacio de memoria ocupado en el disco alcanzaba los 740.090.007.481 Bytes”.

Por lo expuesto, la jueza le solicitó al contralmirante David Burden que “ponga en conocimiento de las autoridades de la empresa Ocean Infinity la totalidad de las novedades advertidas en el disco HDD1 a los fines de que los mismo ratifiquen o rectifiquen el contenido de los datos enviados”. También le pidió que se contacte con “personal del Servicio de Hidrografía Naval a los fines de posibilitar la lectura de los archivos contenidos en los discos HDD2 y HDD3”.

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Duro comunicado de la Asociación de Magistrados contra las amenazas de Alberto Fernández

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A través de un duro comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó las declaraciones del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien aseguró que en el futuro, jueces y camaristas iban a tener que explicar sus resoluciones.

“En tono descalificante y en forma amenazante aseguró que próximamente varios magistrados federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales”, señala el comunicado de la asociación que preside el juez Marcelo Gallo Tagle.

Al respecto, la entidad, que reúne a unos 3 mil jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios de juzgado, sostiene que “ese tipo de expresiones, a más resultar impropias dentro de un Estado de Derecho y de pretender permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria -en evidentes instancias pre electorales-, cuentan con al agravante de haber sido proferidas por un abogado ex funcionario de altísimo rango que se ha desempeñado como titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Durante una entrevista con el canal NET, Fernández había asegurado que “algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno“.

Además, había revelado que está escribiendo un libro “para exponer a los magistrados”.

Por otro lado, y en el mismo texto, los magistrados también apuntaron contra el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había cuestionado a los jueces de la Corte Suprema por su actuación en relación con el juicio contra Cristina Kirchner.

“Consideraciones de similar factura le caben a las declaraciones del actual Jefe de Gabinete de Ministros. Así, mas allá de que su forma resultó más cuidada, sus apreciaciones publicas se proyectan sobre funciones propias de un Poder del Estado, cuya independencia es de la esencia constitucional de la República”, señala el texto.

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Intriga, sorpresas y traiciones, tras una jugada audaz que salió mal

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La historia lo demuestra: “los amigos del campeón” se multiplican de inmediato y con la misma proporción que el tamaño del triunfo. Del otro lado de la moneda, se sabe que “la derrota es huérfana”. Difícilmente los ahora desorientados jueces de la Corte Suprema de Justicia puedan escapar de esa inapelable jurisprudencia. Más bien todo lo contrario: en las próximas horas, algunos de sus colegas de Comodoro Py harán conocer la primera factura tras el fallido intento por aliviar el frente judicial de Cristina Kirchner.

La primicia de Clarín respecto a la audaz jugada de la Corte para fulminar el primer juicio oral a la ex presidenta -difundida en la tarde del martes- complica los desprolijos intentos del jueves para tratar de reescribir la historia con el resultado puesto.

Al grano: encabezados por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -los dos líderes políticos del máximo tribunal-, cuatro de los cinco jueces enviaron ese día una breve nota al Tribunal Oral Federal 2, que ya estaba ultimando detalles para la primera audiencia del juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del contratista K Lázaro Báez, ganador a través de su abanico de firmas de 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

Con la abstención del presidente formal del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aquella notita pedía el original del expediente, que supera los 70 cuerpos. Nada más. Ni menos: a una semana del juicio, esa intervención procesal “ralentizaría” el proceso, en palabras textuales de una fuente de máxima confianza de uno de aquellos dos cortesanos. El 21 de mayo no habría audiencia.

Unas horas antes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -el tribunal de apelaciones inmediatamente inferior a la Corte- había rechazado los tres últimos recursos de Cristina y de Carlos Kirchner, el detenido primo del ex presidente también acusado en este caso. Esa decisión despejaba el último escollo para iniciar las audiencias.

Entonces aparecieron Lorenzetti y Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Y la confesión de que el pedido del expediente para analizar nueve quejas procesales sin respuesta cuanto menos demoraría el juicio, sin plazos por supuesto. Una señal política de altísimo voltaje, que también buscaba destinatarios entre los jueces federales que tienen las demás causas contra Cristina.

Ese mismo martes, casi en simultáneo, durante una entrevista televisiva Alberto Fernández -un diurno doctor Jeckyll que promete mesura e institucionalidad, pero que luego se torna míster Hyde con bravatas que barren aquel olivo- dio la lista de jueces que “van a tener que explicar” sus investigaciones sobre la viuda de Kirchner: Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Una enumeración quirúrgica que el jueves también tuvo su respuesta desde la Asociación de Magistrados.

Pero entonces, lo inesperado: una copiosa lluvia de críticas por parte de magistrados, constitucionalistas, asociaciones profesionales, funcionarios públicos y sobre todo en las calles y redes sociales, que olían el inconfundible perfume de la impunidad.

Los jueces del TOF 2, que en principio se habían resignado a la suspensión del juicio, de pronto se animaron a borrar esa frase del escrito que enviaba la causa a la Corte. “Que paguen el costo ellos”, dijeron a este diario cerca del tribunal. Bajo fuego, los cortesanos intentaron desmentir su intención de beneficiar a Cristina. Falso: preparando la sigilosa movida, el portal de noticias de la Corte había omitido publicar el llamado a acreditaciones para la audiencia del 21, que el TOF2 le había enviado la semana pasada. Lo hizo el jueves.

 

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El peronismo de La Pampa va por la reelección y elogia a Cristina Kirchner

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Sergio Ziliotto competirá el domingo contra el radical Daniel Kroneberger por la gobernación de La Pampa y todo indica que retendrá el poder para el peronismo. Elogió a Cristina Fernández de Kirchner.

“El domingo se juegan dos modelos; es el proyecto de (Carlos) Verna o el modelo de (Mauricio) Macri”, resumió el diputado nacional.

“Es momento de defender este modelo de provincia que hemos llevado adelante entre todos, y que tiene como eje de las políticas públicas el bienestar y la calidad de vida de todos los pampeanos”, insistió en declaraciones radiales.

“El gobernador ha tenido la sabiduría de hacer una unidad que convocara a todos los sectores”, destacó respecto de Carlos Verna, quien debió dar un paso al costado en una eventual carrera reeleccionista debido a una enfermedad.

Además, en diálogo con el porta Letra P fue contundente con respesto a CFK: “Macri lo hizo; Cristina en la provincia mide un 50%”.

“En La Pampa, Verna tiene una imagen positiva del 80% mientras que Macri llega al mismo escalón pero de negativa”, sentenció.

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