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jueves, marzo 4, 2021
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Vicentin: inhibieron a una firma del grupo, ya no hay secreto bancario y se complica la situación del secretario de Macri

Avanza la justicia federal en el caso Vicentin: por un lado, el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Algodonera Avellaneda S.A., del grupo de la firma agroexportadora, y, por otro, impulsó levantar el secreto fiscal y bancario de los directivos de la empresa y ex funcionarios del Banco Nación del gobierno de Mauricio Macri, todo en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos entregados durante los últimos cuatro años a la cerealera.

Como supo Política Argentina, la solicitud de inhibición había sido presentada por el fiscal del expediente, Gerardo Pollicita, que también buscaba que la misma medida alcanzara a la firma Vicentin SAIC y 26 personas (un conjunto de directivos y ex funcionarios que, según su investigación, intervinieron en las operaciones objeto de la causa).

No obstante, Ercolini no inmovilizó los bienes de Vicentin porque esa sociedad ya estaba inhibida por el juez del concurso y que, por ahora, no avanzó sobre ninguna de las personas físicas acusadas. Además de la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda, el magistrado federal dispuso la “prohibición de innovar la composición accionaria” de esa misma firma.

Diferente al caso de Vicentin SAIC es el de Algodonera Avellaneda SA, por el hecho de que no está atravesando un proceso concursal. “Por ello, la propia complejidad del supuesto entramado denunciado y la primigenia acreditación de la intervención de la empresa en una maniobra de contenido patrimonial supone la necesidad de adoptar de manera urgente medidas para resguardar sus bienes”, argumentó Ercolini, según Ámbito Financiero.

Por otra parte, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario desde enero de 2018 hasta ahora a ex funcionarios del Nación que ejercieron funciones bajo la administración Juntos por el Cambio. Es el caso del siempre polémico Javier Gonzalez Fraga y del tuitero Lucas Llach, pero también de los responsables de Vicentin: Roberto Vicentín, Máximo Padoan, Alberto Macua,Hernán Vicentín, entre otros.

Según el juez, en la causa hay pruebas como para sostener una “mecánica” para perjudicar al Estado a través de los créditos otorgados a Vicentín y Algodonera Avellaneda. “Las constancias reunidas permiten sostener la existencia de una mecánica a través de la cual se habría perjudicado al Estado nacional a través del otorgamiento presuntamente irregular de financiaciones por parte del BNA a las compañías antes mencionadas y la falta de ejecución de las garantías previstas para ese endeudamiento, por el monto aproximado de $ 18.500.000.000. En esa línea, la relación que aparentemente existiría entre el patrimonio de las firmas y el beneficio presumiblemente ilícito del mecanismo denunciado exhibe fuertes lazos, en tanto fueron beneficiarias de la asistencia crediticia que generó la deuda impaga con el BNA”, explicó.

Finalmente, Ercolini solicitó al juzgado de Lomas de Zamora que lleva adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri que le envíe la copia forense de la información encontrada en el celular del secretario privado del ex presidente, vinculado a la gestión de préstamos irregulares para Vicentin.
Se trata de una medida también requerida por el fiscal Pollicita, luego de que trascendiera a través de medios periodísticos que en el celular de Darío Nieto se habían encontrado anotaciones que daban cuenta del supuesto intento de conseguir financiamiento en noviembre de 2019 para la empresa que ahora es investigada en una causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

“Podría existir información relevante para las actuaciones conforme las anotaciones que habrían sido halladas en el contenido del dispositivo secuestrado”, sostuvo el juez en la resolución en la que solicitó al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge, una copia de la información hallada en el celular de Nieto, en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal.

Según se informó semanas atrás en la señal de noticias C5N, en el celular de Nieto fue encontrada una anotación en el block digital del 22 de noviembre de 2019, en la que alguien indicaba: “Hablá con Martín Mura -ministro de Economía de la Ciudad- por préstamo a Sergio Nardelli (de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”.

Fuentes del Gobierno la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Télam que, efectivamente, a fines del año pasado Mura recibió un pedido de parte de la Presidencia de la Nación, vinculado a la posibilidad de que el Banco Ciudad otorgara un préstamo a Vicentin, pero que finalmente la propia entidad bancaria rechazó esa solicitud tras evaluar la documentación presentada por la empresa.

Al ordenar la medida, el juez Ercolini sostuvo: “Atento a los recaudos que demanda la producción de una diligencia de esta índole, solicítese al titular del juzgado mencionado que, por medio de la misma división que se encuentre efectuando el estudio pericial del teléfono celular secuestrado a Darío Nieto, encomiende la obtención de una copia forense de su contenido para ser elevada a este tribunal, de la que se indique indefectiblemente el correspondiente valor hash”.

A su vez, señaló, que “deberá detallarse cada paso llevado a cabo para realizar dicha copia forense y asegurarse en todo momento la adecuada preservación de la cadena de custodia del elemento secuestrado y de los datos informáticos del celular, como así también de la copia forense, con la indicación de los funcionarios intervinientes, los lugares de traslado y la fecha y hora en la que se produzca cada acto”.

El celular de Nieto fue secuestrado en el expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal luego de que el nombre del secretario privado de Macri –en la actualidad y durante su gobierno- apareciera mencionado en mensajes de Whatsapp intercambiados entre algunos de los espías imputados y la exempleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo.

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