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Uno de los jueces que ordenó que Boudou vuelva a la cárcel: “Se tuvo en cuenta la gravedad del delito”

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El juez de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, quien votó a favor de que Amado Boudou volviera a la cárcel por el caso Ciccone, explicó la decisión del tribunal consideró que “la persona estaba condenada y que tiene un gran manejo del poder y de la administración pública”.

“Lo que hay que hacer cuanto antes es dictar la sentencia definitiva”, aseguró a la salida de Comodoro Py, y agregó que el fallo de la Sala IV se hizo independientemente de que la condena está siendo revisada y que “se conocerá la definición en estos días”.

El tribunal revocó el fallo que había dispuesto la excarcelación del exfuncionario K, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por la venta irregular de la entonces única firma privada con capacidad para imprimir billetes.

Consultado por los riesgos procesales de los que hablan en el fallo -que llevó la firma de Hornos y de sus pares Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani- sostuvo que “lo que se tiene en cuenta es la gravedad del hecho y cómo fue cometido”. Además, dijo que si bien “Boudou enfrenta una condena no firme hay que garantizar su ejecución”.

El magistrado confirmó que el ex vicepresidente será hospedado en Ezeiza. Mientras tanto, consultado sobre la estrategia de la defensa, de apelar ante la Corte Suprema, aseguró que está en su derecho y que esa decisión trasciende su tribunal.

Finalmente, se refirió a los tiempos de la Justicia y destacó que “no hay factores para que una causa dure 20 años, hay que impulsarlas y terminarlas”.

El ex vicepresidente fue condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa y no estaba firme. La sentencia condenatoria contra Boudou se emitió el 7 de agosto pasado y ese día quedó detenido porque el Tribunal consideró que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como “Ciccone II”.

En diciembre último, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados en la segunda causa vinculada con Ciccone, los abogados de Boudou volvieron a reclamar su libertad por considerar que los supuestos riesgos se habían extinguido y el TOF 4 -que había modificado su integración por el reemplazo de uno de sus miembros- se la concedió.

Luego de su condena Boudou accedió a la excarcelación bajo una fianza de un millón de pesos, la condición de llevar un dispositivo de control electrónico y no poder alejarse a más de 100 kilómetros de su domicilio. Pero el Gobierno, a través de la UIF y de la OA, apeló la decisión y ahora la Cámara de Casación, con los votos de Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos Boudou, determinó que vuelva a la cárcel.

Boudou ya había estado detenido en 2017 en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, pero al poco tiempo la Cámara Federal le otorgó la excarcelación. Al ser condenado por el caso Ciccone fue arrestado nuevamente detenido, y tras recuperar su libertad, ahora deberá volver a prisión.

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Duro comunicado de la Asociación de Magistrados contra las amenazas de Alberto Fernández

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A través de un duro comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó las declaraciones del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien aseguró que en el futuro, jueces y camaristas iban a tener que explicar sus resoluciones.

“En tono descalificante y en forma amenazante aseguró que próximamente varios magistrados federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales”, señala el comunicado de la asociación que preside el juez Marcelo Gallo Tagle.

Al respecto, la entidad, que reúne a unos 3 mil jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios de juzgado, sostiene que “ese tipo de expresiones, a más resultar impropias dentro de un Estado de Derecho y de pretender permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria -en evidentes instancias pre electorales-, cuentan con al agravante de haber sido proferidas por un abogado ex funcionario de altísimo rango que se ha desempeñado como titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Durante una entrevista con el canal NET, Fernández había asegurado que “algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno“.

Además, había revelado que está escribiendo un libro “para exponer a los magistrados”.

Por otro lado, y en el mismo texto, los magistrados también apuntaron contra el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había cuestionado a los jueces de la Corte Suprema por su actuación en relación con el juicio contra Cristina Kirchner.

“Consideraciones de similar factura le caben a las declaraciones del actual Jefe de Gabinete de Ministros. Así, mas allá de que su forma resultó más cuidada, sus apreciaciones publicas se proyectan sobre funciones propias de un Poder del Estado, cuya independencia es de la esencia constitucional de la República”, señala el texto.

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Intriga, sorpresas y traiciones, tras una jugada audaz que salió mal

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La historia lo demuestra: “los amigos del campeón” se multiplican de inmediato y con la misma proporción que el tamaño del triunfo. Del otro lado de la moneda, se sabe que “la derrota es huérfana”. Difícilmente los ahora desorientados jueces de la Corte Suprema de Justicia puedan escapar de esa inapelable jurisprudencia. Más bien todo lo contrario: en las próximas horas, algunos de sus colegas de Comodoro Py harán conocer la primera factura tras el fallido intento por aliviar el frente judicial de Cristina Kirchner.

La primicia de Clarín respecto a la audaz jugada de la Corte para fulminar el primer juicio oral a la ex presidenta -difundida en la tarde del martes- complica los desprolijos intentos del jueves para tratar de reescribir la historia con el resultado puesto.

Al grano: encabezados por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -los dos líderes políticos del máximo tribunal-, cuatro de los cinco jueces enviaron ese día una breve nota al Tribunal Oral Federal 2, que ya estaba ultimando detalles para la primera audiencia del juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del contratista K Lázaro Báez, ganador a través de su abanico de firmas de 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

Con la abstención del presidente formal del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aquella notita pedía el original del expediente, que supera los 70 cuerpos. Nada más. Ni menos: a una semana del juicio, esa intervención procesal “ralentizaría” el proceso, en palabras textuales de una fuente de máxima confianza de uno de aquellos dos cortesanos. El 21 de mayo no habría audiencia.

Unas horas antes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -el tribunal de apelaciones inmediatamente inferior a la Corte- había rechazado los tres últimos recursos de Cristina y de Carlos Kirchner, el detenido primo del ex presidente también acusado en este caso. Esa decisión despejaba el último escollo para iniciar las audiencias.

Entonces aparecieron Lorenzetti y Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Y la confesión de que el pedido del expediente para analizar nueve quejas procesales sin respuesta cuanto menos demoraría el juicio, sin plazos por supuesto. Una señal política de altísimo voltaje, que también buscaba destinatarios entre los jueces federales que tienen las demás causas contra Cristina.

Ese mismo martes, casi en simultáneo, durante una entrevista televisiva Alberto Fernández -un diurno doctor Jeckyll que promete mesura e institucionalidad, pero que luego se torna míster Hyde con bravatas que barren aquel olivo- dio la lista de jueces que “van a tener que explicar” sus investigaciones sobre la viuda de Kirchner: Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Una enumeración quirúrgica que el jueves también tuvo su respuesta desde la Asociación de Magistrados.

Pero entonces, lo inesperado: una copiosa lluvia de críticas por parte de magistrados, constitucionalistas, asociaciones profesionales, funcionarios públicos y sobre todo en las calles y redes sociales, que olían el inconfundible perfume de la impunidad.

Los jueces del TOF 2, que en principio se habían resignado a la suspensión del juicio, de pronto se animaron a borrar esa frase del escrito que enviaba la causa a la Corte. “Que paguen el costo ellos”, dijeron a este diario cerca del tribunal. Bajo fuego, los cortesanos intentaron desmentir su intención de beneficiar a Cristina. Falso: preparando la sigilosa movida, el portal de noticias de la Corte había omitido publicar el llamado a acreditaciones para la audiencia del 21, que el TOF2 le había enviado la semana pasada. Lo hizo el jueves.

 

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El peronismo de La Pampa va por la reelección y elogia a Cristina Kirchner

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Sergio Ziliotto competirá el domingo contra el radical Daniel Kroneberger por la gobernación de La Pampa y todo indica que retendrá el poder para el peronismo. Elogió a Cristina Fernández de Kirchner.

“El domingo se juegan dos modelos; es el proyecto de (Carlos) Verna o el modelo de (Mauricio) Macri”, resumió el diputado nacional.

“Es momento de defender este modelo de provincia que hemos llevado adelante entre todos, y que tiene como eje de las políticas públicas el bienestar y la calidad de vida de todos los pampeanos”, insistió en declaraciones radiales.

“El gobernador ha tenido la sabiduría de hacer una unidad que convocara a todos los sectores”, destacó respecto de Carlos Verna, quien debió dar un paso al costado en una eventual carrera reeleccionista debido a una enfermedad.

Además, en diálogo con el porta Letra P fue contundente con respesto a CFK: “Macri lo hizo; Cristina en la provincia mide un 50%”.

“En La Pampa, Verna tiene una imagen positiva del 80% mientras que Macri llega al mismo escalón pero de negativa”, sentenció.

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